El pasado viernes 29 de mayo, Griesa no se había pronunciado sobre el reclamo de los "me too", que habían solicitado la extensión del fallo que benefició a los fondos Aurelius y NML por 1.330 millones de dólares.
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En esa audiencia, los abogados que representan al Estado argentino argumentaron que este nuevo grupo de acreedores no está en condiciones de reclamar el incumplimiento de la cláusula pari passu (igual tratamiento de acreedores) que provocó el fallo original de Griesa. Los "me too" afirmaron que Argentina "no puede ignorar" a los bonistas que están en juicio y reclamando sus acreencias.
Tras escuchar a las partes Griesa optó por postergar una decisión, que finalmente tomó hoy. Previo a la audiencia, Dan Pollack, el intermediario judicial designado por Griesa, emitió un comunicado en el que afirmó que la Argentina no respondió a una invitación a negociar realizada por los holdouts en enero.
"He estado en comunicación con los abogados de ambas partes en varias ocasiones luego de que expiró la cláusula RUFO. Los fondos que reclaman presentaron al final de enero a través mío una invitación a la Argentina para reanudar las negociaciones directas. La Argentina todavía no ha hecho uso de esa invitación cursada", señaló el parte de Pollack.
Días después, la Argentina rechazó la invitación de Pollak por "falta de confianza" en el funcionario. "La República nos ha informado que, luego de estudiar detenidamente la situación, ha concluido que no es posible entablar negociaciones en este momento con motivo de la persistencia de las demandantes en llevar adelante conductas que afectan a la República", se indicó en una nota el abogado del estudio Cleary Gottieb, Carmine Boccuzzi.
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