El abogado Carlos Rosenkrantz, propuesto por Mauricio Macri para integrar la Corte Suprema, presentó su declaración jurada y de antecedentes profesionales y de allí, surge que el jurista mantiene vínculos cercanos con un importante funcionario de la jefatura de Gabinete de ministros, lo cual provocó su primera impugnación para ser designado por las vías institucionales.
De acuerdo a la DDJ presentada y a la que El Destape tuvo acceso, Carlos Rosenkrantz posee una vasta experiencia representando a grandes empresas desde su estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. En la lista se destaca el fondo de inversión Pegasus, a quien Rosenkrantz representó bajo esa razón social como así también a las empresas de su propiedad: Freddo, Musimundo y Farmacity.
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Pegasus fue administrada por Mario Quintana, quien asumió en el gobierno de Macri en el cargo de secretario de Coordinación Administrativa del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Es decir, un hombre fuerte del actual Gobierno nacional podría tener a su abogado predilecto en el máximo tribunal del país.
Inclusive, Rosenkrantz patrocinó al propio Quintana a título personal, como así también al ahora diputado nacional Francisco De Narváez y al actor Ivo Kutzarida, entre otros.
Otras grandes empresas que fueron representadas por Rosenkrantz desde su estudios fueron Arcos Dorados (Mac Donalds, de la que también es accionista, según surge en la DD.JJ.), Cablevisión, América TV y el diario La Nación.
Por la vinculación con Mario Quintana es que el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires presentó una impugnación en su contra. En otro documento al que este medio tuvo acceso, su representante legal, María Isabel Reinoso, destaca que Rosenkrantz posee "un fuerte compromiso" con los funcionarios de la actual administración, lo cual "le quita imparcialidad en su accionar". Allí recuerda que el abogado representó a dichas empresas contra el Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires e inclusive de la Ciudad en distintos juicios que las propias compañías iniciaron. A su modo, Farmacity pasaría de litigar contra el Estado a tener a su principal directivo en el Poder Ejecutivo y a su abogado en el Judicial.