El presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió indultar a diez detenidos en el marco de la revuelta política y social de 2019, uno de sus compromisos durante la campaña en la que capitalizó las demandas de quienes salieron a las calles aquellos días para reclamar en contra del aumento del boleto del subte y, también, contra la precarización de la vida extendida desde el fin de la dictadura. La información fue dada a conocer a través de un comunicado presidencial escueto en el que se enlistaron los nombres. Allí, también incluyeron al ex militante frentista –como se conoce a quienes estuvieron en las filas del FPMR-, Jorge Mateluna.
“A solicitud del Presidente de la República, amparado en la Ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso”, dice el comunicado.
Los nombres son: Bastián Olguín Rivera, Jordano Santander Riquelme, Felipe Santana Torres, Cristián Cayupán Queupil, Francisco Hernández Riquelme, Bastián Campos Gaete, Matías Rojas Marambio, Alejandro Samuel Carvajal, Claudio Romero Domínguez y Brandon Rojas Cornejo, quienes podrán salir de prisión. A ellos se sumó el ex frentista Jorge Mateluna, condenado a 16 años de presidio por su presunta participación en el asalto a una sede del Banco Santander ocurrida el año 2013, según informó el portal Radio U de Chile. Todos ellos detenidos y procesados durante los meses en que duró la revuelta política y social, que inició en octubre de 2019 en contra del Gobierno del expresidente, Sebastián Piñera.
La decisión había sido previamente informada a las y los familiares que se encontraron en la puerta de La Moneda, en Santiago. “Nos acaban de decir los indultos presidenciales. Estamos demasiado felices, podremos estar con ellos”, dijo una madre en medio de las lágrimas. “Agradezco a toda la gente que salió a manifestarse, que apoyó la causa por la libertad, a los periodistas que hicieron un caso emblemático de la revuelta, que se denunció el ánimo homicida. Decir efectivamente compañeros, que esta lucha la hemos ganado, que no vamos a descansar. Yo como pareja no voy a descansar hasta que los funcionarios de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) paguen por las torturas que le hicieron a mi pareja”, dijo otra de las presentes ante los micrófonos de la prensa.
La noticia también fue celebrada por la senadora Fabiola Campillai, víctima de la represión durante el estallido, militante por los derechos humanos, que desde el inicio de su mandato –el 11 de marzo, al igual que Boric- reclamó porque se cumpliera esta promesa y que brega por mantener la memoria viva. De hecho, hace dos días se había reunido con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá: “Ayer durante la tarde tuvimos una reunión con la ministra para discutir sobre diversas temáticas relativas a DDHH, como lo es el cierre del jardín de la resistencia –ubicado en el ingreso de la boca del subte Baquedano, cerrada desde entonces- y la Plaza Dignidad (ex Plaza Italia, que se encuentra sobre la Alameda a unas cuadras del Palacio de Gobierno), además de los indultos de los presos políticos.
"Ustedes saben que desde que me ocurrió el disparo que me cegó y desde que soy senadora he luchado incansablemente por los derechos humanos y así lo seguiré haciendo, seré una promotora de ellos y me preocuparé de que el gobierno no pierda el enfoque en materia de DD.HH., que tanto necesitamos en el país”, escribió en su cuenta de Instagram.
“Ya que en reiteradas ocasiones he pedido los indultos particulares a nuestros presos políticos del estallido, sobre lo cual no hemos tenido respuesta”, había escrito Campillai hace dos días. El 26 de noviembre, durante el estallido, Fabiola había salido de su casa para ir a trabajar cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de Carabineros (policía de Chile). A causa de esa agresión perdió el olfato, la vista y el gusto.
Antes de asumir, la gestión de Boric, además, había anunciado la conformación de una mesa de reparación para las víctimas de derechos humanos. También, anunciaron como una de las primeras medidas el restiro de 139 querellas contra las y los manifestantes que salieron por más de tres meses para manifestarse en las calles.
Cerrar sesión