Cuando el recién conformado Frente de Todos advirtió la posibilidad cierta de llegar al gobierno comenzó a asumir cuales serían las principales limitaciones para la inminente hora de gobernar. El traspaso del mando llegaría con dos mochilas de rocas. Una potente deuda social, con salarios activos y pasivos fuertemente deprimidos y una elevada marginalidad social, un logro que fue presumido en Estados Unidos por los altos mandos macristas, pero que, sin embargo, y contra el discurso oficial de entonces, convivió con los niveles de Inversión Extranjera Directa más bajos de la historia. La segunda mochila fue una todavía más potente deuda externa, es decir, deuda pública nominada en divisas, con acreedores privados y, para colmo, con el FMI.
Lo primero que se pensó para alivianar la primera mochila fue la tarjeta alimentar. La principal herencia social del macrismo fue el hambre de los más pobres. Sí, hambre en el viejo país de las mieses y las carnes, o en el nuevo “supermercado del mundo” que, cuenta la leyenda, tendría capacidad para alimentar a cientos de millones de personas.
La segunda herencia, el megaendeudamiento, explica parcialmente que quien estaba llamado a ser un muy buen Secretario de Finanzas terminara siendo el titular de Economía. Más allá de mezquinas internas, fue una decisión relativamente lógica. El problema económico central era, y lo será durante muchos años, la renegociación de pasivos. Quienes viven en la burbuja de las finanzas experimentan cierta satisfacción al enunciar que “las deudas no se pagan, se refinancian”. Sin embargo, no era esto lo que Martín Guzmán afirmaba en los papers sobre renegociaciones soberanas que redactaba antes de ser ministro. Por entonces sostenía algo más lógico: una buena renegociación es la que no obligaba a volver a negociar a los pocos años, lo que lamentablemente no será el caso.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Bien mirado, lo dicho son detalles. Lo importante a corto y mediano plazo no es la mayor o menor perfección renegociadora, sino algo aparentemente bastante más pedestre: para resolver la doble herencia macrista, la social y la financiera, la economía necesitaba desesperadamente crecer. A su vez para crecer se necesitan divisas, los mismos dólares que se demandan para hacer frente a los inmensos pasivos heredados. En consecuencia, lo que realmente importaba para las renegociaciones eran los períodos de gracia, sin duda el mayor éxito de Guzmán. Estos períodos de gracia son los que despejarán el escenario que Alberto Fernández deberá atravesar hasta cumplir su mandato. Incluso, hasta podría ocurrir que el gobierno consiga crecer tres de los cuatro años de su mandato, nada mal si se considera la pandemia y las restricciones de inicio.
Hasta aquí el vaso medio lleno. Sostener el camino del crecimiento en 2022 y 2023 no dependerá solamente del tipo de acuerdo que se alcance con el FMI ni de la estabilidad política de la coalición, siempre en jaque. Ambos factores son condiciones necesarias, pero no suficientes. Recapitulando el gobierno logró, a pesar de las demoras intrínsecas provocadas por la pandemia y no solamente, contener el deterioro social y renegociar plazos de gracia para los pasivos externos. Más allá de los detalles, imperfecciones y demoras, consiguió alivianar el peso de las mochilas heredadas. En contrapartida ello no le alcanzó para imponerse en las elecciones de medio término.
Una de las razones de la derrota fue que no se pudo contener la inflación en niveles más razonables. La parte de la sociedad que mostró su enojo en las urnas no lo hizo por las dudas en el caso Vicentín, por la falta de restauración en la ley de medios o por la demora en la imprescindible reforma del oligárquico Poder Judicial. El enojo verdadero fue por el retardo en la recuperación del poder adquisitivo. La sociedad votó a Macri en 2015 porque pensó que no perdería nada de lo que ya tenía y que quizá conseguiría algo más. Luego votó al Frente de Todos en 2019 para recuperar lo que había perdido con el macrismo. Como esta recuperación no sucedió decidió castigar duramente al gobierno en las elecciones de medio término.
Por ello, conseguido el acuerdo con el FMI el gobierno deberá concentrarse en el funcionamiento de la economía. Los desafíos serán las mismas dos figuritas repetidas de siempre: conseguir divisas genuinas y un plan de estabilización macroeconómica. Ambos objetivos, que demandan largo plazo, pero que deberán comenzar a resolverse en el corto, enfrentarán severas dificultades y restricciones que urge analizar y tomarse muy en serio.
La primera, generar divisas (y también ahorrarlas) es un horizonte posible. Hoy, el principal proveedor de dólares es el agro pampeano y sus cadenas productivas vinculadas. Aunque le resta un gran potencial de crecimiento, incluidas las distintas carnes, no debe ser el único. Existen grandes potencialidades para generar divisas a través del desarrollo de otros sectores. El principal (y el más rápido) es el hidrocarburífero. Es una gran noticia el DNU firmado esta semana para apurar la construcción del gasoducto que distribuirá la producción de Vaca Muerta, que ya genera más gas que Bolivia. No se puede perder más tiempo cuando los precios de la energía seguirán en aumento y la producción de Bolivia está en descenso. Argentina posee hidrocarburos para dos siglos como mínimo, pero deberá extraerlos en las próximas tres décadas antes de que la transición energética global los vuelva obsoletos. Los cálculos más conservadores indican también que en el talud continental habría yacimientos que podrían llegar a una producción muy superior a la de Vaca Muerta. En el sector minero, donde las inversiones presentan una maduración más lenta, existen innumerables proyectos que podrían multiplicar no menos de diez veces las exportaciones actuales. Junto con Chile y Bolivia el país forma parte además del “triángulo del litio”, uno de los mayores reservorios mundiales de este mineral. Desde Santa Cruz a Jujuy existen cuantiosas riquezas minerales a la espera de ser explotadas. Todas estas cadenas tendrán un efecto multiplicador inmenso en términos de generar empleo, demandar insumos, desarrollar proveedores y sumar tributación para los tres niveles del Estado. Allí están los ejemplos de Perú y Chile para comprobarlo, o de Santa Cruz y San Juan, si se quiere mirar fronteras adentro.
Frente a tanto potencial resulta descorazonador la proliferación de legislación prohibicionista y obstruccionista en distintas provincias, con llamativa pasividad del Ministerio de Ambiente. No puede ser que por mala gestión política se mantengan paralizados proyectos mil millonarios en dólares, como el de Cerro Navidad, en la destemplada meseta norte chubutense, o que un intendente macrista, con aval de ONGs financiadas por instituciones y gobiernos extranjeros, consigan que un juez federal, también designado por el macrismo, frene la exploración off shore a 300 km de la costa bonaerense, una restricción que, de sostenerse en el tiempo, podría provocar un daño tremendo al futuro económico de una ciudad empobrecida y con altísima desocupación como Mar del Plata, llamada a ser la metrópoli de la futura explotación offshore. Todo pareciera funcionar como si existiese una voluntad declarada de privar de recursos a los gobiernos nacional populares.
La segunda “figurita repetida”, el segundo aspecto a resolver, es un plan de estabilización macroeconómica. Si no se consigue frenar la inflación difícilmente se podrán recuperar los ingresos de las mayorías y en 2023 la sociedad podría volver a equivocarse y regresar a la tragedia de un modelo neoliberal. La condición necesaria para la estabilización macroeconómica es, precisamente, generar más divisas genuinas desarrollando además del agro, la minería y los hidrocarburos. La provisión de divisas es la clave para la estabilidad cambiaria. El precio del dólar es el principal precio básico de la economía. Sin embargo, hace falta que los dólares que entren no se vayan, lo que entraña la necesidad de fortalecer la moneda propia, otro proceso de largo plazo.
Aquí entra además el acuerdo con el FMI, del que surgirán tres obligaciones principales. Ajustar tarifas, reducir el financiamiento del Banco Central al Tesoro y aumentar la tasa de interés de referencia. Las tarifas son otro precio básico de la economía cuya variación impacta en la inflación. No se las puede mantener para siempre creciendo por debajo del resto de los precios de la economía salvo a costa de subsidios crecientes. No se habla aquí de la justicia o injusticia de a quién se subsidia, sino de no repetir errores acumulativos del pasado. El problema de fondo es que los aumentos tarifarios repercutirán inevitablemente sobre la inflación. Al igual que el dólar son parte del precio de todas las cosas.
La suba de la tasa de interés es una buena noticia para el fortalecimiento del peso. Tener tasas negativas alienta la dolarización de excedentes. Además, si se reduce la asistencia del BCRA al Tesoro, el Central deberá intervenir comprando títulos para sostener la tasa, podría haber menos déficit primario y más déficit financiero. Un tema en el que hay mucha tela para cortar y no se aborda aquí. El tercer precio básico de la economía son los salarios, que nadie en el Frente evalúa utilizar como variable de ajuste por simple supervivencia política. Ya no hay margen.
De lo expuesto queda un solo factor de estabilización, el precio del dólar. Un acuerdo con el FMI podría estabilizarlo solamente si los desembolsos fuertes para los repagos se hacen al principio, lo que permitiría reforzar las reservas y abrir un horizonte de previsibilidad. Si en cambio se realizaran en cuentagotas, la suerte del gobierno estaría echada y subordinada a las revisiones trimestrales, lo que daría lugar a un desgaste lento hasta 2023.-
Cerrar sesión