Trabajadores de privatizadas reclaman por una deuda que ya lleva tres décadas

Trabajadores que se desempeñaban en diferentes empresas públicas del país al momento de las privatizaciones en la década del ‘90, reclaman acceder a una reparación indemnizatoria por haber quedado excluidos del programa de participación accionaria que se fijó por entonces, en un contexto de despidos masivos y mayor precarización laboral. Al respecto, ex empleados de las firmas SEGBA (energía) y ENCOTEL (correo) se manifestaron en el Congreso para exigir que avancen proyectos legislativos que podrían beneficiar a unos 40 mil trabajadores. Por su parte, el dirigente sindical Hugo Yasky impulsa un proyecto en favor de los ex trabajadores de Gas del Estado. 

El Programa de Propiedad Participada (PPP) establecido en el marco de la ley de Reforma del Estado que dio paso a las privatizaciones del menemismo, fijaba que las y los trabajadores de las empresas afectadas podrían acceder de un porcentaje, en torno al 10%, del capital accionario, y definía al universo de empleados en relación de dependencia con derecho de acceso. Sin embargo, a más de treinta años de aquel proceso, ex trabajadores de esas empresas reclaman que quedaron excluidos o fueron incorporados y luego rechazados, por lo que exigen una “reparación histórica” para ellos y sus familias.

Los reclamos actuales tienen antecedentes favorables como la ley 25.471, por la que se reconoció el derecho a percibir una indemnización a ex trabajadores de YPF y las leyes 26.572 y 26.700 de reconocimiento similar para quienes se desempeñaban en las empresas públicas SOMISA y ALTOS HORNOS ZAPLA. Estas leyes hacen eje en la responsabilidad del Estado Nacional de reparar el daño causado a esos trabajadores en el marco del modelo económico implementado en ese período.

Deudas pendientes

Días atrás trabajadores que se desempeñaban en empresas del Estado privatizadas en los ´90 se manifestaron frente al Congreso para exigir el avance de proyectos de ley que buscan reconocer el derecho a un resarcimiento económico por haber quedado excluidos del llamado Programa de Propiedad Participada que establecía un porcentaje de participación accionaria en las firmas vendidas a grupos económicos locales y extranjeros. 

“La Ley 23.696 (Reforma del Estado) establecía que en las empresas públicas ‘sujetas a privatización’ los trabajadores fueran partícipes con un determinado porcentaje del capital accionario. En el caso de SEGBA era del 10%, en Correo del 14%, y en las demás como YPF, SOMISA y otras estatales era otro porcentaje en cada caso. Lo que pasó fue que ante la aprobación de esa ley un montón de gente nos quedamos sin trabajo, directa e indirectamente por ser proveedor de una empresa del Estado, y muchos nunca pudimos entonces acceder a ese programa como nos correspondía”, explicó a este medio Jorge Galati, ex trabajador de SEGBA e indicó que en el caso de esa empresa los afectados son 16 mil trabajadores mientras que en Correo llegan a 20 mil personas.

“En SEGBA nos habían dado un 10%, que era como un paquete accionario que valía tal cantidad de dinero, pero cuando íbamos al Banco de la Nación, que lo tenía bajo resguardo, nos decían que no había nada. Es decir, cuando te echaban de la empresa, con los mal llamados retiros voluntarios que fueron despidos encubiertos, te consideraban sin derecho al PPP, cuando la ley misma decía lo contrario”, amplió Galati.

La actual movilización se da en reclamo por una serie de proyectos de ley presentados en el Congreso que buscan reconocer el derecho a una reparación para las y los trabajadores mediante una indemnización por parte del Estado. En el caso de SEGBA abarcaría a quienes se desempeñaban en relación de dependencia al 31 de agosto de 1992 y en el caso ENCOTEL, a quienes trabajaban al 24 de enero de 1992. “Nos juntamos un grupo de personas y empezamos a caminar el Congreso Nacional, todo estos años se presentaron varios proyectos del Partido Obrero, y hoy tenemos de la senadora Silvina García Larraburu (Río Negro- Frente de Todos) y del diputado Juan Marino (PBA-Frente de Todos) con el apoyo de diputados como Hugo Yaski, Vanesa Siley entre muchas otras firmas de distintos partidos”, indicó el ex trabajador de SEGBA y dijo que a nivel legislativo demandan que se avance “cuanto antes” en  la Comisión de Trabajo para pasar luego a la Presupuesto, considerando que algunos de los trabajadores llegan ya a los 80 años y teniendo en cuenta además la renovación de bancas en el año electoral.

Caso Gas del Estado

En el marco de los reclamos que vienen sosteniendo las y los trabajadores que fueron parte del planten de las empresas estatales previo a las privatizaciones, el secretario general de la CTA y legislador por el Frente de Todos, Hugo Yasky presentará un proyecto de ley para que el Estado Nacional reconozca una indemnización económica a favor de los ex agentes de Gas del Estado (transporte y distribución de gas natural) que no pudieron acceder al Programa de Propiedad Participada (PPT), según pudo saber El Destape.

El proyecto beneficiaría así a las y los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia hasta el 17 de julio de 1992, fecha de la privatización y que fue fijada originalmente como referencia para determinar el universo de empleados incluidos en ese programa, según las leyes N°24.076 y N°23.696.

La iniciativa de Yasky reconoce que, tras concretarse la privatización de Gas del Estado, una serie de resoluciones de los entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, limitaron el acceso de una gran cantidad de trabajadores ya que restringieron el PPT “sólo a los empleados que estuvieran en relación de dependencia al momento de la firma del acuerdo general de transferencia, cuando la ley 24.076 hablaba de un momento anterior”. En otras palabras, se excluyó a trabajadores que fueron despedidos como consecuencia de la privatización, cuando correspondía lo contrario.

Entre los fundamentos del proyecto que ingresaría en breve al Congreso se destaca que el proceso de privatizaciones “implicó no sólo que el Estado dejara de hacerse cargo de dichas empresas sino, principalmente, la transferencia de millones de pesos a los sectores más concentrados del capital, mayoritariamente empresas extranjeras y también grandes grupos locales”.

Negocio de pocos

Luego de asumir la presidencia el gobierno de Carlos Menem inició un programa de privatizaciones cuyas consecuencias se mantienen vigentes en la actualidad. “Con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos mercados para la actividad privada”, explicaron en un informe sobre el tema los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr.

En ese sentido agregaron que “estas políticas públicas generaron mecanismos de transferencias de recursos desde el conjunto de la sociedad, en especial, desde los sectores de menores ingresos y las fracciones menos concentradas del empresariado, hacia la elite económica doméstica, y de consolidación de áreas beneficiadas con ganancias extraordinarias." De allí que el proceso de privatizaciones "deba entenderse como la generación de un nuevo mercado para el sector privado o, en otras palabras, como una “vuelta de tuerca” más en el proceso de desguace del Estado y la sociedad que la clase dominante ha venido aplicando en la Argentina durante las últimas décadas”. 

Los reclamos en cuanto a la situación de las y los trabajadores afectados remarcan que esta política no solo corrió al Estado de su rol central en empresas claves como las de servicios esenciales, sino que transfirió recursos a los sectores más concentrados amparada en discursos de supuesta ineficiencia estatal y déficit público.