La agroecología y el reino del libre mercado

Uno de los argumentos favoritos del ambientalismo sensacionalista de la Argentina es que el Estado no tendría las capacidades imprescindibles para controlar actividades productivas con riesgos ambientales. Al no existir condiciones burocráticas para prevenir, no aplicaría el viejo dicho “mejor prevenir que curar”. Quienes postulan esta falla del Estado, invariablemente promueven la prohibición preventiva como solución general. “Mejor prohibir que curar” sería el lema del momento.

Mejor prohibir la minería, los agroquímicos, la producción local de salmones, las granjas porcinas, la exploración de petróleo en Plataformas Submarinas. Esta postura, además de tener impactos económicos muy negativos, es una arma de doble filo porque también afecta a la actividades supuestamente más benévolas con la naturaleza. Si el Estado no tiene capacidad para regular, ¿tendrá la capacidad de prohibir? Si el Estado es una maquinaria impotente, ¿podemos confiar en que los productores que se cuelgan la camiseta de ‘agroecológicos’, por ejemplo, efectivamente se valen de las prácticas más amigables con la salud y el ambiente? ¿Cómo diferenciar los productos de unos y otros en ausencia de regulaciones? ¿Y si se trata apenas de distintas estrategias de marketing?  

Se bombardea al público con campañas de miedo que desacreditan la producción convencional en base al argumento de que los alimentos supuestamente tienen componentes tóxicos, dañan los suelos, talan bosques, contaminan rios. Estas campañas, en cambio, siempre buscan asociar las prácticas ‘agroecológicas’ con valores progresistas como el feminismo, costumbres de pueblos originarios, cuestionamientos a los grandes capitales y los emprendimientos de escala global.

Teniendo en cuenta que quienes se desempeñan utilizando el rótulo ‘agroecológico’ ni siquiera están sujetos a las certificaciones y controles bromatológicos que regulan la producción convencional, ¿cómo podemos saber que efectivamente los productos que comercializan efectivamente no utilizan agroquímicos ni representan peligro alguno para la salud? ¿Quién certifica que esos productos no son exactamente los mismos que podemos adquirir en cualquier verdulería pero con la leve variación de un cartel marketinero que los clasifica como ‘agroecológicos’?

Ese mismo Estado que supuestamente no puede regular las actividades que se busca prohibir, ¿debe cruzarse de brazos en lugar de proteger la salud -por no hablar del bolsillo- del consumidor? Aquí es conveniente distinguir, por ejemplo, entre los productos orgánicos y los ‘agroecológicos’. Los primeros cuentan con certificaciones y controles, por lo general concedidos por los mercados consumidores, lo que se traduce en precios mayores con destino a mercados de elevado poder adquisitivo. Los segundos, en cambio, más allá del marketing mediático y los apoyos oficiales, ni siquiera pasan por los controles estándar que rigen al resto de los alimentos.  

Cuando se discute las ventajas y desventajas de las distintas prácticas productivas deben tenerse en cuenta dos factores económicos fundamentales: volúmenes involucrados y precios finales por colocar cada producto en mercados competitivos. Quienes honestamente cultivan alimentos sin valerse de agroquímicos en base a prácticas diferentes, como los productores orgánicos certificados, no disponen de volúmenes suficientes para atender mercados masivos. Tampoco pueden atender la demanda equiparando los precios de la producción convencional. 

Cualquier actividad agrícola que seriamente se proponga elaborar alimentos sin utilizar técnicas de cultivo intensivas operará con niveles de productividad inferiores. Esto significa operar con costos más elevados, lo que traduce en precios finales menos accesibles para el público masivo. ¿Cómo entender entonces la consigna según la cual la agroecología “puede elaborar productos más baratos y sanos”? Responder esta pregunta pondría en evidencia el verdadero riesgo de que los controles estatales estén ausentes: una parte significativa de los productos ‘agroecológicos’ son elaborados con técnicas convencionales pero vendidos como “saludables y en armonía con el ambiente”. Un engaño a los consumidores vendido como homenaje a la “Madre Tierra”.   

El lector puede corroborar por sí mismo lo que estamos diciendo. Tómese el trabajo de escoger en cualquier verdulería los mismos productos que contiene un bolsón agroecológico y compare precios. La ilusión de que los primeros serían más saludables no se avala en certificados ni controles. Todo pasa por una cuestión de buena fe entre cliente y vendedor. Podríamos indagar también si estas actividades pagan impuestos y si la nómina de sus trabajadores se encuentra debidamente registrada. El lector puede adivinar las respuestas. Obsérvese que los autores que redactaron el  proyecto de ley que impulsa la protección de las actividades agro-ecológicas ni siquiera lograron ofrecer una definición precisa de la actividad en cuestión.  

La necesidad de atender las urgencias ambientales impone desafíos económicos y regulatorios. Los países que en el futuro no puedan financiar tecnologías e infraestructuras adecuadas para preservar sus ecosistemas no tendrán más remedio observar el deterioro con sus esperables consecuencias económicas y sociales. Para evitar este destino se necesitan aparatos estatales en condiciones de desarrollar capacidades productivas y tecnológicas, aptitudes para regular el consumo y la producción y aplicar sanciones cuando las normas son incumplidas.

Un Estado incapaz de controlar tampoco puede prohibir, especialmente cuando intervienen miles de productores como ocurre en la agricultura. La campaña a favor de la agroecología es un testimonio elocuente de lo que estamos diciendo: un sinnúmero de productores de pequeña escala opera sin regulaciones o controles sanitarios y bromatológicos. Algunos de sus dirigentes manipulan a los consumidores con mentiras y campañas de miedo. Todo lo contrario a la promesa de “alimentos sanos y baratos para garantizar la soberanía alimentaria”. Es necesario que el Estado recupere su rol planificador y que el gobierno diseñe un rumbo productivo coherente que contemple tanto las urgencias económicas como los problemas ambientales más acuciantes en base a una agenda de prioridades.