Las votaciones en el Congreso no son una cuestión meramente matemática. Involucran la ideología, las presiones políticas, sociales y, por nombrar otra opción, las posibles estrategias para lograr inclinar un resultado hacia al lado afirmativo o negativo. Por eso es tan difícil poder predecir a ciencia cierta qué es lo ocurrirá con el debate por el aborto legal, seguro y gratuito en este 2020. A diferencia de otros proyectos, acá no hay posturas unificadas dentro de cada uno de los bloques o interbloques, cada diputado, diputada, senador y senadora tendrá libertad para optar a la hora de apretar uno de tres botones: afirmativo, negativo o abstención. Esto muestra dos desafíos importantes que los pañuelos verdes deberán saltar para lograr que sea ley: conseguir quórum en ambas Cámaras para iniciar el tratamiento y, por otro lado, obtener la mayoría de las voluntades. El tiempo para dictaminar en sesiones ordinarias ya pasó. Sólo queda la opción, como lo adelantó el Gobierno, de avanzar en extraordinarias y la discusión podría extenderse hasta el 2021, sin un final certero este año y con el Senado, otra vez, como el principal obstáculo.
La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, le explicó a El Destape que “hay dos grandes diferencias” con el debate dado en 2018: “La primera es que ya transitamos ese debate tanto en el ámbito parlamentario así como también en términos sociales. El debate sobre la clandestinidad de algún modo hizo público un tema que había sido durante muchísimo tiempo incluso tabú en algunos lugares y se empezó a hablar en las escuelas, en las casas, en los ámbitos laborales”.
Por otro lado, remarcó “que esta es la primera vez en la historia de nuestro país en donde un Poder Ejecutivo envía un proyecto tomando una decisión que fue una promesa de campaña y eso también es algo nuevo o diferente a otros años. Esperamos y trabajamos para que esta vez se apruebe y que sea ley, nosotros hemos hecho mención a lo largo de todos estos meses que el Poder Ejecutivo no quería cumplir con el envió o que no se quedaba satisfecho exclusivamente con el envió al proyecto de ley, sino que trabajamos para que este proyecto se convierta en ley”.
Recordemos que el proyecto enviado por el Ejecutivo el martes propone la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, la inclusión en el programa médico obligatorio, la objeción de conciencia para los profesionales y la necesidad de garantizar la práctica 10 días después del consentimiento informado, entre otros puntos cuyos detalles se pueden leer en esta nota de El Destape. Una iniciativa que tiene que leerse en conjunto con el Plan de los Mil Días que contempla el acompañamiento económico, sanitario, alimenticio y psicológico de las mujeres durante su embarazo y de los niños y niñas hasta los tres años de edad para garantizar un piso de partida igualitario en materia de derechos. Ésto, además del énfasis puesto en la educación sexual integral y entrega de anticonceptivos de forma gratuita forman parte de un programa amplio que apunta a no llegar a la instancia última de un aborto pero a garantizar la prsencia del Estado en caso de que esa sea la decisión de la persona gestante.
Las claves del poroteo
Hasta el momento, en Diputados el poroteo arroja 123 votos a favor, 109 en contra y 23 que aún no definieron o hicieron pública su postura, porque tal vez la tienen pero guardan en secreto. La cuestión no es tan sencilla. No sólo porque no se sabe hacia dónde podrían ir las dos decenas de voluntades indecisas sino porque aparece el factor quórum. Al no haber posturas unificadas en los bloques, no hay tantas certezas.
Como siempre, para asegurarse la media sanción – ya que los votos darían en la Cámara Baja – el sector verde deberá conseguir que 129 legisladores se sienten en sus bancas para habilitar el debate. El primer obstáculo a sortear. Algunos y algunas podrían elegir no bajar para que el proyecto no se trate y bloquear su avance. Si ésto no ocurre y están los números para comenzar, el desafío girará en torno a las voluntades. El que tiene más, gana. Si bien el poroteo da una diferencia - hasta ahora - confirmada de 14 a favor del aborto legal, el número mágico de 23 sin posición clara o pública podría dar vuelta el resultado o ampliar la distancia. En 2018 los “sí” clave, de los pampeanos, llegaron durante la madrugada cuando casi todo parecía perdido. Esto quiere decir que la definición puede llegar en el momento menos pensado.
Hasta el momento, los 23 indefinidos e indefinidas son Alejandro Bermejo, Esteban Bogdanich, Lucía Corpacci, Ricardo Daives, Nelly Daldovo, Héctor Fernández, Ramiro Gutiérrez, Dante López Rodríguez, María Luisa Montoto, Graciela Parola, Carlos Ponce (hasta acá todos del Frente de Todos), Martín Berhongaray, Alfredo Cornejo, Ximena García, Francisco Guevara, Jimena Latorre, Jorge Rizzotti, Víctor Hugo Romero, Liliana Yambrun, Mariana Zuvic (todos de Juntos por el Cambio), Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo ( ambos de Córdoba Federal) y Jorge Sarghini (por Consenso Federal). Son once del Frente de Todos, nueve de Juntos por el Cambio, dos de Córdoba Federal y uno de Consenso Federal.
En el Senado la situación es más complicada y la aprobación parece difícil. Esta semana se definió uno de los dos senadores del Frente de Todos que permanecían indecisos: el santafesino Roberto Mirabella se expresó a favor porque “es una cuestión de salud pública”, con lo cual el conteo quedó 33 senadores a favor y 35 en contra. El otro senador oficialista con voto indefinido es el entrerriano Edgardo Kueider. El jueves varias publicaciones aseguraron que votaría en ocntra, pero el viernes salió a desmentirlo: “Recién ayer recibí el proyecto, tengo que estudiarlo”.
Además, no se sabe cómo votarán otras dos senadoras , ambas de Juntos por el Cambio: la también entrerriana Stella Olalla y la neuquina Lucila Crexell. El senador 72 es José Alperovich, suspendido por una denuncia de abuso sexual que tramita en la justicia tucumana.
Nuevamente, el primer obstáculo estará en el quórum. En este caso son necesarios 37 senadores y senadoras presentes para habilitar el debate por lo que a los pañuelos verdes no les alcanzaría con contar con la “sentada” de los tres indecisos para iniciar el tratamiento. Necesitan que algún celeste lo haga. De no ocurrir, se bloquearía el tema.
El panorama es complejo pero cuenta con algunas ventajas. Una diferencia fundamental con el debate de 2018 es que esta vez el Gobierno se puso el proyecto al hombro. A diferencia de Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández se pronunció en favor del aborto legal, seguro y gratuito en un mensaje difundido en redes sociales el día del envío de la iniciativa y marcó diferencias con su antecesor: “Esta vez no habrá un presidente llamando a un gobernador para que sus senadores voten en contra”, dijo el jueves Alberto en declaraciones a FutuRock. Resta saber si habrá un Presidente que llame a un gobernador para que sus senadores voten a favor.
Si la militancia Ejecutiva existiera, así como una bajada de línea clara para torcer las voluntades de los indecisos, en Diputados la votación sería favorable una vez más pero no alcanzaría en el Senado. Siempre existen trucos, claro. Algunos recuerdan la definición del matrimonio igualitario en 2010, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner subió a un viaje oficial a China a dos senadoras que iban a votar en contra. Ahora, con la pandemia más calma, los vuelos volvieron a funcionar.
Pero el involucramiento del Gobierno en el proyecto también puede jugar en contra. El sector celeste de Juntos por el Cambio podría tener un argumento para convencer a los indecisos del interbloque: “¿Le vas a votar el proyecto a Alberto?”. Esto, sumado a cuestiones territoriales, puede complicar las chances de los y las verdes.
Ya hay dos diputadas que en 2018 votaron a favor y ahora lo harán en contra. La macrista correntina Sofía Brambilla dijo que el envío del proyecto era “una bola de humo” del gobierno y que “quedó claro que los correntinos y correntinas no aprueban ningún proyecto respecto al aborto”. Oposición y territorio.
Algo similar ocurrió con la chaqueña Aída Ayala. Acorralada por una causa por corrupción de cuando fue intendenta de Quitipili –está procesada por "fraude en perjuicio de la administración pública"-, la diputada radical aseguró que cambió su voto porque “el pueblo del Chaco se levantó en contra. Las instituciones me hicieron llegar el mensaje: me lo hizo llegar la Iglesia, la comunidad evangelista, los jóvenes, Franja Morada”. Con una radio local fue más explícita: “He recibido maldiciones de parte de la Iglesia. El cura me excomulgó”.
Con este panorama, se puede prever que la definición se estirará hasta 2021. El viernes fue el último día para dictaminar en ordinarias, con lo que el Ejecutivo deberá convocar a extraordinarias para debatir el proyecto. Además, Sergio Massa –que nunca se pronunció a favor o en contra- ya mostró que no tiene apuro en que se trate, al demorar el giro del proyecto a las comisiones correspondientes en Diputados.
De aprobarse en la Cámara Baja, en el Senado tampoco tendrá un trámite exprés: es muy poco probable que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convoque a sesión sin que esté asegurada la victoria. No está en su ADN político. Y conseguir los votos faltantes requerirá tiempo y una creativa ingeniería.
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