La violencia que se está viviendo en Colombia acaparó la atención de todo el mundo en los últimos días. Hace una semana, el pueblo colombiano salió a las calles a manifestarse en contra de un proyecto de reforma tributaria que presentó el presidente Iván Duque.
Como consecuencia, el oficialismo decidió enviar a las calles al ESMAD, un escuadrón antidisturbios que reprimió, asesinó y desapareció a varias personas. Hasta el momento, se contabilizaron al menos 19 muertos y 846 heridos por la represión, que ya fue denunciada por Gobiernos, la ONU y organismos de derechos humanos.
Después de cuatro días de protestas, Duque dio marcha atrás con el proyecto que buscaba avanzar con una reforma impositiva, pero el paro y las movilizaciones continúan hasta el día de hoy en Colombia. "La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria", afirmaron los dirigentes del Comité Nacional de Paro, que agrupa a diversas organizaciones sindicales y sociales, y marcaron que las quejas contra el Gobierno son por la manera en que se manejó la pandemia y la crisis social que tuvo como consecuencia.
Qué establece el proyecto
El proyecto de reforma tributaria de Iván Duque propone gravar los servicios públicos, ampliar la base de contribuyentes e imponer el IVA en varios servicios públicos, de modo de recaudar unos 6.780 millones de dólares entre 2022 y 2031 para rescatar la economía de Colombia. Esta medida impactaría de lleno en las clases medias colombianas, en sumatoria a la crisis por la pandemia del coronavirus, lo que generó un importante revuelo social que comenzó el miércoles pasado con un paro nacional y continúa hasta hoy.
El proyecto fue presentado el 15 de abril ante el Congreso y buscaba recaudar dinero para pagar los compromisos de la deuda. A enero de este año, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% del PIB del país.
Cuando hizo pública la iniciativa, la cartera de Hacienda la presentó como Ley de Solidaridad Sostenible, “una propuesta de carácter social que busca incrementar los esfuerzos en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, especialmente, después de los efectos económicos y sociales causados por la pandemia”. “Esta no es una reforma tributaria, se trata de una financiación al país por lo que ha sido la pandemia y las consecuencias económicas que ha traído”, sostuvo el mandatario.
Las personas que se manifestaron contra el proyecto catalogaron a la ley como un golpe a la clase media y los sectores más bajos, en un contexto económico desfavorable agravado por la pandemia del coronavirus. Además, desde el sector sindical reclaman que la reforma tributaria no toca a las grandes empresas. “Mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos anuales. Les hemos dicho al gobierno que elimine esos privilegios y tendrían dinero suficiente para resolver la crisis y mucho más”, sostuvieron desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Luego del rechazo social, el presidente Duque dio marcha atrás con el proyecto y este lunes renunció el cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, al ministerio de Hacienda. Pero los conflictos no cesaron, más bien todo lo contrario: el Gobierno respondió con una feroz represión que dejó una gran cantidad de muertos y heridos en varios departamentos.
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