Carlos Manuel Bastos, ex secretario de Energía durante el menemismo, fue designado para ocupar el cargo en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que depende del Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren. Bastos había declarado en contra de Argentina cuando tres empresas norteamericanas y una italiana le hicieron juicio al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal dependiente del Banco Mundial.
A través del decreto 433/2016 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Aranguren y del presidente Mauricio Macri, fue nombrado como Vocal Primero del ENRE, presidido por Ricardo Martínez Leone. Bastos ya venía trabajando en el PRO ya que en julio del año pasado se sumó a la gestión de Macri en la Ciudad como asesor en materia de "planificación integral y visión estratégica" de los sectores energéticos.
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Fiel colaborador de Domingo Cavallo, en abril de 1992 el ingeniero cordobés asumió como secretario de Energía cuando "Mingo" era ministro de Economía. Fue uno de los responsables de las privatizaciones de YPF, Segba y Gas del Estado.
Su gestión quedó marcada por los cortes de suministro eléctrico que miles de usuarios sufrieron en los veranos de 1999 y 2000. Además, tomó la decisión de paralizar las obras de la central nuclear de Atucha II y de la hidroeléctrica Yacyretá.
En octubre de 1996 renunció a su cargo y se dedicó a brindar servicios de consultoría. Asistió técnicamente a Cavallo, tanto en la campaña presidencial de 1999 como en la de jefe de Gobierno porteño, en el 2000. En marzo de 2001, con Fernando de la Rúa como presidente, volvió a la función pública como ministro de Infraestructura y Vivienda.
A fines de los 90, el ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota lo nombró a Bastos como presidente de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC). En ese entonces, el juez federal Gabriel Cavallo lo acusó por supuesta "defraudación contra la administración pública por administración infiel sumada al delito de abuso de autoridad". La imputación que pesaba sobre Bastos era por subir los sueldos de los directores de la estatal Nucleoeléctrica por encima de lo permitido en las empresas públicas.
Ya en los 2000, Bastos se presentó como testigo en las demandas iniciadas contra la Argentina por las norteamericanas Enron, AES Corporation y El Paso Energy y de la italiana Camuzzi. "Su tarea fue detallar qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado", explica una nota de Página 12 de mayo de 2005.
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