El 16 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 134. Allí se declaró el estado de emergencia energética, y en él, "la emergencia del Sector Eléctrico Nacional" con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
En el presente trabajo, realizado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, se hizo un balance de los dos años de política energética neoliberal tomando como parámetro la demanda del sector residencial. Se contrastan los hallazgos con una definición de Seguridad Energética en función de los intereses de la ciudadanía. Al cierre de 2017, los resultados para los millones de hogares y familias que pueblan la República Argentina son escandalosos.
En primer lugar, la demanda residencial a nivel nacional cayó un 2,3% interanualmente. Es la primera caída desde 2013. En segundo lugar, de las 22 provincias interconectadas al SADI en 13 de ellas (59%) la ciudadanía redujo su consumo de electricidad. Cabe resaltar que estas 13 jurisdicciones concentran un 85% de la demanda residencial del país. En tercer lugar, 4 del total de esas 22 registraron además una marcada desaceleraron de su consumo residencial. En suma, 17 de las 22 provincias (77%) interconectadas al SADI concluyeron la "emergencia eléctrica nacional" aumentando su inseguridad energética ciudadana.
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