Las movilizaciones por el tercer aniversario del estallido social en Chile terminaron con 195 personas detenidas y 42 heridas. El balance difundido por el Gobierno encabezado por Gabriel Boric incluyó también el recuento del saqueo a 15 locales comerciales y la defensa del accionar de Carabineros (la Policía local), pese a que las organizaciones denunciaron represión. “Hace tres años, miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo, que clamaba por mayor justicia, igualdad, y el fin de los abusos”, señaló el mandatario en el discurso que dio desde La Moneda, al tiempo que avaló el accionar de las fuerzas de seguridad.
A tres años de lo que se denominó como estallido o revuelta social, el presidente respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad y sostuvo en su discurso: “El estallido no fue una revolución anticapitalista, y tampoco una ola de delincuencia, como han querido instalar en los últimos días. Esto fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad“, agregó Boric. Las principales protestas se dieron en la denominada Plaza Dignidad, ubicada a unas cuadras del palacio presidencial, en el centro de Santiago.
Además, el mandatario sostuvo que “a quienes dicen que el 18 de octubre fue una ola de violencia, se les olvida que una semana después, el 25 de octubre, más de un millón de personas salieron a las calles de Santiago y miles en regiones”.
“Tenemos una nueva oportunidad para construir las bases de una sociedad justa y digna. Como Gobierno de Chile trabajamos con urgencia para ello, con reformas que atiendan las exigencias de las chilenas y chilenos”, escribió antes en su cuenta de Twitter. Más tarde, en su intervención de la apertura del Encuentro Nacional del Agro 2022 condenó las protestas: “Nuestro Gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan y violentan a las personas, tengan la sanción que se merecen”.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, celebró en el marco de las protestas “no hubo muertos” frente a dos contabilizaron en 2021, y remarcó que los saqueos bajaron de 48 el año pasado a 15 en este, lo que "constituye una disminución del 68% en eventos de esta gravedad". También anunció que presentará querellas (denuncias). “Cada uno de esos hechos serán analizados por la División Jurídico de Interior”, señaló el funcionario y subrayó que “Carabineros tiene nuestro total respaldo para no solo prevenir, sino para detener a las personas que están cometiendo delitos que son completamente inaceptables”.
De los 150 eventos de “alteración de orden público”, 86 fueron en la capital chilena y 64 en el resto del país, mientras que de las 195 detenciones, 115 en la Región Metropolitana y 80 en otras regiones, enumeró el funcionario. También confirmó que 18 civiles resultaron lesionados, mientras que 24 carabineros resultaron heridos, cuando el año pasado el número de uniformados afectados fue casi el doble, 47.
Durante las manifestaciones en Santiago una periodista fue detenida mientras realizaba su trabajo, y permaneció en esa condición durante algunas horas. "Rechazamos detención ilegal de la periodista Carola Trejo, quien estaba a las afueras del GAM (Centro Gabriela Mistral) y se encuentra en la 3ra Comisaría de Santiago. Junto a Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo) estamos activando protocolo de protección a la prensa", publicó anoche en Twitter el Colegio de Periodistas de Chile.
Una hora después, desde la misma red social, el Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile exigió también la liberación de la periodista que denunció que "nuevamente Carabineros de Chile impide la labor periodística” con la detención de Trejo, que se encontraba reporteando en Plaza Dignidad. “Llamamos a las autoridades a acelerar su liberación, ya que informar no es delito", escribieron.
Horas después, confirmaron que la comunicadora fue liberada y exigieron explicaciones a las autoridades "por este nuevo atropello a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo".
El 18 de octubre de 2019 fue el clímax de una ola de movilizaciones iniciadas por estudiantes secundarios en contra del aumento del pasaje del subte (equivalente a 30 pesos chilenos), dispuesto por el entonces presidente Sebastián Piñera. “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, cantaban mientras saltaban los molinetes. A elles, se sumaron las protestas callejeras en distintos puntos del país, que permanecieron por al menos un mes. La consigna “no son 30 pesos, son 30 años” sintetizó una serie de demandas históricas para el acceso a derechos básicos amarradas en la Constitución elaborada por la dictadura pinochetista como servicios dispuestos para el mercado, como ser salud, educación y pensiones dignas.
Un mes más tarde, el Ejecutivo nacional logró llevar a las fuerzas de la élite política a establecer un acuerdo para llamar a una Convención Constitucional para elaborar una nueva Carta Magna. Lo hizo con la mayoría de los partidos -excepto el Partido Comunista- y con la firma del actual presidente Boric, que se sumó pese a la disidencia que presentó el Frente Amplio, la alianza que lo llevó a La Moneda. En ese periodo, se multiplicaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos, asesinatos, por los ataques a la prensa, por las violaciones y los abusos sexuales de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de los Carabineros que actuaron en los estados de sitio y en la contención de las protestas.
El pacto de Piñera con las fuerzas políticas abrió la puerta a un plebiscito de entrada, que fue voluntario, y otro de salida, obligatorio. El primero, obtuvo un resultado aplastante y con casi 80% de los votos se decidió la conformación de una Convención Constituyente que escribió, en un año, una propuesta de Constitución.
Este año, la propuesta fue rechazada por casi 62% de los votos en el plebiscito de salida, así que continúa vigente la actual Carta Magna pinochetista. Ahora parlamentarios de casi todas las bancadas están manteniendo reuniones para alcanzar un nuevo acuerdo, que pueda lograr una constitución con amplio apoyo ciudadano.
Con información de Télam.
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