Especial para El Destape
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Ante a un año electoral que recambia mandatarios del Ejecutivo nacional y provinciales, los pronósticos sobre el futuro arrecian. Pero la respuesta a tal incógnita está contenida en el enunciado de Los Redondos: el futuro llegó hace rato.
En efecto, el debate, muchas veces larvado en la Argentina durante 2014, sintetiza lo que podemos esperar en los próximos meses, e inclusive años: la continuidad de un esquema de política económica centrado en la regulación de los mercados monopólicos, la administración del comercio exterior y el énfasis en una matriz productiva industrial y de servicios calificados, o el retorno al mercado como asignador excluyente de los recurso económicos en lo que la oposición llama "la liberación de las fuerzas productivas del país".
El futuro depende de la resolución de esta tensión entre ambos enfoques sobre el funcionamiento de la economía argentina, que se desarrolla con creciente intensidad desde 2012 cuando la insuficiencia de oferta de divisas agudizó la confrontación entre los distintos actores sociales, emergentes algunos de esta década, y presentes otros históricamente en la vida política, económica y social del país, los tan mentados "poderes fácticos".
Esta suerte de veto a la expansión continuada del empleo, el salario y la protección social que aplican en el país los grupos empresarios más poderosos cuando faltan dólares y que se materializa en la suba generalizada de precios y la caída de la inversión es el principal freno para que Argentina avance más aceleradamente por el sendero del desarrollo.
Es real que el actual modelo encontró sus límites en la insuficiente producción de energía, la debilidad económica de nuestro principal socio comercial, Brasil y el fuerte peso de los vencimientos de deuda pública en el lapso 2012-2015. También lo es, que la política del Gobierno enfrentó el angostamiento del sector externo apelando al stock de reservas internacionales acumuladas en el BCRA en los años previos, y tardíamente resolviendo cuestiones ligadas a la necesidad de financiamiento proveniente del exterior, sea éste multilateral (arreglo CIADI), bilateral (acuerdo Club de Paris) o de inversión directa (arreglo Repsol), hasta que se topó con el fallo del Juez Griesa, que ensombreció un horizonte más claro en el frente de la cuenta capital del balance de pagos.
No es menos cierto también, que el segundo mandato de la Presidenta de la Nación rompió el maleficio de las crisis cambiarias recurrentes que vaciaban las reservas del BCRA, hundían el empleo y el salario y dejaban al país sobreendeudado. Recuerdos que no vamos a borrar de 1981-82, 89-90, 94-95 y el trágico 2001-2002. Defender tenazmente el consumo interno, aún con divisas insuficientes, desplazando el tradicional ajuste sobre el consumo hacia el ahorro, impidiendo dolarizar ganancias y atesorar dólares, fue una bisagra en la historia económica de nuestro país.
Los poderosos agentes económicos acostumbrados a frenar ciclos de expansión acumulando divisas extranjeras y manteniendo sus patrimonios líquidos a la espera de que una crisis genere nuevas oportunidades de negocios, son reflejos condicionados del ciclo histórico que va de 1976 a 2003, y que se caracteriza por una ausencia de proyectos de inversión que permitan consolidar la matriz productiva industrial y de servicios calificados y expandirla con un horizonte económico de mediano plazo.
Esta es la discusión del futuro que ya llegó. El actual modelo enfrenta la disyuntiva de superar los límites impuestos por las dificultades externas y avanzar hacia la recuperación de los equilibrios macroeconómicos, desde los actuales niveles de actividad, producción y consumo; o se instala una lógica en la cual se retrocede por imperio de un ajuste monetario, fiscal y cambiario, suavizado con una nueva etapa de endeudamiento del Estado, que en definitiva no va a financiar procesos de inversión reproductiva, sino la dolarización de utilidades empresarias.
La oposición política, en forma más o menos precisa, aboga por instalar un esquema que permita recomponer fuertes ganancias en dólares y abrir la economía argentina al mercado mundial de un modo subordinado. Las consecuencias serán la retracción de los componentes más complejos de nuestra economía en favor de aquellos más primarios y en contra de los asalariados.
Ahora bien, caracterizadas en líneas generales las propuestas de la oposición, por un retorno a distintos grados de libre mercado, el peso de la discusión se desplaza al interior del oficialismo, en torno a cómo va a resolver los problemas planteados por las dificultades en el sector externo.
En ese sentido se vuelven claves las discusiones respecto del rumbo de la política energética hacia el autoabastecimiento, y sobre todo la forma en que se desarrollarán las áreas petroleras secundarias y las de hidrocarburos no convencionales.
Otro tema central es la relación con Suramérica en general y con Brasil en particular, receptores de dos tercios de las exportaciones industriales argentinas. La industria requiere para su sustentabilidad del pleno funcionamiento de este mercado interno ampliado.
El tercer punto en cuestión, es la vigencia de la reestructuración de la deuda pública alcanzada en los canjes 2005-2010, jaqueada por el reciente conflicto planteado por los "fondos buitres" en el juzgado de Griesa, y la perspectiva de aligerar el peso de los vencimientos de deuda pública y recomponer reservas internacionales, emitiendo nuevas obligaciones estatales. La discusión con la totalidad de los holdouts, no sólo con Paul Singer, sin los límites de la cláusula RUFO en el seno del juzgado de New York, puede despejar algunas incertidumbres futuras relevantes sobre el frente externo. El recorrido efectuado por el Gobierno desde fines de 2013 de resolver los problemas pendientes del default 2001, puede coronarse con una solución favorable del último de ellos, siempre y cuando las condiciones no sean gravosas para el futuro del estado argentino.
Preservada la reestructuración de 2005 y 2010, y ordenada la totalidad de la agenda externa, con un horizonte de vencimientos de servicios financieros en el lapso 2016-2019 que es en promedio un tercio respecto del período anterior, las presiones en la cuenta capital del balance de pagos de nuestro país se descomprimen rápidamente.
Entonces, para las propuestas de continuidad oficialista son fundamentales los tres núcleos reseñados: autoabastecimiento energético, profundización de la inserción regional, sobre todo en lo atinente a exportación de bienes con valor agregado y resolución definitiva de los problemas remanentes de la deuda pública heredada en el crack de 2001. Esta agenda garantiza la continuidad del modelo construido a lo largo de estos casi doce años y, puedo aseverar, nos colocaría en el umbral del desarrollo.