Jubilación y meritocracia

Luego de los intentos fallidos del oficialismo en el Poder Legislativo por impulsar proyectos clave en materia  económica y social, finalmente esta semana la Cámara de Diputados de la Nación logró convertir en ley la Moratoria Previsional. La norma beneficiará a más de 800 mil personas, el 60 por ciento mujeres, que podrán acceder al cobro de una jubilación a pesar de no contar con los 30 años de aportes necesarios.

Contra todo pronóstico, porque “quién podría estar en contra de que una persona cobre una jubilación y pueda vivir dignamente a partir de los 60 o 65 años”, fue una de las leyes con más dificultades para lograr un consenso mínimo y su aprobación en la Cámara baja luego de la media sanción que ya tenía en el Senado. El Frente de Todos consiguió ajustadamente el quorum necesario para sesionar, y después de un debate intenso, la votación cerró con 134 votos a favor y 107 en contra. La aprobación fue posible gracias al apoyo del Interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas. Del lado de la oposición, Juntos por el Cambio se abroqueló, incluso con el radicalismo dentro, para expresar su desacuerdo con la política. 

En un comunicado publicado desde JxC justificaron la decisión del rechazo con dos grandes argumentos: que esta Ley se trataba de un parche al sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados; y que “el sistema contributivo debe guardar un sentido de equidad, debe haber una correlación entre los beneficios otorgados en la práctica y el esfuerzo contributivo que cada ciudadano ha realizado”. Los mismos discursos se escucharon en cada una de las intervenciones de los y las legisladoras con eje denominador común en el mayor déficit fiscal que esta medida traería.

Como ha pasado con otras conquistas históricas y consensos sociales establecidos durante los gobiernos populares, desde hace años que JxC pretende avanzar sobre el derecho a la jubilación y las leyes previsionales vigentes. Cabe recordar que gracias a las diferentes moratorias impulsadas por el kirchnerismo la cobertura previsional pasó del 50% al  90% de la población en 2010, y posteriormente al 97% de los adultos mayores del país para 2014. Con la llegada del macrismo se intentó desarticular el sistema de seguridad social (Asignaciones, Pensiones, jubilaciones, planes sociales, etc) e instalar en el sentido común que en vez de mejorarle la vida a lxs argentinxs y generar soluciones a la economía doméstica, este tipo de esquemas causaban problemas y desalentaban la “cultura del trabajo”. 

Nicolás Dvoskin es Licenciado en Economía y en Ciencia Política, Mg. en Historia Económica y Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. En un artículo que analiza la reforma previsional implementada durante la presidencia de Mauricio Macri explica que a diferencia del esquema solidario lo que planteaba era la “estigmatización”, la diferenciación entre quienes “trabajaron” e hicieron aportes y quienes no se esforzaron lo suficiente. El macrismo intentó cambiar el concepto de jubilados por el de pensionados pobres: “En pocas palabras, sugiere volver al esquema segmentado. Para trabajadores formales con treinta años de aportes corresponde jubilación ordinaria. Si faltan aportes, no hay más lugar en el mundo de las jubilaciones ordinarias, sino que el destino es el plan social, o la jubilación para pobres”.

La Ley de Reparación Histórica promovida por el macrismo en 2016 inició el camino hacia la sustitución o eliminación total de las moratorias en un proceso más amplio de ajuste fiscal y monetario. La creación de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) significaba que una persona mayor tenía derecho a una pensión no contributiva equivalente al 80% de la jubilación mínima, monto que hasta 2019 estuvo muy por debajo de la línea de la pobreza. Este método funcionó como excepcionalidad, individualización, una suerte de subsidio a la vejez que no garantizaba la continuidad ni el acceso al derecho a jubilarse.

Lo que plantea el macrismo y los sectores de derecha liberal es que la Ley de Moratoria resulta “injusta” para quienes sí aportaron a lo largo de su vida. Una vez más nos encontramos con el concepto de la meritocracia aplicado a una realidad socio política y económica extremadamente desigual y compleja. La idea central por detrás de este concepto tan usado es que cualquier persona puede lograr los objetivos que se propone, conseguir trabajo, estudiar, incrementar sus ingresos y ascender socialmente, por su talento y esfuerzo individual. Es tan irreal la puesta en escena que desconoce las condiciones sociales, políticas, territoriales, de género, medio ambientales y culturales, con las que nace, crece y se desarrolla una persona en un país donde abundan las desigualdades e injusticias, y la mitad de la población trabaja en la informalidad.

Lo más alarmante es que el discurso de la meritocracia conserva cierta legitimidad y ha sido adoptado como propio, incluso entre los sectores postergados de la pirámide social, entre ellos muchxs jubilados y jubiladas que han podido acceder al derecho a partir de las moratorias. No se trata de un acto de irracionalidad o ignorancia, como a veces se lo piensa desde el progresismo, sino el resultado de un trabajo estratégico e ininterrumpido, tan canalla como hábil, de construcción de sentido común sobre una base real de enojos, frustraciones y aspiraciones sociales. No hay peor error que creer que las personas votan por sus intereses o conciencia de clase. Se trata en realidad de un efecto multicausal en el que intervienen emociones (pre fabricadas por los think tanks), identidades, valores, miedos, admiraciones y pretensiones.

Los conceptos ligados al trabajo, el esfuerzo y la idea de justicia, históricamente asociados al peronismo y su potente estética obreril, han sido apropiados por la simbología de la derecha. Con el cinismo que lo caracteriza Mauricio Macri, quien nació millonario y vive permanentemente de vacaciones, habla de la meritocracia y de “rescatar la cultura del trabajo que arruinó el peronismo”. La imagen del buen ciudadano, el disciplinado y exitoso, es el que “progresa” porque genera altos ingresos, el que hace negocios o es autosuficiente. Es que cuando se trata de discurso público, los valores prevalecen sobre la política concreta y los programas.

De esta manera se piensa en el trabajo disciplinado como único valor ordenador de la vida una persona, pero un trabajo alienado, alejado de los sindicatos, los derechos laborales y la organización política “sucia y corrupta”, alejado del Estado que viene a interrumpir el buen funcionamiento del mercado. La imagen contrapuesta son los programas sociales, “los planeros”, las jubilaciones, las calles cortadas, las mujeres que se embarazan para cobrar la AUH, bajo la premisa de que es deshonesto que el Estado le brinde a la gente cosas que no se han ganado, porque se convertirán en “dependientes e inmorales”. Lentamente se va desgastando el imaginario social solidario y equitativo, reemplazado por un estado de competencia permanente entre los sujetos y una organización del poder que termina siendo reproductora del status quo.

Bajo este paradigma los impuestos son una carga y los programas sociales generan dependencia. Se repiten con soltura en televisión conceptos como alivio fiscal vs. gasto social y se van instalando a modo de verdades irrebatibles en la conversación social. El ejercicio de la repetición los vuelve familiares, los incorpora a la dinámica cotidiana y los disfraza de sentido común. Mientras desde el Frente de Todos y las organizaciones sociales se intenta rebatir esas ideas con debates, reflexiones y argumentación densa, la derecha ya apuntó y disparó contra una nueva decena de blancos, obligando a una constante posición defensiva.