Xiomara y el desafío de gobernar una violenta Honduras

Xiomara Castro llegó a la Presidencia de Honduras con la promesa de terminar con la “narcodictadura”. Esta expresión es utilizada popularmente para hacer referencia a las administraciones del ex mandatario, Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos acusado por tráfico de drogas. A más de un año de gobierno, a la presidenta se le reconocen algunos logros en materia judicial y en la lucha contra la corrupción, pero se cuestiona el peso que aún tiene el mandatario anterior en la política y se le critica el protagonismo que tiene su esposo y ex jefe del Ejecutivo, Manuel Zelaya, derrocado en el golpe de Estado en el 2009.

Contexto

La presidenta ganó la elección en noviembre de 2021 con más del 51% de los votos. Se presentó con su Partido Libre en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH) de Salvador Nasralla, actual vicepresidente. La victoria de Castro tuvo varias simbologías. Por un lado, se convirtió en la primera mujer en gobernar el país. Por otro, le ganó al candidato del Partido Nacional, espacio político al que pertenece el ex mandatario Hernández, quien le transfirió el poder en enero de 2022 y luego fue extraditado a Estados Unidos, acusado de ayudar a traficar más de 500 toneladas de cocaína.

También asumió bajo otra simbología, la de ser la esposa de quien había sido derrocado por un golpe de Estado más de una década atrás, hito a partir del cual ella empezó a construir su figura y carrera política. Por eso, su asunción se vivió como una segunda oportunidad para el proyecto con tinte progresista y con la promesa de terminar con los años del Partido Nacional. Sin embargo, tanto la alianza de gobierno que se rompió públicamente con fuertes críticas del vicepresidente Nasralla y  la presencia de Manuel Zelaya como asesor presidencial, son hoy dos puntos de discordancia en el oficialismo.

“Llegamos con una alianza electoral con el Partido Libre y pensamos que íbamos a ser una alianza en el Gobierno también, pero aparentemente solo fue electoral”, afirmó a El Destape la diputada del PSH, Ligia Ramos, sobre la participación del movimiento político de Nasralla en el Gobierno. La legisladora cuestionó también la participación de Zelaya: “Ella no tiene protagonismo, sentimos que tiene un protagonismo mayor el asesor presidencial que es coordinador del partido y su esposo. Nos hace sentir muy descontentas a las mujeres que queríamos ver a una primera presidenta más activa”.

La Corte

Si una de las promesas de campaña había sido terminar con la “narcodictadura”, la pata judicial era un elemento clave al cual apuntalar. La Corte Suprema hondureña había avalado el golpe de Estado a Zelaya y también había permitido una administración más a Hernández en 2015, cuando la constitución no contemplaba una reelección. El oficialismo impulsó un proyecto en el Congreso y se eligieron a 15 nuevos miembros, 7 mujeres y 8 hombres, en búsqueda de reformar la Justicia hondureña.

“La Ley para normar la elección de la Corte permitió un proceso más transparente con amplia publicidad y participación de organizaciones ciudadanas. Se logró finalmente constituir una Corte con mayor grado de independencia, aunque todavía se está a la espera de que tenga un desempeño distinto a la de la narcodictadura, eso dependerá de su desempeño futuro”, explicó a El Destape el director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, sobre la expectativa que generan los nuevos miembros judiciales.

La violencia y el “efecto Bukele”

Honduras es uno de los países más violentos del mundo, con las tasas de homicidios más altas. La semana pasada asesinaron a balazos nueves personas de una misma familia que iban de viaje en El Portillo de La Mora, en la ciudad de Comayagua, en la zona centro del país, un crimen que generó el enojo de la Presidenta con la Secretaría de Seguridad por considerar que hace todo lo que le piden y no logra frenar la violencia.

“Todo lo que me han solicitado se lo he resuelto. Control Nacional de los Centros Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios”, escribió en Twitter la presidenta, al conocer la noticia de la matanza.

La mandataria dictó el estado de excepción a fines del año pasado en búsqueda de reducir la cantidad de asesinatos y esa decisión, cuestionada por los sectores más progresistas, es denominada por varios analistas como el “efecto Bukele”. Es que Honduras, al igual que El Salvador, asocian varias de las muertes al accionar de las pandillas que toman territorios, cobran impuestos y asesinan a quienes se oponen a su accionar. 

A través del estado de emergencia, el presidente salvadoreño arrestó a más de 60 mil personas, lo cual genera la crítica de los organismos de derechos humanos y a la vez la adhesión de sectores nacionales, popularidad superior al 80%, e internacionales que consideran que con esa medida logró terminar con las pandillas.

“Este plan (de estado de excepción) es para atacar el delito de extorsión en los barrios donde supuestamente hay mayor índice de este delito, pero no se interviene el sistema financiero donde se lavan los millones y millones que se recaudan a través de la extorsión, es una medida populista y discriminatoria que se gana el favor de la ciudadanía, pero que en la práctica ha demostrado que no es funcional”, criticó a El Destape el doctor en Derechos Humanos por Universidad Carlos III de Madrid, Joaquín Mejía Rivera.

El especialista sostiene que la violencia en el país ya no es monopolio del Estado, sino que está controlado por actores que están fuera de la estructura estatal. Rivera cita al crimen organizado, las pandillas, el tráfico de drogas, el lavado de activos y afirma que es imposible que crezcan esas organizaciones sin contar con la connivencia de sectores de las fuerzas de seguridad, dirigencia política y judicial. 

En esa línea, Irías de CESPAD sumó otro rasgo: “Nosotros planteamos los pocos o el nulo avance en el proceso de la desmilitarización de la seguridad pública. Por otro lado es preocupante la reactivación del paramilitarismo, a partir de guardias de seguridad de matones al servicio de agroexportadores, de empresas privadas agrarias que han disparado las cifras de asesinatos, llevamos nueve asesinatos de liderazgos ambientales y agrarios en lo que va del año”.

Mujeres

Honduras también encabeza otro lamentable ranking que es el de los países con más femicidios en el mundo. También es uno de los más restrictivos para derechos como el aborto, aunque el pasado 8 de marzo se dio un pequeño avance cuando la presidenta firmó un un decreto para garantizar el libre acceso a la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), que había sido prohibida tras el golpe de Estado.

“Hemos avanzado en derechos para las mujeres pero poco, se logró hacer la gestión para que la Pae fuera legal y de libre demanda, pero estamos luchando todavía y esperando una Ley integral contra la violencia hacia la mujer. No hay una política de Estado que disminuya la violencia o lo que es la violación de los derechos de la mujer, la tasa de femicidios ha aumentado increíblemente en los primeros dos meses hemos tenido 80 femicidios”, aseguró la diputada Ramos.

China

Esta semana, la mandataria tomó quizás la decisión más relevante en materia de política exterior de su Gobierno al anunciar que su país establecerá relaciones con China. Honduras como otros países de la región, como es el caso de Paraguay y Guatemala, reconocen a Taiwán, y esa situación no es aceptada por el gobierno de Xi Jinping, que considera a la isla parte de su territorio.

Según explicó el canciller hondureño, Eduardo Reina, la decisión tiene que ver con la necesidad de buscar mayores inversiones, en un momento en el que China juega un rol clave con proyectos como la Ruta de la Seda, por la cual invierte fuertemente en infraestructura en decenas de países. 

La noticia del establecimiento de relaciones no solo cayó mal en el seno taiwanés, sino que también significa una piedra en el zapato para Estados Unidos que mira con recelo como el país asiático desembarca en parte de lo que siempre consideró como su patio trasero. En un país, además, donde denuncian un fuerte injerencismo estadounidense concretamente a través de la embajadora: “Opina de todo en el país, que sin duda representa una injerencia brutal, no podemos imaginar a ningún cónsul involucrándose en Estados Unidos como lo ha hecho esta embajadora, esto tensa la relación con Honduras”, explicó Mejía Rivera.

Otros avances: corrupción, represión y distribución de los recursos

Con vaivenes dentro del oficialismo, manifestaciones en distintas regiones, una cuestionada situación económica, a la presidenta se le reconoce algunos avances también en materia de corrupción al avanzar en un memorándum de entendimiento con la ONU para la instalación de una misión que trabaje en ese sentido. Y si bien es cuestionada por el estado de excepción, a Xiomara se le reconoce haber disminuido la represión social.

Cuando asumió, una de las primeras medidas que tomó fue adoptar una medida de emergencia para brindar luz gratis a quienes menos consumen y otorgó una rebaja en los combustibles, que tuvieron un apoyo popular de más del 70%. A la par, la presidenta impulsa una reforma energética para revitalizar la empresa estatal y revisar contratos con generadores de energía privados, un tema en discusión en la Argentina. Y, por supuesto, áreas como educación y salud están a la orden del día de los cuestionamientos, como en varios países de la región particularmente tras la pandemia.

Los desafíos de la presidenta son varios, pero las propuestas no faltan y a juzgar por las encuestas, que la sitúan con más del 60% de apoyo, cuenta con el respaldo de la población para llevarlas adelante.