Alejandra Perinetti: "Cada vez menos niños, niñas y adolescentes tienen acceso a alimentos básicos"

Concluye un año difícil para las infancias: en un marco de ajuste, el 66,1% de los menores de 14 de la Argentina años viven en hogares pobres, es decir, dos tercios de las niñas y niños. No es la primera vez que a Alejandra Perinetti, directora de Aldeas Infantiles SOS, le toca vivir un momento de crisis, pero este es particularmente duro. Y lo que viene por delante con el segundo año de gestión mileista no parece ser mejor, todo lo contrario.

“Cada vez menos niños, niñas y adolescentes tienen acceso a alimentos básicos, computadoras o tecnologías que puedan transformar sus condiciones de vida, becas que les permitan continuar sus estudios o información clave para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual, entre otros derechos fundamentales”, advierte Perinetti, que hace 18 años conduce esta organización que trabaja en diferentes puntos del país con unos 7.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, que atraviesan diferentes vulneraciones.

-¿Cómo describiría la situación de las infancias en la Argentina?

-En el panorama actual, 1 millón de niños se van a dormir sin cenar cada día, y más de 7 millones viven en la pobreza monetaria. Argentina atraviesa una situación crítica. El gobierno nacional ha introducido un enfoque diferente en la implementación de políticas públicas relacionadas con la protección de las infancias. La creación de la Subsecretaría de Políticas Familiares, como resultado de cambios administrativos, marca un giro hacia un paradigma más regresivo, incluidas decisiones como evitar la distribución alimentos y de fondos a comedores y espacios comunitarios, bajar la edad de imputabilidad y el desfinanciamiento en las políticas públicas destinadas a la niñez.

-¿Cuál es la principal preocupación de las organizaciones y los referentes respecto de las políticas de niñez del Gobierno nacional?

-El desfinanciamiento, el paradigma actual de las políticas públicas y la falta de una defensa efectiva de los derechos de la infancia son preocupaciones que las organizaciones compartimos profundamente, en especial, dentro de las redes del sistema de protección en las que Aldeas Infantiles SOS participa.

-¿En qué cosas concretas ya se ve la disminución en el presupuesto?

-Contamos con un análisis detallado de los programas que impactan en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los resultados son preocupantes. Programas clave como el de Prevención del Embarazo Adolescente, los comedores comunitarios, el Plan Nacional de Apoyo a la Primera Infancia, el Plan de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, Conectar Igualdad y el Plan de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes han sufrido reducciones significativas en su presupuesto, limitando su alcance y efectividad. Aunque políticas de transferencia como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de los 1000 Días han mantenido o incrementado su participación en el presupuesto, representan excepciones. Prácticamente todos los servicios sociales destinados a la infancia han experimentado una disminución de recursos. Esto deja un panorama desigual donde, aunque algunas pocas políticas han aumentado su cobertura, el grueso de los programas esenciales para garantizar derechos básicos se ha visto afectado. Esto implica que cada vez menos niños, niñas y adolescentes tienen acceso a alimentos básicos, computadoras o tecnologías que puedan transformar sus condiciones de vida, becas que les permitan continuar sus estudios o información clave para prevenir embarazos no planificados y enfermedades de transmisión sexual, entre otros derechos fundamentales.

-¿Cuáles son las políticas desfinanciadas que más les preocupan?

-Todas nos parecen importantes. Por ejemplo, el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (PAE), que les brinda una asignación económica mensual a partir del momento en que egresan del dispositivo de cuidado formal, va a cubrir e 2025 a menos población que en 2024. Esta reducción nos genera una gran alarma, especialmente por la población con la que trabajamos que depende de este apoyo para la transición hacia la autonomía. En este contexto, retirar el apoyo a nuestros jóvenes podría agravar las problemáticas que enfrentan, dificultando aún más su desarrollo personal y su inserción social. La falta de un acompañamiento adecuado en este proceso puede aumentar las vulnerabilidades y obstáculos en su integración a la sociedad, con consecuencias muy negativas para su futuro. También nos preocupa la desfinanciación en materia de políticas de género, tanto a nivel nacional como en las respuestas territoriales para la prevención y el abordaje ante situaciones de violencias por motivo de género.

-¿Cuál es el trabajo que realiza a diario Aldeas Infantiles SOS? ¿Sobre cuántos niños, niñas y adolescentes tienen impacto?

-Implementamos programas que tienen por objetivo que cada niño, niña, adolescente, joven y familia pueda ejercer plenamente sus derechos y crecer en un entorno familiar que favorezca su desarrollo integral. Implementamos programas de fortalecimiento para prevenir la pérdida del cuidado familiar. Cuando esta separación no puede evitarse y la autoridad de aplicación así lo dispone, la organización ofrece programas de cuidado alternativo de tipo familiar o acogimiento en familias de la comunidad. En estos casos, trabajamos para la reintegración a sus familias, y si esa no es una posibilidad, propiciamos junto a las autoridades procesos adoptivos permanentes. Actualmente, cerca de 7.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias participan de estos programas en las diferentes filiales del país.

-Con este aumento de la pobreza y la indigencia, ¿qué vulneraciones de derechos ven con más frecuencia?

-Sobre todo, vemos que niñas y niños que participan de nuestros programas de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario reciben como única comida al día la que les damos en nuestros espacios.

-¿Qué pasa en verano? ¿Siguen concurriendo?

-El verano nos encuentra aún con más trabajo, no cerramos nuestros Espacios de Cuidado Diario. No lo hicimos ni siquiera en la pandemia, ya que muchas niñas y niños que reciben habitualmente la alimentación en las escuelas quedan muy desprotegidos.

-Las familias que concurren, ¿a qué vulneraciones de derechos hacen referencia?

-Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes que pierden el cuidado familiar en nuestro país, los motivos son violencia grave, abuso sexual, negligencia con riesgo de vida. En relación a las familias con las que trabajamos en Fortalecimiento Familiar, tienen muchos derechos vulnerados, y no solo hablo del peso de vivir en la pobreza, estoy hablando de la pobreza estructural, donde vemos niños, niñas, adolescentes y familias que no pueden ejercer el derecho a la educación, la salud, la recreación y tantos más.

-En el caso de hogares convivenciales para niñas y niños que están bajo el sistema de protección, ¿notaron algún aumento de casos?, ¿hay alguna variable que les llame la atención?

-Los casos han aumentado, pero lo complejo es que recibimos muchas más niñas y niños con problemas de salud mental grave.

-Imagino que atravesó diferentes crisis, ¿en qué se diferencia esta de otras anteriores?

-Son muchos años de trabajo en infancias y adolescencias, han pasado muchas gestiones y no hemos logrado avanzar. Me preocupa profundamente la falta de consensos sobre el rol del Estado y el enfoque que deben tener las políticas públicas. Hoy estamos discutiendo de nuevo temas que creíamos resueltos. Nuevamente fuimos observado por el Comité de Naciones Unidas por falta de información y estadísticas sobre infancias, y allí se concentra la gran pregunta: ¿cómo vamos a generar políticas públicas que en verdad impacten en las infancias si no contamos con información? Sin ese diagnóstico compartido, no podemos siquiera empezar a debatir cómo abordarlos; mucho menos, avanzar hacia soluciones efectivas.

-¿Cómo vienen sorteando la crisis las organizaciones? ¿Cómo sostienen los programas?

-En el caso de Aldeas Infantiles SOS, nuestra financiación proviene principalmente de los aportes de donantes privados, quienes nos permiten sostener nuestras actividades en favor de las infancias y las adolescencias. Cuando el Estado se retira de su rol central, las organizaciones de la sociedad civil asumimos un lugar clave, pero enfrentamos serias limitaciones por la falta de recursos suficientes para cubrir la creciente demanda. Esta situación es desesperante, carece de estabilidad y pone en riesgo la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que dependen de estos servicios esenciales.

-¿Qué políticas consideran que deberían ser prioritarias y que el Gobierno nacional debería acompañar?

-Hay programas que no están siendo implementados, pero que podrían marcar una diferencia significativa en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. Un ejemplo sería el diseño e implementación de nuevas políticas de cuidado alternativo, orientadas a prevenir los Procesos Excluyentes Adoptivos, aquellos en los que los procesos de adopción se interrumpen o fracasan. Podrían incluir sistemas de apoyo integral para las familias adoptantes, un seguimiento cercano durante los períodos de vinculación y la creación de redes de contención emocional y material, tanto para los niños, niñas y adolescentes como para los adultos responsables.

-Como parte del colectivo Infancia en Deuda, están reclamando por la potencial acefalía de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. De ocurrir, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Y de quién depende que no sea así?

-La ausencia de la Defensoría representa la pérdida de una institución clave para proteger y monitorear los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta entidad no solo evalúa su situación, sino que también tiene la capacidad de promover acciones legales para garantizar que los organismos del Estado actúen en su favor. Mantener vacante este cargo afecta gravemente la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Además, debilita nuestra democracia, al privarla de un mecanismo fundamental para la defensa de quienes más lo necesitan. Actualmente, esto depende de la Presidencia del Senado (Victoria Villarruel). Aunque ya se designaron los representantes de la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todavía no se ha avanzado con la designación formal de los senadores. Esta comisión es crucial no solo para proteger los derechos de la niñez y adolescencia, sino también para elegir al próximo defensor o defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo mandato vence en marzo de 2025.