Furia, doble discurso y transferencias

La semana que pasó, con “la bonaerense” sitiando primero la residencia del gobernador y luego la residencia presidencial, no estuvo en riesgo la democracia. A pesar del peligroso contexto regional, en la sociedad local no existe plafón para una ruptura institucional. La gravedad estuvo en otra parte. Es cada vez más evidente que los medios hegemónicos trabajan afanosamente para un cambio de valores sociales, para un nuevo “vale todo” sí se trata de infligir cualquier daño al “adversario político”. Aunque en sus páginas y micrófonos griten que lo de ellos es hacer “periodismo”, simples mensajeros, a nadie con un mínimo de comprensión política se le escapa que los principales multimedios son actores políticos de peso que expresan los intereses del poder económico real, es decir los de la embajada estadounidense en tanto representante de sus multinacionales, y los de las facciones del gran capital conducidas por la dupla Magnetto-Rocca cuyo sello de goma es la Asociación Empresaria Argentina.

A estos dos grandes actores les resulta insoportable haber perdido las elecciones y que no sean sus representantes directos quienes conduzcan el poder político. A tal punto que optaron, literalmente, por la guerra abierta. La estrategia decidida quedó sobre la mesa: condicionar cualquier decisión y acción política del oficialismo. Sus herramientas principales, además de los recursos económicos, son dos: la colonización de la subjetividad ciudadana a través de sus medios de comunicación y la capacidad de veto o demora de las acciones del Ejecutivo por la vía del control parcial del Poder Judicial, una verdadera casta vitalicia inserta junto a los otros dos poderes electivos y que alguna vez deberá ser objeto de una verdadera transformación vía una reforma constitucional.

Los datos duros son que a nueve meses del cambio de gobierno, el Poder Judicial del lawfare y de las trabas a las decisiones del Ejecutivo sigue intacto y que las páginas de la prensa hegemónica, a pesar de la bandera blanca izada por Alberto Fernández, vuelven a contener un clima tan furioso como irrespirable. Existen dos grietas, la real, que es la que emerge de la lucha de clases, y la construida por los medios, que refiere al carácter irreconciliable de los discursos políticos de oficialismo y oposición. Mientras el oficialismo, ya desde la cabeza de la fórmula presidencial, decidió intentar cerrar la segunda grieta, la nueva oposición trabaja mancomunadamente con el poder real para evitar cualquier superación. La vida política es arrastrada así a un callejón sin salida.

La estrategia última entonces, que bien mirada no le conviene a nadie, es el liso y llano desgaste en un clima de “vale todo”. La sedición policial de esta semana fue una muestra más. Primero la oposición apoyó “el justo reclamo” salarial de una fuerza a la que, durante la administración de María Eugenia Vidal, se le recortó un tercio del salario. Luego, cundo cercada la residencia presidencial se advirtió el rechazo social generalizad a la sedición, criticó a último momento “los modos” de la protesta. Volvió a quedar claro que la defensa discursiva de las instituciones y la república, que supuestamente se encontrarían en el ADN del discurso opositor, son pura letra muerta.

¿Quiere decir entonces que no existieron bases reales para la protesta de la policía bonaerense? Existe aquí cierta hipocresía. No es un secreto que parte de los ingresos policiales son “no salariales o informales”, es decir vinculados a actividades formal o abiertamente ilegales, tema que no se trata aquí. No se desconoce tampoco la existencia de comisarios ricos junto a vigilantes desesperados que salen cotidianamente a las calles a hacer “la diaria”.  Si se tienen fuerzas de seguridad subpagadas resulta esperable, lo que no significa válido, que algunos de sus integrantes busquen ingresos informales. Pero en tiempos de pandemia, con reducción de la circulación, buena parte de estos ingresos quedan recortados. Si se suma la pérdida salarial de un tercio en los últimos años y la pérdida de los ingresos informales por la pandemia se obtiene un cóctel que alguien debió haber previsto. 

Con la sedición en marcha la plana mayor del Frente de Todos advirtió que la solución era imposible sin resolver el problema de los ingresos policiales. Las provincias, a diferencia de lo que ocurre con el Estado Nacional, no pueden expandir gastos si no disponen de los ingresos que los cubran. El camino elegido, que estaba en preparación antes de la rebelión, fue revertir parcialmente la generosa transferencia que, por decreto, realizó Mauricio Macri. 

El decreto N°194 del 18 de enero de 2016 fijó, retroactivo al 1° de enero, que la participación de la CABA en el Régimen de Coparticipación Federal pasaba del 1,4 el 3,75 por ciento. Este aumento del 167,8 por ciento en recursos de origen coparticipable fue posible precisamente porque no alteraba el régimen de coparticipación. La CABA no es formalmente una provincia, sino la Capital Federal y lo que recibe proviene de lo que le cede el Estado Nacional de lo que él mismo recibe de coparticipación. No es un juego de palabras. La coparticipación reparte entre provincias y Nación y es Nación la que decide que parte le transfiere a la Capital Federal. En su momento el aumento de 2,35 puntos se justificó en la necesidad de “consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, es decir para financiar los gastos de la CABA en seguridad.

Sin embargo, según calculó un trabajo realizado por el nuevo gobierno el pasado marzo, para financiar esos gastos de seguridad hubiese bastado en 2016 con transferir menos de un punto (0,92) de la masa coparticipable, subir de 1,4 a 2,32. Además, ese costo fue bajando todos los años hasta representar 0,58 puntos en 2019. Como presidente, el ex alcalde porteño no fue ingrato con su cuna, aunque el decreto 257/18 bajó lo recibido por la CABA de 3,75 a 3,50. La ciudad siempre recibió demás. La decisión de esta semana le puso fin a la voluntad macrista de sobrefavorecer con recursos nacionales a su bastión de nacimiento. Y el punto que se le restó a la Ciudad Autónoma resolverá parcialmente los problemas de la provincia de Buenos Aires. En principio morigerará el problema estructural de la inseguridad. Quizá una policía mejor paga permita comenzar a pensar en la reducción de los ingresos informales, dato inseparable de la problemática delictiva.

Llegado este punto se vuelve al principio. Lo que no fue ni “abuso”, ni “venganza”, ni “inconstitucional” cuando fue transferencia hacia la CABA, el poder “económico-mediático-judicial” lo tamizará a través de su ya habitual doble discurso. Y si bien se trata de menos que un regreso al statu quo anterior al decreto 194/16, ya fue transformado en un nuevo casus belli.-