Primero, hace una semana, el Congreso aprobó un estado de excepción general por un mes y uno de emergencia en las cárceles; luego, apenas tres días después, aumentó hasta seis veces la pena máxima de cárcel por pertenecer a las maras, como se conoce a las pandillas en Centroamérica; y este domingo, en Twitter el presidente amenazó con más mano dura en las prisiones: eliminar completamente la alimentación. De esta manera, el gobierno de Nayib Bukele responde al aumento de violencia de las maras en las calles.
La espiral de la política de mano dura del presidente salvadoreño y de los asesinatos maras en las calles no parece no tener fin en el cada vez más violento país centroamericano.
Hace dos sábados, el país vivió un día especialmente duro: 62 asesinatos, todos a manos de pandilleros de las maras, según las autoridades. Esta cifra encendió las alarmas oficiales a solo tres meses de celebrar una caída en el número de homicidios en 2021.
El Salvador cerró 2021 con una tasa homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, 1.147, representó una reducción frente a 2020, cuando hubo 1.341, la cifra más baja desde el fin de la guerra civil en 1992, según la agencia Télam. El gobierno no solo celebró la caída, sino que reivindicó su política de seguridad, pese a las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Por eso, apenas horas después que se conociera la nueva ola de asesinatos, el presidente Bukele no escatimó en medidas de manos duras: una emergencia carcelaria que básicamente elimina varios derechos humanos básicos para los pandilleros presos (no se cumplen todas las comidas diarias, no tienen acceso a elementos de limpieza personal ni una cama para dormir, entre otras medidas) y un estado de excepción general que afecta a toda la sociedad por igual: se restringió derechos y garantías individuales, como la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones, y facultó las detenciones sin orden judicial. Además, se habilitó extender el plazo de la detención administrativa por más de 72 horas, es decir, la detención sin presentar cargos ni permitir el acceso a un abogado defensor.
"Preocupado" por el clima de inseguridad en El Salvador, el secretario general de la ONU, António Guterres, aclaró también que esperaba que las nuevas medidas estuvieran "en línea con los derechos humanos". Sin embargo, Bukele en Twitter -su medio favorito para comunicarse- aclaró que todo estaba bien y que "el 99% de la población está feliz".
Por eso, apenas unos días después, el presidente impulsó una reforma penal en el Congreso, que ahora dominado por el oficialismo, la aprobó sin problemas ni demoras. La reforma aumentó significativamente las apenas para todos los pandilleros. Elevó de tres a cinco años a 20 a 30 años las penas por formar parte de “una agrupación, asociación u organización ilícita”; y de seis a nueve años a 40 a 45 años, por ser "cabecillas" de una mara.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador, más de 17.000 de ellos encarcelados, según las autoridades, y operan a través de homicidios, extorsiones, narcotráfico y otras actividades ilegales.
Este domingo, Bukele informó en su Twitter que la Policía y las Fuerzas Armadas detuvieron a 5.184 miembros de pandillas. Esto en ocho días y únicamente siete de ellos con régimen de excepción", escribió.
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