Es hora de hablar claro

Los mensajes que recibe la sociedad son contradictorios, inconsistentes, centrados en consignas facilitadas por el estilo propio de las redes sociales, plagados de banalidades, ajenos a verdaderos debates de ideas, que van sembrando más dudas que certezas y poco fomentan reflexiones útiles para disipar confusiones que día a día nos agobian. 

Algunos datos de realidad

Los hechos pueden dar lugar a interpretaciones, a relatos, a manipulaciones, a especulaciones, sin que por eso dejen de ser relevantes en sí mismos como datos duros e innegables que es preciso considerar, más allá de lo que después podamos o queramos hacer con ellos.

El aumento de la pobreza e indigencia en el país que alcanza niveles sin precedentes del 52,9% y del 18%, respectivamente, con un crecimiento notable desde diciembre de 2023 (de más de diez puntos porcentuales), consolida un elemento estructural en la conformación socio-económica de la Argentina que nos aleja cada vez más de un modelo con movilidad social ascendente -o sea, la contracara de la exclusión como destino inexorable determinado por el origen de las personas- y que ha sido un rasgo que nos caracterizara en el concierto de las Naciones de la región.

Otro dato estrechamente vinculado a lo anterior es la fuerte caída de la clase media, en tanto segmento constitutivo de la sociedad definido no sólo por los ingresos sino por el acceso a la educación -técnica y superior particularmente-, a la salud, a la vivienda, al empleo, al disfrute de bienes culturales, al turismo.

En la ciudad argentina más opulenta y en la que tradicionalmente ha sido la porción de la población preponderante, donde tiene su asiento la Capital Federal, se advierte una constante reducción de la clase media ya sea por caer directamente en la pobreza o por contraerse en su condición de tal y pasar a engrosar la clase media baja.

En la ciudad de Buenos Aires, según el INDEC, sumados a los pobres los sectores medios vulnerables llegan al 56,2%. Esa serie estadística se inició en el 2015 y la clase media representaba el 53% de quienes la habitaban, en el 2019 se redujo al 48,2% y en junio de 2024 se registró una nueva baja al 38,5%. La cantidad de niños, niñas y adolescentes que vivían en hogares en condiciones de pobreza a mediados de 2024 representan un 45,4%, mientras que un año atrás representaban un 39,6%.

Si bien es por demás emblemático lo que se verifica en ese distrito y aunque la proyección a las provincias no es lineal, la drástica reducción de las transferencias no automáticas desde la Nación que se redujeron en comparación interanual real en un 67,5% (según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal – IARAF) junto a la paralización de la obra pública, dan cuenta de la gravedad de la situación social que padece la Argentina al igual que surgen de otros tantos indicadores.

Entre ellos, la caída del empleo formal arrimándose a los dos dígitos acompañado de subempleo (ocupación en jornadas reducidas que proporciona ingresos insuficientes), el aumento constante de las tarifas de los servicios públicos (transporte, energía eléctrica, gas, agua), el encarecimiento de los alquileres, alimentos y bebidas que no cesa (por encima de las tasas de inflación general que brinda el IPC-INDEC).  

A junio de 2024 con una Canasta Básica Total (CBT) de $ 873.168 y una Canasta Básica Alimentaria (CBA) -que marca el umbral de la indigencia- de $ 393.319 para una pareja con dos hijos menores de ocho años, para esa misma época el 70% de la población con ocupación formal ganaba menos de $ 550.000 mensuales.

La esperanza nunca se pierde, aunque se agota 

Para quienes depositaron sus esperanzas y votos en Javier Milei, confiando en que los cambios estarían dirigidos a eliminar “privilegios” y generar “libertades” para un mejor vivir de toda la población, les cuesta cada vez más encontrar signos que brinden soporte a esas promesas electorales.

Los brutales ajustes dispuestos con el fin de alcanzar el “déficit cero” se han restringido a todo cuanto atañe al gasto social, con especial saña en los sectores más vulnerables y en la atención de urgencias alimentarias.

Los vetos presidenciales a las leyes que otorgaban una modesta recomposición de los haberes jubilatorios (del orden de $ 13.000) y de Financiamiento Universitario (que representaba un 0,14% de impacto en el Presupuesto nacional), son otros datos elocuentes de los sectores elegidos para cargar con el mayor peso de las políticas de “austeridad” en el gasto público.

Decisiones que se contraponen con las reducciones o eliminaciones en materia tributaria, que benefician exclusivamente a quienes cuentan con mayor capacidad contributiva, como es el caso del impuesto a los Bienes Personales (es decir, al patrimonio), cuyos efectos son cuantiosos y enormemente superiores a los antes mencionados con relación a la meta “innegociable” de equilibrio fiscal.

La desregulación de los -llamados- Mercados, apuntalan la posición dominante de los Grupos concentrados de la Economía, generando un incremento de las desigualdades sociales que acentúan la crítica situación de quienes están sumidos en la pobreza, pero resiente también con particular énfasis a las capas medias de la población cuya calidad de vida registra una ostensible caída.

Las encuestas de opinión, con la relatividad que cabe asignarles, parecieran indicar el desplome de la imagen positiva del Gobierno nacional como las serias dudas que ofrecen sus políticas que, una y otra vez, postergan en el tiempo la anunciada recuperación económica que, a ojos vista, profundizan la recesión y alertan sobre una probable depresión.

Sin embargo, la resiliencia que denotan es un elemento que juega en favor del Gobierno, con grados de tolerancia a las adversidades deliberadamente provocadas que causan cierta sorpresa y que, entre otras razones, se explican en la ausencia de alternativas o en la falta de confianza política y de propuestas que generen convicción. 

Una institucionalidad erosionada

La “antipolítica”, que redunda en una descalificación de la democracia republicana, cumple un rol fundamental en la construcción de una nueva política refractaria de la pluralidad y de la diversidad (impulsora de un “pensamiento único”), sin anclaje ninguno en imperativos de justicia social (postulante de un “individualismo extremo”) y desprendida de todo esfuerzo ni exigencia por neutralizar las asimetrías que abonan al incremento de las desigualdades en todos los ámbitos (favoreciendo “las plutocracias”, el gobierno de los ricos). 

La frivolidad ocupa el lugar del debate de ideas que, a su vez, denota un empobrecimiento del pensamiento crítico, funcional a los discursos de odio y a los modos que prevalecen en las relaciones interpersonales en el terreno de la política.

El personaje creado por Milei se alimenta de ese estado devaluado de la política, lo promueve y acrecienta en cada una de sus intervenciones públicas o, lo que es más frecuente, en su activa y obsesiva incursión en las redes sociales.

El Parlamento muestra una descomposición preocupante en orden a sus cometidos básicos, sin vocación de ejercer seria y regularmente la labor legislativa, ni de sostener las aisladas iniciativas aun cuando se traduzcan en la sanción de leyes obtenidas con amplias mayorías que, veto y defecciones seriales mediante, terminan en frustraciones que abonan a su descrédito popular.

La cooptación y colonización creciente del Poder Judicial, unido a la lentitud de los procesos que se desentienden de los tiempos que exigen los requerimientos de quienes reclaman su intervención, se distancian notoriamente del servicio de justicia que le compete.

Una combinación que favorece las conductas antirrepublicanas, la violencia institucional y la degradación del Estado como garante de derechos humanos fundamentales.

Los Partidos políticos a la deriva

La crisis partidaria es generalizada, afecta a todas las organizaciones políticas -nacionales y provinciales- desde las más tradicionales o reconocibles hasta las “nuevas” que surgieron de escisiones coyunturales -o no- pero de cuya pervivencia nada se asegura estando a los reacomodamientos que, principalmente adoptados por las figuras convocantes, suelen verificarse ante cada etapa electoral.

La Libertad Avanza (LLA) si bien ha obtenido su reconocimiento nacional, sigue mostrando una endeble estructura orgánica y más endeble reclutamiento de cuadros con aptitudes para ocupar cargos de gestión o legislativos, espacios no aptos para los contingentes de “trolls” que suplen una militancia humanizada. 

El PRO sigue exhibiendo un éxodo -efectivo y potencial- de magnitud a pesar de los esfuerzos de Mauricio Macri por contenerlo, puesto que de su pretensión inicial de cooptar el Gobierno nacional y constituirse en una suerte de locomotora de LLA, en los hechos ha terminado en convertirse en un furgón de cola al perder toda conducción de los cuadros prestados para la gestión -tentados por su vocación de conversos- y, a pesar de los amagues disruptivos, terminando siempre dispuesto a sumarse a todo requerimiento de Milei.

La Unión Cívica Radical (UCR) que allá por el 2015 nutrió a la Alianza Cambiemos de una estructura nacional de la que el PRO carecía -sin recibir como contrapartida una participación relevante en el gobierno- e insistió en la nueva Alianza (Juntos por el Cambio) sin mejorar su perfomance política, se desgrana en internismos estériles en orden a recuperar su otrora imagen de Partido Centenario y desilanchándose en cuanto a valores y principios que supieron ser fundantes de la adhesión de amplios sectores de la clase media. 

El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y otras formaciones con similares identidades ideológicas, si bien conservan capacidad de movilización no logran superar sus permanentes disidencias, ni un dogmatismo que les impide plantearse la construcción de un espacio más amplio con sectores que mantienen la hegemonía del campo popular y nacional, como tampoco elevar el techo de adhesiones electorales que le permitan dejar de ser una expresión claramente minoritaria.

El Partido Justicialista (PJ) no presenta una mejor imagen, ni logra resolver como salir de un laberinto que se ha ido complejizando por las diferencias notorias que denota entre sus estructuras provinciales, municipales y nacional que, como común denominador, exhiben una ausencia de cohesión doctrinaria, representación y apatía burocratizante. 

Algo está por ocurrir en política

Las elecciones de medio término suelen tentar a la recurrencia de generar nuevos sellos políticos, a incursiones electorales autónomas de partidos, fracciones o referentes desprendidos de las organizaciones de las que provienen, con la expectativa de un fortalecimiento coyuntural favorecido por la mayor discrecionalidad que siente la ciudadanía cuando no están en juego los cargos ejecutivos, en particular a nivel nacional o provincial.

Quizás los comicios que se avecinan el año próximo no queden definidos por esa caracterización tradicional o, siquiera, impongan una reconsideración de lo que se pondrá en juego entonces y en este mismo año en lo que respecta a las internas partidarias.

La posible cohesión de un voto conservador o claramente reaccionario, tanto sea engrosando las filas de LLA o en cualquier caso brindándole mayor representación parlamentaria a sus aliados incondicionales, daría un nuevo impulso devastador a las políticas públicas de Milei.

Políticas que no se circunscriben a la -declamada- destrucción interna del Estado, de su estructura orgánica y funcional en todo cuanto responda a sus cometidos dirigidos a la denostada Justicia Social, a la asistencia alimentaria, la salud y educación pública, al acceso a la vivienda y servicios esenciales, a las tutelas básicas -conforme mandatos constitucionales- de los derechos de las personas que trabajan.

A los datos de realidad mencionados al comienzo de esta nota, que por sí mismos resultan de una gravedad inusitada en línea con lo señalado precedentemente, se suma el riesgo de la descomposición externa del Estado, en tanto Nación soberana. Con la apertura indiscriminada de la Economía y los efectos nocivos que ya se advierten en el aparato productivo, la sustitución del trabajo y valor agregado nacional por la provisión extranjera, el endeudamiento externo serial y la liquidación de los activos estatales estratégicos, la primarización y el extractivismo como sustento económico en detrimento de la industria y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

Ante esa realidad presente y la que se avecina con la intención de profundizar sus rasgos más antinacionales y antidemocráticos, surgen imperativos indeclinables para las fuerzas políticas que nutren el campo nacional y popular.

En ese escenario al Peronismo le compete una responsabilidad mayor que deriva de su historia, sus bases doctrinarias y su conformación movimientista que lo ha dotado de una capacidad singular para construir hegemonías.

Precisamente por ello, y su rechazo a la partidocracia de cuño liberal, sus fortalezas nunca han estado expresadas en la formalidad institucional del Partido Justicialista, al que se recurrió siempre como herramienta electoral y no como centralidad en la conducción del Movimiento Nacional que reconoce otros componentes insoslayables.

La reorganización que enfrenta ese Partido a nivel nacional y las autoridades que resulten, en definitiva, será un paso importante en tanto y en cuanto surja una institucionalidad suficientemente abarcadora de los liderazgos existentes, que canalice también las diferentes expresiones sectoriales que conforman su caracterización movimientista y, particularmente, a las organizaciones sindicales y sociales que lo constituyen como tal. 

Los liderazgos o los cargos partidarios sectarizados no garantizan ni, mucho menos, implican la conducción del Movimiento Peronista, que no se reduce a liderar a los propios sino a ejercer una ascendencia suficiente sobre el conjunto y a motorizar orgánicamente instancias intermedias de representación con las cuales delinear propuestas que respondan a las exigencias actuales y demarquen nítidamente límites infranqueables que definan la pertenencia e identidad con el proyecto político que se impulsa.