El ministro de Economía, Martín Guzmán, dialogará con los bonistas durante las próximas dos semanas para elaborar una oferta definitiva para la reestructuración de los U$S 68.000 millones en títulos bajo ley extranjera y luego U$S 15.000 millones con legislación local. Ésta será confeccionada luego de este plazo por el equipo económico en línea con el análisis de sustentabilidad del Fondo Monetario Internacional (FMI). La propuesta dependerá del comportamiento del mercado y la recepción de los acreedores en las negociaciones. Por el coronavirus, el Gobierno se extendió de su cronograma original.
Durante esta semana y la próxima, Guzmán mantendrá conversaciones con los acreedores para terminar de definir la oferta, que no serán físicas debido a la cuarentena. Ya habían tenido instancias de diálogo, primero desde la Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Externa, luego desde la Secretaría de Política Económica, en un tercer momento se reunió el propio ministro y, por último, contrataron asesores externos.
El funcionario tiene en mente aplicar una de las múltiples combinaciones de cuatro parámetros: período de gracia, reducción de cupones, extensión de vencimientos y quita de capital. Como principio general, pondrá también sobre la mesa elementos contingentes (como un cupón que se pague si el PBI crece más que una meta anual), pero sólo si estos instrumentos son valorados por el mercado.
El período de gracia fue pensado por las restricciones actuales en la balanza de pagos y la imposibilidad de regresar a los mercados de crédito internacionales. El funcionario prioriza restituir reservas del Banco Central, que alcanzarán los U$S 65.000 millones para 2024 si se cumplen sus proyecciones. Además, planteará una reducción sustancial de los cupones a mediano y largo plazo.
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"Queremos asegurarnos que la deuda sea sostenible bajo nuestro análisis y el del FMI", sostuvo Guzmán en diálogo con un grupo de periodistas en el Palacio de Hacienda, incluido El Destape. Aclaró que si bien se observará esa visión, se aplicará un programa diseñado íntegramente por Argentina.
El panorama dibujado por el Fondo estableció que la deuda actual no es sostenible. En la segunda visita de la misión le pidieron a los bonistas un recorte de hasta 85.000 millones para la próxima década. Apoyaron de este modo el planteo inicial de Guzmán, incluso desde antes de llegar al quinto piso del Ministerio de Economía: "La deuda es insostenible e imposible de refinanciar; se necesitaría de un ajuste fiscal tan grande que profundizaría la recesión".
Si bien el cronograma oficial preveía que el capítulo deuda haya cerrado para el 31 de marzo, el brote del coronavirus obligó a que lo reajusten. El mandamás de Economía precisó que mantiene su objetivo principal, brindar previsivilidad en el proceso de reestructuración.
Los bonos argentinos en dólares
Si bien el Gobierno se encomendó en la misión de cerrar un acuerdo por los bonos en moneda extranjera emitidos bajo legislación foránea, tiene pensado seguir después con los títulos que se rigen por la ley argentina. La primera etapa consistirá en la renegociación de U$S 68.000 millones y la segunda de U$S 15.000 millones, de acuerdo a las previsiones oficiales.
"El objetivo es negociar la deuda en dólares ley argentina en términos similares a los títulos ley extranjera después de que se cierren", respondió Guzmán ante la consulta de El Destape. Para poder hacer frente al nuevo perfil de pagos, el Palacio de Hacienda prevé mejorar de forma continua las reservas del Banco Central. Según las estimaciones oficiales, se acumularán U$S 58.000 millones para 2022, con un tipo de cambio real constante. El supuesto que maneja Guzmán consiste en que el dólar no aumente más allá de la inflación durante su gestión, una variable más sencilla de controlar por los controles para la compra por atesoramiento.
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