Perú no es un país ajeno a las crisis políticas, especialmente en los últimos años. Por eso, con cada crisis, el país acumula la experiencia de una nueva forma de resolución: un voto en el Congreso para destituir al presidente, elecciones generales, protestas masivas que terminan con un presidente, un Congreso o ambos, una renuncia presidencial y la asunción de un vice y hasta un giro ideológico del gobierno para reformular sus alianzas y sobrevivir, al menos por un tiempo. Un análisis de la situación actual demuestra que, pese a la sensación de que los días del gobierno de Pedro Castillo están contados, ninguna de estas posibles salidas parece estar madura aún.
1. El Congreso aprueba una destitución presidencial
Desde el inicio del mandato de Castillo esta ha sido la estrategia de la derecha más radicalizada que hoy se concentra en tres partidos y 43 bancas: el fujimorista Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Nacional. Ya consiguieron votar dos veces la vacancia (destitución) presidencial, la última a fines del mes pasado. Necesitan 87 de los 130 diputados, una cifra mucho mayor que los 44 que actualmente responden con más o menos estabilidad al gobierno. En otras palabras, ambas veces a Castillo lo salvaron legisladores que no lo apoyan ideológicamente.
"En el Congreso está complicado que se le pueda destituir. Algunos partidos de centro ya han aprobado a cuatro gabinetes. Negociaron obras, acceso a inversiones y cargos en el gabinete nacional, pero no se ha creado una coalición parlamentaria de gobierno. Son acuerdos que simplemente buscan una distribución de recursos y cargos a cambio de evitar la vacancia (destitución). Eso cada vez queda más claro para la población", explicó el analista y coordinador de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Carlos Fernández Fontenoy, al Destape.
Según el académico, con la salida del partido progresista Nuevo Perú del gobierno hace unos meses y la ruptura definitiva de la semana pasada tras la represión y el toque de queda para frenar las protestas y el paro de transportistas por el alza de precios, el gobierno de Castillo se quedó virtualmente sin rumbo político. "No tiene un plan de gobierno, los que habían diseñado el programa de gobierno se fueron y las reformas profundas que anunció al inicio, como la segunda reforma agraria, no avanzaron", aseguró.
2. Protestas masivas contra el presidente, el Congreso o ambos
A finales de 2020, el Congreso de Perú demostró hasta dónde estaba dispuesto a utilizar el poder que le había otorgado la Constitución de la era fujimorista, un modelo único que debilita al Ejecutivo en pos de un Legislativo más fuerte y que, en un contexto de crisis de legitimidad de los partidos y de atomización electoral como el actual, ha demostrado que vuelve imposible cualquier aspiración de gobernabilidad.
Primero y pese a la falta de apoyo popular destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra -quien ya había asumido sin pasar por las urnas tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski- y luego asumió el poder el entonces titular del Congreso, Manuel Merino, con un gabinete producto de sus alianzas parlamentarias. Las intrigas políticas fueron demasiado y duró solo cinco días en el poder. La calle lo obligó a renunciar.
"Actualmente, el Congreso tiene menor aprobación que el presidente. En el proceso de desilusión y malestar que se está gestando, muchos están llegando a la conclusión que no solo debe irse el presidente, sino también el Congreso. La demanda popular de que se vayan todos es cada vez más grande. Entonces el Congreso responde: nos quedamos todos. Evitan la vacancia y tratan de apoyar ciertas medidas", explicó Fontenoy.
Desde hace un par de meses, el malestar social comenzó a desbordarse en las calles. Pero en las últimas semanas, la situación empeoró con el alza en los precios del combustible empujada por la escalada internacional generó aumentos inmediatos en los precios de alimentos y de la canasta básica. La reacción más fuerte no se inició en Lima, donde se concentra el sentimiento anti Castillo desde el inicio, sino en las provincias más pobres del país, donde el mandatario arrasó en las urnas hace apenas ocho meses.
La urgencia del momento económico y el recalentamiento de las calles forzó al gobierno y al Congreso a salir de su parálisis y el círculo vicioso de cambios de gabinete y mociones de confianza. Castillo le quitó impuestos a los combutibles y decretó un aumento del salario mínimo del 10,2%, que lo elevó a 278 dólares. Fue el primero desde marzo de 2018, pero insuficiente frente a la alza de precios. El Congreso luego declaró de interés nacional alimentos básicos para controlar los precios y esta semana se discutirá, a pedido del presidente, quitarle el Impuesto General a las Ventas, una suerte de IVA, a los alimentos y productos considerados básicos.
Pero ahí termina la discusión política. No hay plan ni propuesta detrás de estas medidas puntuales y que, dado el contexto mundial y la frágil situación social nacional, pronto podrían demostrar ser insuficientes. Sin embargo, por ahora, para Fontenoy, el gobierno "parece haber resuelto los reclamos económicos del paro de transportistas, aunque sea a medias y aún cuando la situación sigue siendo muy volátil".
3. Renuncia presidencial
Con la destitución frenada en el Congreso, los pedidos de renuncia a Castillo se multiplicaron después de la represión y el toque de queda en la capital de la semana pasada. Medios, analistas, parte de la oposición e, inclusive, la Defensoría del Pueblo se pronunciaron en ese sentido y el jueves el Congreso aprobó por 61 votos contra 43 una moción no vinculante que exhorta al mandatario a dar un paso al costado y permitir la asunción de su vice, Dina Boluarte, una ministra del gobierno que aún no logró elevar su perfil. Lo impulsó uno de los tres partidos de derecha más radicalizados, lo que podría demostrar un cambio de estrategia y reunió seis votos más que el último intento de destitución fallido.
Fiel a su estilo, Castillo no habló, pero sí lo hizo su jefe de gabinete, Anibal Torres, cuya cabeza también pide la oposición. El dirigente rechazó renunciar y dijo que "el gabinete está muy sólido". El mandatario, en cambio, eligió viajar por las regiones andinas donde se concentró la represión y a las que él sostiene representar. En la visita a la ciudad de Huancayo, la principal promesa fue impulsar un proyecto de ley para que él y los congresistas se bajen el salario.
Aún si la situación se deteriora rápidamente y Castillo se viera obligado a renunciar, no está claro que Boluarte alcanzaría una mayor estabilidad que su actual jefe. Boluarte renunció al partido que los llevó a los dos al poder y que aporta 32 de las 44 bancas aliadas en el Congreso, Perú Libre, y no posee filas propias. La única posibilidad, si le tocara negociar, sería buscar aliados que la sostengan, en los centros de poder -que ya buscan activamente una solución a la crisis- o en las calles -donde aún no se vislumbran liderazgos claros.
4. Convocar a elecciones generales
Esta opción suele sobrevolar a muchas de las salidas posibles de la crisis peruana. Al menos, como paso final. Pese a que el país tuvo cinco presidentes en los últimos seis años, apenas votó dos veces para elegirlos: Kuczynski en 2016 y Castillo en 2021. Las otras veces todo se cocinó en los pasillos del poder. Por lo que una vuelta a las urnas, a la voluntad popular tiene su atractivo, especialmente para los sectores más movilizados que más que apoyar liderazgos que no aparecen quieren castigar a los que los desilusionaron.
El problema es que con cada crisis el sistema de partidos se deteriora más y la oferta electoral se atomiza, solo para después unirse detrás de la figura que haya conseguido apenas un puñado más de votos para frenar la vuelta del fujimorismo al poder. El único consenso mayoritario aún en el país es el antifujimorismo, un sentimiento fuerte pero sin programa político.
"Estamos viviendo un vacío de poder: la izquierda no tiene poder y el que tenía lo está perdiendo, la derecha se radicalizó tanto que la mayoría no acuerda con sus posiciones y el centro (centro-derecha y centro-izquierda) está como atontado, no demuestran tener la capacidad de asumir la vanguardia de un proceso que nos saque de esta crisis. Frente a este escenario, la población está un poco desconcertada", describió Fontenoy. Por eso, las protestas aún son sectoriales y no tienen una coherencia nacional.
"Quien movilizaba a la gente en la calle solia ser la izquierda", explicó el analista y destacó que este sector está atravesando un proceso de desilusión, que en muchos casos aún no ha terminado y que aún no sabe cómo posicionarse sin quedar en la misma vereda que la derecha radicalizada.
Hace una década, la última vez que la izquierda progresista se había aliado a un gobierno, no tuvo problemas en romper con el entonces presidente Ollanta Humala cuando este giró a la derecha, avanzó con un programa liberal y reprimió a las protestas sociales. Ahora, sin embargo, la situación es más ambigua: Castillo abandonó en los hechos el programa de cambio que lo llevó a la Presidencia, pero no asumió otro, se alió con la oposición conservadora en el Congreso para sobrevivir pero no para avanzar sus políticas, y reprimió las protestas, pero se replegó ante la presión popular y hasta llegó a pedir disculpas.
"El problema ahora es que la izquierda está fuera de juego para los próximos procesos electorales. La alianza con Castillo la hundió", pronosticó Fontenoy y agregó: "Si el centro no logra articularse, organizarse y cerrar filas alrededor de liderazgos que convoquen, la derecha va a crecer".
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