Un tribunal de Varsovia condenó hoy a una activista polaca a ocho meses de servicio comunitario por ayudar a una mujer a interrumpir su embarazo, la primera sentencia de este tipo desde la aplicación de la cuestionada ley antiaborto polaca de 2021.
Justyna Wydrzynska, quien proporcionó pastillas abortivas a una mujer embarazada de 12 semanas que sufría violencia de género, fue declarada "culpable de haber prestado asistencia" al aborto, tuiteó la ONG Abortion Dream Team (ADT), de la que es cofundadora.
El tribunal la condena a "ocho meses de servicio comunitario durante 30 horas al mes", agregó.
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"No me siento culpable, no acepto esta sentencia", declaró a la salida del tribunal Wydrzynska, quien precisó que seguirá ayudando a las mujeres y apelará la decisión judicial, según reportó la agencia de noticias AFP.
La activista, que también es doula, enfrentaba hasta tres años de cárcel por haber violado la normativa polaca, endurecida en enero de 2021 por el Gobierno ultraconservador del presidente Andrzej Duda.
Si bien el contenido del juicio no fue hecho público, la activista explicó a los medios que, entre febrero y marzo de 2020, una mujer cuyo nombre no se ha divulgado se contactó con ella y le pidió ayuda para interrumpir su gestación, tras recurrir sin éxito a otra asociación similar.
Anteriormente, la mujer embarazada intentó viajar a Alemania para someterse a la intervención, pero su marido la amenazó con denunciarla e impedirle ver a su otro hijo, venganza que llevó a cabo cuando descubrió las 10 píldoras de misoprostol proporcionadas por la doula.
Las autoridades encontraron en el domicilio de Wydrzynskaa información y medicamentos, lo que llevó a la asociación ultracatólica Ordo Iuris, que contribuyó en la redacción del polémico proyecto de ley, a impulsar el proceso.
Según advirtió hoy la ONG Amnistía Internacional (AI), se trata del primer caso en Europa de una mujer que fue enjuiciada por "contribuir a un aborto".
"La condena de hoy constituye un nuevo abismo en la represión de derechos reproductivos en Polonia: un retroceso por el que las mujeres y las jóvenes -y quienes defienden sus derechos- pagan un precio alto, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.
"Este caso crea un antecedente peligroso en Polonia, donde el aborto está casi prohibido por completo, y ofrece una idea aterradora de las consecuencias de leyes tan restrictivas", añadió.
Polonia, una nación mayoritariamente católica, pasó de ser en 1932 el primer país en legalizar el aborto por violación en Europa a tener una de las legislaciones de IVE más restrictivas del continente, siendo legal solo en caso de riesgo de la vida materna o por violación.
Si bien la ley no considera delito practicarse a sí mismo una IVE o disponer de pastillas para un aborto autogestionado, castiga con hasta tres años de prisión a cualquier persona o profesional que ayude a efectuarla fuera de estos dos causales.
Cuando el presidente polaco ratificó con su firma en 2021 la restrictiva reforma al aborto, se sucedieron protestas multitudinarias en el país durante semanas, pese a las restricciones impuestas entonces por la pandemia.
Con información de Télam
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