El nuevo Congreso de Colombia, que asume este miércoles, enfrentará el desafío de sostener los consensos necesarios para acompañar las iniciativas del Gobierno entrante de Gustavo Petro. La apuesta es impulsar los "cambios radicales" que prometió a un país que votó con la esperanza de ponerle punto final a las desigualdades estructurales y a más de 60 años de conflicto armado. Para ello, propone tres reformas: una tributaria, una política y una rural. Pero el nuevo oficialismo del Pacto Histórico suma solo 20 bancas en el Senado y 27 en la Cámara de Representantes. ¿Cómo hará para sortear la casi segura resistencia que enfrentará? "Son importantes las alianzas que logró configurar para adelantar la mayor cantidad de reformas posibles en este primer año", señaló en diálogo con El Destape el analista político de la Universidad del Rosario, Sebastián Londoño.
Si se hace un paneo por los bloques que asumen este miércoles en Colombia, lo que se puede ver es un Congreso más bien de centro y centro izquierda, con legisladores y legisladoras que asumen por primera vez un cargo de este estilo (alrededor de dos tercios del pleno) y, por ende, con poca gimnasia legislativa. Además, el 29 por ciento, son mujeres, una cifra que se debe a la lista paritaria de la coalición que gobernará desde el 7 de agosto próximo.
Con este contexto favorable pero no suficiente, el Pacto Histórico decidió dialogar con varias fuerzas opositoras hasta conseguir una amplia y cómoda mayoría parlamentaria en ambas cámaras: dejó prácticamente solo al Centro Democrático, la fuerza del expresidente Álvaro Uribe. La intención, es evidente: "En este primer año, el presidente, quiere gastar gran parte de su capital político. Aprovechar que tiene una coalición grande de partidos para poder adelantar la mayor cantidad de reformas", señaló Londoño.
Sin embargo, esta construcción de poder conlleva un interrogante: ¿cuánto tendrá que comprometer de sus promesas de campaña Petro por el apoyo y voto de sus nuevos aliados parlamentarios?
MÁS INFO
Otro desafío se presenta de ahora en adelante: “Recuperar la confianza” ante la falta de legitimidad de las y los congresistas, señaló a El Destape la politóloga, internacionalista y directora del medio independiente La Línea del Medio, Laura Gil. Para ella, se trata de "volver al Congreso más legítimo y más democrático". En ese sentido, ya dieron un primer paso ayer, un día antes de la asunción de las Cámaras. Presentaron un proyecto de ley para incrementar la transparencia y reducir los salarios de los congresistas, que están entre los más altos en América Latina.
Pero, además del giro ideológico, este nuevo Congreso tendrá la novedad de contar entre sus miembros a víctimas del conflicto armado. Las circunscripciones especiales para la paz son 16 y, según indicó Giles, "su papel será fundamental”. "Por primera vez los territorios más olvidados tendrán representación. El impacto que eso tendrá será una profundización de la democratización, pero sobre todo un control político a la implementación del Acuerdo de Paz que quedó tan herida en la administración del (saliente presidente, Iván) Duque", opinó la analista.
¿Cuáles son las alianzas en el Congreso?
Según la ley colombiana, las bancadas deben anunciar su posición frente al Poder Ejecutivo antes de asumir. Se pueden declarar como parte del oficialismo, es decir, que se comprometen a acompañar las iniciativas presentadas por el gobierno; como opositores o como independientes. Tras varias semanas de negociaciones, Petro consiguió que alrededor de 100 de los 108 senadores y 86 de los 188 diputados lo acompañen o al menos estén abiertos a acompañar su agenda legislativa.
En este mapa legislativo, el presidente electo contará en ambas Cámaras con los votos del Partido Liberal, el Partido Verde y Centro Verde Esperanza. Comunes (conformado por desmovilizados de las FARC), el Movimiento Alternativo Indígena Social y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, junto con las 16 curules representantes que asumirán víctimas del conflicto armado, serán -dicen- aliados naturales.
A ellos, pueden sumarse también el Partido Unión por la Gente (más conocido como Partido de La U), que acompañará los proyectos con los que se identifiquen.
La nota que despertó controversias, en tanto, la dio el histórico Partido Conservador (con 15 votos en el Senado y 25 en la Cámara de Representantes), que anunció que se apresta a ser parte del “gran acuerdo nacional” al que convocó Petro. Por eso, por ahora, el único bloque declarado abiertamente en oposición es el Centro Democrático, de Uribe, con 13 votos en la Cámara Alta y 16 en la Cámara Baja. No está definido aún, en cambio, qué harán los congresistas de Cambio Radical (11 senadores y 16 diputados), aunque se presume que podrían declararse como independientes.
Las presidencias: figuras clave
En Colombia, cada año se elige una nueva dirección del Congreso, lo que incluye las presidencias de la Cámara de Representantes y del Senado. La coalición que forjó Petro se quedó con la titularidad de ambas cámaras para el primer periodo legislativo.
Un viejo conocido del Congreso y del poder, Roy Barreras estará al frente de los tejes y manejes del Senado. Ya ocupó el mismo cargo durante la Presidencia de Juan Manuel Santos, hace 16 años que mantiene su banca, fue un defensor de la segunda candidatura presidencial de Uribe, es señalado como un actor determinante en la negociación del Acuerdo de Paz durante el mandato de Santos y, ahora, será la mano derecha de Petro. Su versatilidad demuestra “la capacidad (del político) de adaptarse al caballo ganador”, definió la periodista Tatiana Duque, en el podcast Huevos Revueltos de la Silla Vacía.
Ya fue anunciado que el segundo año la Presidencia del Senado será para el Partido Verde; el tercero, para el Partido Conservador (aunque aún no se declaró como parte de la coalición oficialista); y el último, para el Partido Liberal.
En la Cámara de Representantes, tras varias discusiones al interior del Pacto Histórico, estará David Racero, filósofo, economista y docente. El segundo año será para el Partido Liberal; el tercero, para el Partido Verde; y el cuarto año aún no se ha definido. Tras ser electo, en la noche del martes, Rasero sostuvo ante la prensa colombiana que su primera labor será una reforma administrativa para “reducir costos innecesarios” de las y los funcionarios legislativos: “El congresista debería pagarse sus propios gastos”, dijo.
La agenda: reformas para sanear demandas históricas
Hay tres reformas puntuales que el Gobierno de Petro pretende a poner en marcha: una tributaria, una política y otra rural. Con la primera, se prevé recaudar entre 20 y hasta 50 billones de pesos colombianos en los próximos cuatro años (11,5 billones de dólares). Para ello, se buscará ampliar el número de personas que pagan impuestos y aumentarles a quienes tengan mayor poder adquisitivo, así como evitar la evasión. En tanto, el designado titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, señaló que mofidicará la tarifa de renta para empresas, que actualmente está en 35 por ciento. Una de las opciones es bajarla al 30% y eliminar algunas exenciones de las que hoy goza el sector privado, especialmente las grandes empresas. Se estima que esta iniciativa sea presentada el mismo 7 de agosto, en día en que Petro asume el Gobierno.
"El problema del Gobierno es que tiene la aspiración de gastar mucho dinero para programas sociales cuando se enfrenta a un país cuya deuda está en aumento y cuyo déficit es muy alto. Es un país que debe ajustarse el cinturón por el gasto que ha tenido que hacer durante la pandemia. El Gobierno de Duque ha dejado las cuentas del Estado poco saneadas", indicó Londoño.
En cuanto a la reforma política, se prevén cambios en cómo son elegidos las y los representantes del Congreso, garantizar en los órganos estatales -como el Consejo Nacional Electoral- su independencia, la democracia interna y rever las formas de financiamiento para evitar la corrupción.
Los ojos estarán puesto también en la reforma rural para lograr la redistribución de la tierra. Allí se juega la legitimidad del nuevo Gobierno frente a las víctimas del conflicto armado, así como también la apuesta por hacer efectivo el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, de 2016. En palabras de Londoño: “Lo que se busca es presionar a los grandes tenedores de tierras improductivas a venderlas o a pagar más impuestos para que el Estado logre más financiación o que logre redistribuirlas a los campesinos para que se genere un proceso de desacumulación”. "Esto es importante porque la falta de acceso a la tierra explica gran parte de la irrupción de conflictos políticos de los últimos 70 años. Solventar ese problema es vital para pensar en una paz estable y duradera, que logre trascender", agregó.
A estas reformas, se le sumará el Plan Nacional de Desarrollo, que todos los presidentes tienen la obligación de presentar. Una hoja de ruta -que debe ser aprobada por ambas cámaras- que marca el destino del dinero, programas y políticas públicas a emprender, entre otros puntos. La idea es que sea presentado en octubre para contar con su aprobación hacia fin de año. Se espera ver plasmada la agenda con la que Petro hizo campaña: temas ambientales, de género, economía y seguridad social.
La expectativa, según Londoño, es que "incorpore elementos que nunca antes" se tuvieron en cuenta, como la reglamentación de la despenalización del aborto, políticas públicas para LGBTI+ y la articulación de programas destinados a “personas que sufren un abandono estructural, que han sido claves para el triunfo del Pacto Histórico”. Ahora habrá que ver hasta dónde podrá tirar de la soga para avanzar también en cambios en el sector de la salud y en el sistema de pensiones, dos temas instalados en el debate público en las revueltas sociales, de 2019 y 2021, que también esperan respuestas.
Cerrar sesión