¿Naturalización o banalización de la realidad?

Lo que está sucediendo en nuestro país en múltiples ámbitos de la vida social y política, como la crisis de valores que encierran las conductas que se observan frente a muchos acontecimientos, amerita alguna reflexión acerca de su sentido y proyección futura.

El rumbo ratificado

Es una retórica recurrente señalar que se está en el camino correcto, por el cual se augura alcanzar las metas propuestas que dicen perseguir el bienestar general, el sostenimiento de quienes se encuentran en la pobreza con asistencias contingentes, cerrar las fisuras sociales y políticas que ya no se refieren a la década pasada sino a los últimos 70 años, fortalecer la educación apoyada en un fuerte impulso a la ciencia y a la tecnología.

Las medidas que se vienen adoptando como las que se proyectan en la Ley de Presupuesto para el 2019, sin duda ratifican el rumbo adoptado desde un comienzo por el Gobierno, aunque difícil es que de las mismas pueda esperarse el cumplimiento de esas metas que no sólo han sido abandonadas en los hechos sino que, incluso, resulta así explícitamente de las manifestaciones de los principales funcionarios a cargo de las respectivas áreas.

Basta para corroborarlo con un recorrido de los efectos de las decisiones adoptadas en materia de transferencia de ingresos a los sectores de mayor envergadura económica, sin exigencia alguna de reinversión ni de una contraprestación en materia tributaria que importe equidad en la distribución contributiva. En el abandono escandaloso de todo sustento a la salud, la educación y la seguridad social. En la renuncia a una regulación responsable de la actividad financiera y bancaria, insistiendo en la mentada flotación libre del dólar que por sí misma y con la consiguiente fijación de elevadísimas tasas de interés provoca una mayor recesión, como una escalada inflacionaria sin precedentes.

La devaluación de la vida

Los señalamientos anteriores constituyen datos que, en principio, parecieran sólo inherentes a la macroeconomía. Por lo cual, su mera enunciación no alcanza para dar cuenta de los efectos degradantes en la calidad de vida de la población.

Con ese propósito es preciso atender a los condicionamientos que importan para la economía familiar, considerando un desempleo formal de casi dos dígitos, una pobreza cercana al 50%, un aducido fomento del emprendurismo que a la par se combate con brutales prácticas represivas y cercenan hasta las más básicas estrategias de supervivencia. Además, tarifas de servicios esenciales que se siguen aumentando y ponen en riesgo su acceso hasta para las capas medias de la sociedad.

El cuadro de situación no puede prescindir de la constante afectación de las garantías individuales y la violencia institucional, que no parece encontrar freno ni tutela en la acción de la Justicia en general, aunque se manifiesta con particular énfasis en los tribunales penales federales que se mueven al compás de las exigencias políticas coyunturales para generar oportunas cortinas de humo.

Ningún signo esperanzador se avista en el horizonte, con un Gobierno claudicante ante las imposiciones derivadas de la nefasta combinación de un endeudamiento sideral del Estado –superior a los 110.000 millones de dólares en sólo dos años- y a una fuga permanente de capitales –más de 55.000 millones de dólares en igual lapso-; junto a la orfandad en que vienen dejando a Macri sus “aliados” locales y foráneos, que ya piensan en algún relevo que resulte más útil en la confrontación electoral del año próximo.

Sin embargo, no podemos circunscribirnos a esas descripciones para medir el nivel en el que se va devaluando la vida cotidianamente, advirtiendo otras manifestaciones elocuentes de la paulatina deshumanización que surge de indicadores sociales y culturales.

Las respuestas sociales

En ese contexto aparecen en el país respuestas variadas, disímiles y hasta contradictorias. Están quienes reaccionan y no se resignan a seguir nutriendo el amplio club de perdedores; otros que pasivamente ratifican su desencanto o escepticismo hacia la política –única vía de transformación que admite participación popular-; los que aún creen que el “cambio” podrá salvarlos y que nada distinto era posible. Y, por supuesto, las minorías que siempre ganan cuando el Pueblo pierde, que exacerban sus odios y estigmatizaciones recalcitrantes.

Lo que pareciera no poder eludir ningún grupo, crítica o acríticamente, es una cierta naturalización de lo que nos acontece.

Cada vez más personas –y familias enteras- en situación de calle, escuelas convertidas en merenderos, marcado deterioro de la atención sanitaria, éxodo de científicos, falta de trabajo o aceptación de condiciones laborales denigrantes, desconfianza frente a cualquiera que nos resulte diferente, una hostilidad interpersonal notoria en los espacios públicos. A lo que se suma la historia de la Patria olvidada en fechas fundantes de nuestra nacionalidad y hasta en los billetes que se imprimen con imágenes de animales de distintas especies.

Esa naturalización –que además es inducida mediáticamente- conspira contra la legítima aspiración de abrir nuevos caminos hacia una mejor convivencia, y encierra el peligro de una banalización que conlleve a perder toda racionalidad en la escala de valores sociales.

La incorporación del juicio por jurados a nuestro sistema de enjuiciamiento en materia penal, objeto de cuestionamientos fundados que se robustecen en función del grado de incidencia –condenatoria o absolutoria- que hoy se ejerce anticipadamente en la opinión pública desde los medios de comunicación, ha dado recientemente una muestra elocuente de tales riesgos.

El propietario de una carnicería que fue asaltado y le robaron $ 5.000, persiguió en su automóvil a los dos jóvenes asaltantes que huían en una moto, los embistió contra una columna de alumbrado y a uno de ellos que quedó moribundo lo golpeó en el suelo junto a otras personas que se encontraban en el lugar. Durante el juicio no manifestó muestra alguna de arrepentimiento por la muerte que había causado, resultando absuelto por la decisión del jurado popular integrado por igual número de mujeres y hombres. Emitido el veredicto declaró: se hizo justicia (…) voy a poder ir a trabajar como hice siempre.

La depreciación de la vida humana, la priorización de bienes materiales al punto de admitir de hecho la pena de muerte para cualquier delito, constituye un síntoma social sumamente preocupante. Más aún cuando desde el propio Estado se destaca y premia a policías que hacen un uso desproporcionado de la fuerza, llegando a provocar consecuencias letales.

Es necesario advertir que todos estamos expuestos a ser –directa o indirectamente- víctimas de violencias que avasallen derechos humanos fundamentales, como hoy le sucede a muchas personas por razones de las más diversas.

Quizás sea tiempo de preguntarnos seriamente, aunque apelando a una frase que hizo célebre un humorista: ¿Qué nos está pasando a los argentinos?