Argentina está en la vanguardia del mundo en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Argentina es pionera en la lucha feminista a nivel global. Argentina es un país de avanzada en la región en derechos LGTBQ+. ¿Por qué no ser entonces pionera en reforma judicial?
Las propuestas que hoy están sobre la mesa son inspiradoras a los fines de producir cambios rápidos sin la necesidad de una reforma constitucional. Pero, ¿no será posible ir incluso más allá?
La justicia ha demostrado ser sistemáticamente patriarcal e incompetente para responder a los femicidios y la violencia de género. En los juzgados más cuestionados, como lo son los de Comodoro Py, el porcentaje de mujeres es ínfimo. La imagen misma de la audiencia por dólar futuro muestra, en su mejor momento, sólo tres mujeres entre quince varones (una de ellas, la acusada). ¿Por qué no ir entonces por una reforma general del Estado que garantice equidad de género, cupo trans y formación en género obligatoria y continua en todas las reparticiones del Estado, inclusive el poder judicial?
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El poder judicial emite sus decisiones por escrito, eb una jerga incomprensible y sin rendición de cuentas. Si el ciudadano de a pie quiere enterarse de lo decidido, queda a merced de medios de comunicación que incomunican y distorsionan. ¿Por qué no crear canales de comunicación directos a través de redes sociales donde periodistas especializados y los mismos actores del poder judicial expliquen el contenido de las distintas resoluciones judiciales, al menos de aquellas de trascendencia publica? ¿Por qué no ir incluso mas allá y fomentar la adopción de un lenguaje claro y sencillo con sentencias cortas por parte de los tribunales y que puedan ser accedidas por la ciudadanía?
La justicia ha sido siempre selectiva. Las cárceles están llenas de pobres acusados por delitos contra la propiedad y sin una sentencia firme, pero esta realidad no es conocida. Muchxs argentixs siguen pensando que las prisiones están repletas de personas peligrosas que no pueden ser liberadas de ningún modo. En ningún otro lugar del mundo hubo un escandalo por la liberación anticipada de algunas personas en el marco de la pandemia como ocurrió en Argentina producto de la falta de información clara. Ante esto, ¿por qué no crear un sistema de monitoreo permanente (como el que realiza APDH o CELS respecto de nombramientos y dictadura) a cargo de universidades y movimientos sociales para que todxs sepamos como funciona el sistema de justicia y podamos plantear mejores caminos con menos castigo y más justicia social?
La justicia resuelve cuestiones tan complejas como delitos, problemas familiares, económicos, de salud mental. Es difícil pensar que problemas tan multidimensionales puedan resolverse solo con el conocimiento legal. ¿No es hora de convocar a otras disciplinas y tener un poder judicial en el que trabajen de la mano abogados, trabajadores sociales, personal de salud para resolver los problemas con mayor sensibilidad y eficacia?
Nadie le conoce la cara al juez ni al fiscal (ni siquiera lxs propios acusadxs). Y es que los tribunales cuentan con un juez y veinte empleados que son los que verdaderamente hacen el trabajo, hasta el punto que hasta incluso toman declaración a los imputados. Es decir que uno puede ser llamado a un tribunal acusado de un delito y la persona que toma la declaración probablemente no sea el juez sino un estudiante de primer ano de la facultad haciendo sus primeros pasos en tribunales. ¿No es hora de crear más juzgados con mínima cantidad de empleados, sin necesidad de cambios presupuestarios, para que cada juez, fiscal o defensor haga el trabajo por sí mismo y presencialmente, con la mayor transparencia, responsabilidad y efectividad que eso puede traer?
Podemos ser vanguardia, podemos tener una justicia más transparente y con enfoque de género que esté realmente al servicio de la gente. ¿Por qué no ir por ello?
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