La Justicia porteña anuló el protocolo del Ministerio de Educación de la Ciudad, que obligaba a los directores a denunciar penalmente a los estudiantes que tomen las escuelas. El instructivo había sido creado por Esteban Bullrich y ya fue declarado inconstitucional en 2010, por lo que, para la magistrada, este “a todas luces configura un hecho más grave que el anterior”.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori accedió a una cautelar presentada por el Ministerio Público Tutelar ante las ordenanzas impartidas por la cartera educativa a los titulares de colegios. Volvió a declarar al documento “nulo de nulidad absoluta” y le dedicó enérgicas críticas a la ministra Soledad Acuña por una larga serie de irregularidades en el fallo al que accedió El Destape.
La asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva y el de segunda instancia Gustavo Moreno promovieron el recurso de amparo luego de tomar conocimiento de los correos electrónicos liberados desde una dependencia del ministerio a las autoridades de las secundarias. Allí se repartió un “Instructivo sobre Forma de Proceder en Casos de Toma de Establecimientos Educativos”.
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Este medio reveló que el archivo sin firma resultó un calco del elaborado por Bullrich cuando ocupó la cartera educativa hace siete años. Por esto, el Juzgado 4, el mismo que lo había suspendido en aquella oportunidad, vapuleó la decisión de Acuña de reflotarlo y luego desconocerlo.
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Liberatori suspendió el instructivo y marcó que ya había sido declarado judicialmente “nulo de nulidad absoluta e insanable” en 2008, 2010 y ratificado por la Cámara en 2012, por lo que “a todas luces configura una nueva vía de hecho administrativa más grave que la anterior”. Además, ilustró que los espacios públicos no son susceptibles de usurpación, contrario a lo que reza en el protocolo.
También le dedicó varios párrafos a la directora de Coordinación Legal del ministerio, Paula Colombo, ya que ella fue quien respondió un primer oficio de Moreno destinado a Acuña cuando le consultó por el instructivo. La magistrada le marcó que no tiene “la competencia legal para representar a la ministra, de quien depende jerárquicamente”.
Por la respuesta inicial de Colombo, la calificó de “selectiva a la hora de las normas que debe aplicar y cumplir” y resaltó ciertas contradicciones elementales. Es que la funcionaria de Cambiemos había negado que el protocolo hubiera sido firmado por cualquier autoridad porteña, pero docentes le acercaron a El Destape los mails oficiales donde se les instruye aplicarlo.
Con su decisión, Liberatori dejó sin efecto “los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes”. Su resolución se fundó en sus anteriores fallos, donde evidenció que las órdenes del ministerio violan la Constitución de la Ciudad.
Además, convocó a una audiencia para el viernes a las 12.30 con los asesores tutelares, a la Procuración General de la Ciudad y a Acuña en la sede del tribunal. La funcionaria deberá asistir en “forma personal e indelegable”.
Al menos cinco autoridades de colegios aplicaron el protocolo, que puede derivar en procesamientos penales para los estudiantes. Las tomas se dan en el marco de un contundente rechazo a la reforma educativa que quiere imponer el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denominada “Secundaria del Futuro”. El principal cambio consiste en obligar a los alumnos de quinto año a realizar pasantías gratuitas; es decir, mano de obra gratuita para las empresas privadas.
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