La Justicia conminó al Ministerio de Educación porteño, a cargo de María Soledad Acuña, para que rinda cuentas por un protocolo en el que les exige a las autoridades que denuncien a los estudiantes que tomen escuelas. Ya se iniciaron causas penales contra alumnos, en algunos de los muchos colegios sin clases, donde critican una reforma educativa que impone pasantías gratuitas.
El documento, revelado por Página 12, detalla las órdenes que impartieron desde la oficina de la ministra de Horacio Rodríguez Larreta que deben seguir los directores de los secundarios ante asambleas y tomas. Allí los fuerza a “dar cuenta del hecho a las direcciones de área y general”.
Al mismo tiempo, los obliga como responsables legales a “concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento a efectos de denunciar la ‘situación de toma’”. No obstante, pide “no denunciar personas”, dado que se trata de menores de edad.
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La cartera educativa les detalla que “los ilícitos que se estarían configurando pueden ser: violación de domicilio o usurpación (ambos sancionados penalmente); y la contravención del ingreso o permanencia de personas en lugar público/privado contra la voluntad del titular”.
Una vez radicada la denuncia, acudirá a la comisaría un abogado de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, que maneja Paula Colombo y depende del mismo ministerio. El letrado deberá pedirle al fiscal de turno tomar medidas cautelares “en caso de ser necesario”, como que la Policía de la Ciudad ingrese al colegio para forzar el cese de la toma de los menores.
Esto último podría ocurrir, dado que el Ministerio de Seguridad, de Martín Ocampo, nunca estableció un reglamento a seguir por los agentes para ingresar a establecimientos educativos. Tampoco después de los ingresos de policías armados al Mariano Acosta.
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La Dirección de Educación Media les transmitió este protocolo a los supervisores, y ellos a su vez a los directores de colegios. El Destape pudo saber que esta semana se labraron actas: en la escuela de educación media 1 del distrito escolar 12 “Julio Cortázar”, en la escuela de bellas artes “Manuel Belgrano” y en el Liceo 9.
En la primera, los directivos expresamente dijeron “cumplir con el protocolo del Ministerio de Educación” por “usurpación del espacio público” e hicieron firmar a menores, para acatar las disposiciones del Gobierno. En la segunda actuó incluso la Fiscalía 31, a cargo de Carlos Rolero, e inició una causa penal contra los estudiantes por la toma.
Por este instructivo, el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones 1, Gustavo Moreno, intimó a Acuña por el término de 24 horas hábiles para que dé explicaciones. En su oficio, al que tuvo acceso este medio, detalla que la ordenanza porteña viola la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Cuestionó que, además de ser ilegal, “criminaliza al alumnado que participa en el marco de sus derechos en un reclamo educativo”.
Dentro del Ministerio de Educación le aclararon a El Destape que Acuña no firmó el protocolo en ningún momento desde que asumió, en diciembre de 2015. Sin embargo, desconocen si fue creado con anterioridad. Es decir, que la obra pudo pertenecerle el actual candidato a senador por Buenos Aires de Cambiemos Esteban Bullrich.
Este medio accedió a algunos de los correos electrónicos que arribaron a las casillas de directores en las últimas semanas, pero desde el entorno de la funcionaria niegan haberlo distribuido oficialmente.
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