El Gobierno Nacional, manteniendo los trabajosos consensos de la coalición heterogénea que lo conforma, avanza en la dirección correcta para afrontar, en simultáneo, el control sanitario de la epidemia y amortiguar el impacto del despliegue del virus en la economía.
No lo hace con la velocidad y profundidad deseables, pero avanza. Es precisamente ese derrotero el que altera la tranquilidad de los agentes económicos más poderosos. Sobre todo, porque conecta con un escenario global pos-pandemia posible, pero además grato a la esencia del peronismo. Veamos el recorrido:
- Puesta en vigencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para varios millones de trabajadores en el área de servicios comerciales y de oficios, cuya inserción en la economía formal es muy débil. La oligarquía visualiza en el IFE la antesala de la Renta Básica Universal hoy debatida en Europa.
- El proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La reacción de los poderosos es extrema por dos cuestiones: visualiza un gravamen que incida sobre los fondos atesorados ociosos -que no retira fondos del consumo y/o la inversión, por lo que no dañaría la actividad productiva- y además puede servir para otorgar sustentabilidad fiscal al ingreso familiar básico. La legitimidad política y social del impuesto a la riqueza es enorme.
- El Estado sosteniendo el 50% del salario de los trabajadores privados de las empresas pequeñas y medianas en crisis debido a la pandemia. Este subsidio masivo al sector privado de industriales y comerciantes de menor porte impide la destrucción generalizada de empresas y la consecuente concentración de mercados posterior. La acumulación de liquidez en dólares por parte de los agentes económicos más poderosos se orienta a adquirir activos y cuotas de mercado abaratados pos-pandemia. Esta intervención lo impide y sienta las bases para otras posteriores de características similares.
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Complementario con el punto anterior, se desplegó una batería de instrumentos crediticios a tasa fija con garantía estatal para solventar las necesidades de capital de trabajo PyMe. Esta medida altera al sistema financiero privado, no tanto por los desembolsos inmediatos, sino porque lo ve como el preludio de la acción del Banco Central asignando crédito en la economía, algo que creían desterrado desde hace décadas.
La propuesta de reestructuración de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán, que analizamos en la columna pasada, portadora de la virtud esencial de liberar a las cuentas públicas y externas de los servicios de deuda en el próximo lustro, otorgando márgenes de maniobra relevantes al actual Gobierno. Para los autodenominados “mercados”, la deuda no sólo es un mecanismo de financiamiento de la apropiación de divisas y su salida del país. También es una cadena que le ponen al Estado para impedir que se transforme en una herramienta de asignación de recursos en manos de un gobierno nacional y popular. Reestructurar la deuda rompiendo esa cadena implica recuperar la herramienta para esos fines. No aceptan una reedición de la autonomía alcanzada en el ciclo de gobierno 2003-2015 con los canjes de deuda 2005/2010.
La disparada de los precios del dólar “contado con liquidación”, “bolsa” y “blue” responden a los vetos de los agentes económicos a las medidas descriptas. El conflicto surca a la coalición de gobierno, al empresariado, a los sindicatos y a las organizaciones territoriales.
En la actual etapa, a diferencia de otras previas conducidas por el peronismo, no se puede financiar el amortiguamiento de la crisis económica sin una fuerte regulación de los mercados de la economía real y cambiario-financiero. Si la liquidez provista con emisión primaria de moneda se concentra en manos de los jugadores más potentes del mercado por la suba de precios, la presión sobre los mercados cambiarios será muy fuerte; si el otorgamiento de crédito depende de la aversión al riesgo de los banqueros privados y también de los públicos, el cierre de empresas será enorme; si el abastecimiento de energía y alimentos en los hogares depende del sistema de mercado, no hay ingreso familiar que alcance. Es imprescindible el control de la oferta.
Insistimos también en que energía y alimentos no son bienes de libre mercado, sino consumos esenciales: la regulación estatal sobre su abastecimiento debe ser total.
Las empresas nacionales, sobre todo las medianas -que alcanzan a 120.000 unidades de negocios-, pueden ser víctimas de compras hostiles por fondos extranjeros especulativos que concentran liquidez en dólares aguardando la devaluación. Protegerlas es cuidar su estructura de costos fijos y variables hasta la salida de la pandemia.
El Gobierno avanza en la dirección correcta, pero la nave enfrenta tormentas y su tripulación debe asumir los desafíos del momento.
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