El 3 de junio de 2015 la lucha contra la violencia de género se capitalizó a partir del movimiento Ni una Menos. Sin embargo, a pesar de la repercusión que tomó un tema ignorado, persisten las falencias alrededor de los procedimientos para erradicarlo.
Según el Primer Índice Nacional de Violencia Machista, publicado recientemente por Ingrid Beck y Martín Romeo, entre enero y octubre de 2016 ya ocurrieron 170 femicidios, de los cuales 21 se efectuaron en sólo 23 días durante el mes de octubre. Si bien el accionar de la justicia resulta fundamental tanto para prevenir como para sancionar los hechos, las trabas que presenta complican un panorama de por sí complejo.
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Los datos publicados por la Corte Suprema Justicia de la Nación (CSJN) muestran que en 2015 se cometieron 235 femicidios, un promedio de uno cada 37 horas. Sólo el 3 ciento de los casos cuenta con sentencia condenatoria, otro 3 por ciento terminó con sobreseimientos, mientras que no hubo ninguna sentencia absolutoria.
De las causas iniciadas en 2015, el 29 por ciento se encuentra en la etapa de juicio oral y un 51 por ciento permanece en la etapa de investigación. Al menos el 20 por ciento de las víctimas había denunciado previamente por violencia de género al imputado, el 27 no tenía denuncias y en el 53 por ciento de los casos la Oficina de la Mujer no pudo constatar la información.
"Cuando la mujer denuncia queda en una situación más vulnerable, el hombre está más enojado porque siente la traición", afirma Corina Fernández, quien sobrevivió a tres impactos de bala que su ex marido disparó directo a su corazón. Las 80 denuncias efectuadas previamente en contra de Javier Weber no alcanzaron para que la justicia pudiera prevenir los hechos.
Al realizar la denuncia, muchas mujeres sufren una re victimización. Mientras a Corina le sacaban fotos de cada uno de sus tajos, golpes y la medían con regla, al ex marido le dictaban horas comunitarias. A los 15 días la baleó.
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En la misma línea, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), explica: "Todavía persisten las prácticas revictimizantes; cuando una mujer denuncia violencia de género se la somete a procesos periciales para ver si dice la verdad, cosa que no ocurre en otro tipo de denuncias".
El Índice Nacional de Violencia Machista refleja que en lo va del año sólo una de cada tres mujeres intentó realizar o realizó denuncias; y a una de cada cuatro no se las tomaron.
Para Corina, son diversos los problemas que aparecen a la hora de tratar un caso de violencia de género. En primer lugar, la mayoría de las mujeres no saben que la denuncia civil debe acompañarse con una denuncia penal: "No importa si te rompe el tabique nasal, si te corta las venas, si te intenta atropellar; todas parecen ser causas menores que no logran llevarlos a la cárcel, por eso es necesario la denuncia penal".
En ese sentido, remarca que la imposición de la prohibición del acercamiento no resulta efectiva ya que los hombres saben que la pueden romper sin sanción alguna.
Esto desemboca en uno de las principales carencias: la ausencia de penalistas gratuitos. "Sí no haces la denuncia penal pueden pasar diez, quince años, te puede seguir acosando y nunca lo van a meter preso", manifiesta Corina, quien considera clave que el Estado brinde el patrocinio legal.
Pese a que en noviembre de 2015 se promulgó la ley 27.210, la cual garantiza el patrocinio jurídico legal gratuito para las víctimas de violencia de género, la norma continúa siendo una deuda pendiente debido a la falta de reglamentación por parte de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Por otra parte, la fiscal de la UFEM considera que uno de los principales problemas es la dificultad en el acceso a la justicia, ya que en la actualidad hay pocas bocas de recepción especializadas en el tema y, en muchos casos, el personal presenta un trato inadecuado.
Labozzetta enfatiza la necesidad de fomentar la perspectiva de género y la especialización en el tratamiento de este tipo de casos, dado que los femicidios se investigan como "muertes ordinarias". Asimismo, sostiene que "no hay instrumentos técnicos adecuados con enfoque de género y que deben implementarse protocolos de intervención".
Una de las últimas fallas es la poca celeridad con la que se tratan estos casos. Cuando una mujer denuncia violencia de género los juicios demoran dos años, en los mejores casos, y una mujer no puede esperar tanto para obtener una sentencia. Para Labozzetta, esto se debe a la falta de implementación del sistema acusatorio: "Hay que investigar el delito pero a la vez entender qué pasa con la víctima, hay que tomar medidas cautelares urgentes".
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