El Gobierno relanza, a partir de este lunes, el registro de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que permite la inscripción de empresas en apenas 24 horas, reinstaurando el esquema que Mauricio Macri había lanzado en agosto de 2016 y que la administración de Alberto Fernández frenó en medio de investigaciones por delitos vinculados a este tipo de asociaciones. Durante su vigencia en el macrismo se registraron empresas que luego fueron investigadas por evasión mediante facturas apócrifas, lavado de dinero, información errónea, incumplimientos contables y fraudes aduaneros.
Este régimen fue presentado como promesa de promover la actividad emprendedora, facilitar la creación de empresas y la generación de empleo. Sin embargo, la experiencia durante su corta vida dejó en evidencia que más de la mitad de las SAS inscriptas durante el período no declaró tener trabajadores o trabajadoras contratados. Este nuevo tipo societario constituye un peligroso instrumento para la comisión de delitos económicos.
"La ecuación es sencilla, los grupos criminales requieren de mecanismos para poder 'lavar' los fondos ilícitos que adquieren del delito y poder reingresarlos a la economía formal. Una manera de lograrlo es a través del uso de personas jurídicas, y cuanto más liviana sea la regulación, menor el control de legalidad del Estado, más preciado será su valor en el mercado delictivo", señala María Eugenia Marano, abogada especializada en prevención de lavado e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).
"Este esquema deroga la facultad del Registro Público de efectuar un control de legalidad de las SAS que se presentan (elimina el poder de policía del Estado sobre estas sociedades). De esta manera si, por ejemplo, un narcotraficante condenado presenta una SAS, el Registro la inscribe igual sin efectuar ningún tipo de averiguación ni control sobre este tipo de sociedades", explicó a El Destape un ex funcionario vinculado a este tipo de investigaciones.
Los negocios a sola firma
A través de dos resoluciones generales publicadas esta semana en el Boletín Oficial, la Inspección General de Justicia (IGJ) relanza el sistema de inscripción simplificada y desregulada de asociaciones comerciales. En la Resolución General 12 se permite que las SAS se inscriban sin ningún tipo es objeto especifico ni determinado, sino con un fin genérico que incluye 47 tipos de actividades diferentes que van desde la explotación de Petróleo y Gas hasta un Maxikiosco, pasando por actividades pesqueras, gastronómicas, entretenimiento, hotelera, servicios médicos, entre otras. De este modo, una SAS sirve para hacer cualquier tipo de actividad sin que nadie pueda saber en definitiva cual es el negocio específico para lo cual los socios la constituyeron. Esto favorece que se constituyan estas sociedades para realizar lavado de dinero y todo tipo de actividades delictivas, dado que nadie puede saber a ciencia cierta a que se van a dedicar.
Tampoco se exige un mínimo patrimonial ni el origen de los fondos, dado que sólo se requieren 100.000 pesos al momento de la creación, los que ni siquiera hay que depositar porque se toman a cuenta (como demostración del aporte) el pago de los formularios de presentación y de publicación del edicto. El esquema elimina la obligación de las SAS de presentar sus Estados Contables ante IGJ. Esto dificulta aún más el control y las hace más opacas, dado que no hay información publica respecto de sus movimientos patrimoniales y contables. También se elimina la obligación de presentar una declaración de abogado o escribana que diga que la sociedad tiene una sede real y que esta verificada.
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La IGJ queda al margen de constatar si la sociedad funciona realmente en la sede declarada. Esto favorece obviamente a las sociedades “fantasma” que existen únicamente en los papales que no en el mundo real, de modo que puedan ser utilizadas como instrumentos para ocultar bienes, personas o activos. La creación de este tipo de registros simplificados obedece a recomendaciones de organismos internacionales, los mismos que luego alertan por el alto grado de informalidad y fragilidad regulatoria de los países.
En una investigación realizada por la abogada Marano y el economista e integrante de Futuros Mejores, Tomás Lukin, que fue publicada por la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), se recuerda que el recetario de los organismos multilaterales para la problemática es, como reconoce el propio Banco Mundial, igual para todos los países: "simplificación registral", "facilitación de la creación de start-ups", "reducción de cargas administrativas" o "eliminación de barreras en todos los niveles de gobierno" son parte de las reformas requeridas para ingresar en un sendero de crecimiento económico, creación de empleo, innovación y mejora de productividad liderado por los emprendedores.
Caldo de cultivo de delitos
El correlato de los menores requerimientos y procedimientos para el desarrollo emprendedor es la desarticulación de las herramientas de fiscalización de las obligaciones societarias, tributarias, bancarias y financieras. Entre quienes abrazan el cuarteto neoliberal: desregulación – apertura – privatización – flexibilización, impera al extremo la autorregulación.
Como parte de un proceso generalizado de adopción de las reformas estructurales prescritas desde organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la OCDE) llevado a cabo por la Argentina entre 2016 y 2019, se sancionó la incorporación de un nuevo tipo societario destinado a "facilitar la creación de empresas", "promover la actividad emprendedora" e "impulsar su expansión internacional": las sociedades por acciones simplificadas (SAS).
La Ley de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE) estableció que las SAS se constituyan en 24 horas, en forma electrónica, a bajo costo y con escasos requisitos formales a lo largo de toda su existencia. "La laxitud y opacidad que ofrecen las SAS las ha convertido en uno de los vehículos legales predilectos entre la criminalidad económica", señala el informe de la fundación FES, que identifica algunas maniobras salientes:
- Evasión mediante facturas apócrifas: La AFIP afirma en su Plan Estratégico 2021-2025 que las SAS se transformaron en el vehículo legal más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, una de las maniobras de evasión tributaria más extendidas del país (AFIP, 2022). De acuerdo con los datos del organismo, las SAS representaron el 33 por ciento de las empresas generadoras de facturas apócrifas en 2018 y superaron el 70 por ciento durante 2019.
- Lavado de dinero: A partir de la cantidad y magnitud de los Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos sobre maniobras realizadas a través de SAS, la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, las identificó oficialmente como el vehículo legal más riesgoso para las maniobras de lavado.
- Información errónea: En el 99 por ciento de los casos en los cuales la IGJ realizó visitas de inspección a la sede social de una SAS denunciada por irregularidades, encontró que la empresa investigada no tenía allí su domicilio y que ni el encargado de la propiedad ni los vecinos conocían a la persona jurídica ni a sus integrantes (Ricardo Nissen, 2023). La IGJ también determinó que, en muchos de esos casos, la dirección de la sede social era equivocada, incompleta o inexistente. La autoridad de control de la Ciudad de Buenos Aires informó que recibió gran cantidad de denuncias o pedidos de investigación efectuados por jueces penales, laborales o civiles, así como del Banco Central, sobre determinadas SAS que, al poco tiempo de su registración, habían desaparecido de su sede social.
- Incumplimientos contables: De acuerdo con la IGJ, apenas 35 por ciento de las SAS constituidas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2021 requirió la habilitación parcial de sus libros sociales y contables mientras que solo 5 por ciento rubricó la totalidad de sus obligaciones previstas en la ley 27.349.
- Fraudes aduaneros: La Dirección General de Aduanas (DGA) informó en mayo de 2023 que suspendió la posibilidad de operar en comercio exterior a setenta SAS tras detectar irregularidades entre los montos de venta reportados y sus acreditaciones bancarias.
No cumple lo que promete
La información presentada por la AFIP muestra que el 76 por ciento de todas las SAS se concentra en apenas cinco provincias. El 29,3 por ciento de todas las SAS constituyó su sede social en la provincia de Córdoba; el 19,8 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires; 12,4 por ciento en la provincia de Buenos Aires; 10,6 por en Mendoza, y 3,9 por ciento en Santa Fe. El resto de las SAS se distribuye entre las demás jurisdicciones.
El hecho de que la provincia de Córdoba concentre la mayor cantidad de SAS del total nacional, se explica por dos factores. "En primer lugar, el compromiso asumido con la proliferación del nuevo instrumento por las autoridades provinciales (publicidad, digitalización y simplificación). Y, en segundo término, por la ralentización observada desde 2020 en la creación de SAS en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe a partir de la decisión de los organismos pertinentes de endurecer controles sobre ellas. Como parte de ese proceso, también se registró un desvío en materia de creación de sociedades hacia Córdoba", destaca el documento de la FES.
Las sociedades creadas tampoco tuvieron un impacto significativo en la creación de empleo. Los datos aportados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social muestran que, en septiembre de 2022, unas 112.000 personas se encontraban empleadas por 16.900 SAS. En otras palabras, más de la mitad de las SAS no declara tener trabajadores o trabajadoras contratados.
Los registros de la AFIP evidencian que, a fines de abril de 2023, existían más de 3000 sociedades con plantillas acordes a empresas medianas y grandes. Los datos de la autoridad tributaria, correspondientes a un periodo posterior al reportado por el OEDE muestran que 6 por ciento de las SAS concentra el 62 por ciento del empleo asociado a esta forma jurídica prevista para los emprendedores.
La proliferación de abusos canalizados a través de ese tipo de empresas no puede ser abordada sin una reforma estructural que permita pasar de una política de mitigación de daños a un esquema donde no se promuevan las maniobras abusivas y, como postulaba el proyecto de ley original, se "apoye la actividad emprendedora y su expansión internacional". Dado que la promoción de la actividad económica en el sector real no es el objetivo regente de este Gobierno, el esquema de SAS vigente desde el lunes volverá a abrir la puerta a nuevas figuras delictivas.
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