Un documento elaborado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) preocupa a la Justicia. Se trata de un informe que detalla la población de riesgo frente al coronavirus alojada en las unidades penales federales. Es que la nómina incluye a 1.280 detenidos, el 9,25% del total que habita en las cárceles federales, lo que anticipa un aluvión de presentaciones en tribunales para reclamar la prisión domiciliaria y hasta excarcelaciones. En la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, advierten por un “cuello de botella” la semana próxima. Solo este viernes se abordaron 25 casos.
El SPF elaboró un trabajo bastante minucioso con la población penal “vulnerable” al COVID-19 alojada en cárceles federales. El informe, que llegó a la máxima instancia penal del país este jueves y fue avalado por la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, grafica la situación de cada uno de los penales, describe a los detenidos con sus respectivas patologías y señala la superpoblación que afecta al sistema: 18 de 31 cárceles federales - enumera el documento- albergan más presos que lo que permite su capacidad operativa. Pero no aconseja qué hacer ante ese panorama. Es meramente descriptivo.
A la hora de hacer una división por patologías, por ejemplo, desde el SPF señalan que entre los 1.280 integrantes de lo que consideran población de riesgo hay: 206 con EPOC o asma; 265 con diabetes; 83 con insuficiencia cardíaca; y 232 con HIV, entre otras enfermedades. El 33%, es decir, 424 reclusos, es mayor de 60 años. También hay 5 embarazadas. La sala de feria de la Cámara de Casación resolvió una serie de fallos este viernes que repercutirán sobre las 122 mujeres que integran el grupo de riesgo carcelario. En los casos "Miranda" y "Ramírez" sentó el precedente para que, en medio de la pandemia, la mayoría de ellas pueda apelar a una domiciliaria.
¿Quiénes integran la lista de población vulnerable, según el SPF? Hay desde genocidas a exfuncionarios, empresarios, dirigentes sociales, narcos y hasta los autores del triple crimen.
Entre los genocidas se destacan criminales condenados por delitos de lesa humanidad de la talla del exdirector de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz a integrantes de la patota de la ESMA como Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Miguel Cavallo o Antonio Pernías.
También hay exfuncionarios y empresarios acusados de corrupción como Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y Lázaro Báez. Y dirigentes como Luis D’Elía. Todos padecen diferentes patologías.
A su vez, aparecen narcotraficantes como Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina” y hasta Cristian Lanatta, condenado por el triple crimen de General Rodríguez, quien protagonizó una fuga cinematográfica durante el macrismo.
Desde la Cámara Federal de Casación resaltan que quienes forman parte de esta lista no tienen ningún beneficio en particular en sí. Pero lo que se descuenta es cada una de las personas que la integran factiblemente termine haciendo una presentación judicial, si es que ya no la hicieron, para intentar obtener la prisión domiciliaria. Cada caso que llegue a la Casación, tribunal que tiene competencia en todo el país y revisa lo que definen los tribunales y las cámaras federales de todo el territorio nacional, será analizado de forma singular. En los últimos días se abordaron distintos planteos, que tuvieron diferentes resoluciones. Y en las próximas semanas se espera que esta cámara aborde casos de impacto mediático como pueden ser los de Etchecolatz o Astiz y también el de Báez.
Esto se debe a que varios internos pidieron sus detenciones domiciliarias por el avance del coronavirus. Hasta ahora, hubo posiciones encontradas en la Justicia. Algunos jueces rechazaron las solicitudes porque señalaron que en las cárceles no hubo casos de COVID-19, están aislados y atendidos. Pero en otros, como en casos de lesa humanidad, hubo varias concesiones.
Es de esperar que cada vez lleguen más casos a la Cámara de Casación. “Estamos trabajando más que en el período ordinario y con menos gente”, asegura un camarista.
Otro, remarca: “Si no generamos una instancia de comprensión del orden humanitario estamos en problemas”. Esta afirmación tiene un sustento fáctico: el comité contra la tortura, por ejemplo, aconsejó flexibilizar las pautas en aquellos detenidos sobre los que pesen delitos leves.
Dentro del grupo de 1.280 reclusos definidos como población de riesgo ante el coronavirus por el SPF, unos merecen la domiciliaria antes que otros. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer que está presa por transportar droga dentro de su cuerpo (mula, en la jerga narco) que un genocida condenado a perpetua por una multiplicidad de homicidios y torturas, indican desde Casación. Se trataría de diferenciar los delitos de sangre de otros de "menor rango". En esa lógica se insertan los mentados fallos "Miranda" y "Ramírez", que abordan la situación de dos madres de menores de edad, una con cáncer y otra insulinodependiente, que están presas por "tráfico de estupefacientes para su comercialización". A las dos, la sala de feria de la Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, les otorgó la domiciliaria.
A la hora de tomar una decisión en ese sentido se suma si el recurso presentado corresponde a un procesado o condenado, por ejemplo. En el informe sobre la población carcelaria de riesgo que elaboró el SPF hay 659 detenidos procesados y 621 condenados.
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