Pobreza: el costo de no acceder a derechos en los barrios populares

Los datos difundidos recientemente por Indec dan cuenta de que el 39,2% de las personas del país es pobre, en tanto que un 8,1% no llega a cubrir con sus ingresos una canasta alimentaria, estando debajo de la línea de indigencia. En ese marco, un informe que releva las condiciones materiales de vida en barrios populares del país refleja que el 47% de las familias no tiene acceso a agua de red, solo el 1,5% posee gas natural, un 57% depende de conexiones de electricidad informales y sólo el 36% tiene cloacas. Se suma la mayor exposición a basurales, incendios e inundaciones por el hacinamiento y falta de obras clave.

Los datos se desprenden de un relevamiento sobre las condiciones de vida en asentamientos, villas y barrios populares que están en su mayoría incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El trabajo realizado por la organización La Poderosa indaga sobre el acceso a agua potable, al saneamiento, a la electricidad, al gas, a la conectividad con el objetivo de “visibilizar las condiciones de vida” ausentes en "índices y monitoreos”.

El trabajo hace hincapié en los costos extra que representa para las familias intentar acceder a condiciones más dignas como agua segura, calefaccionarse, evitar que se inunden sus viviendas, limpiar espacios comunes, y se realizó en Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza y La Rioja.

Agua, gas y electricidad

El relevamiento realizado en unas 1.222 viviendas ubicadas en 23 barrios populares de diferentes provincias de la Argentina advierte que en un 47% de los casos las familias se ven obligadas a comprar agua en botella para tener acceso al consumo de este derecho vital. En relación, se señala que “el 63% de las conexiones que brindan agua a las personas que viven en los barrios populares son informales” y “el 15% del total de las viviendas dependen de pozos de agua y camiones cisterna, pero las municipalidades no envían nunca suficientes camiones y el agua no alcanza, de ahí que se enfrentan a la necesidad comprar agua embotellada, resignando otros gastos como ropa o útiles escolares”.

Sobre el gasto que implica para los ingresos de estas familias, el informe detalló que en marzo de este año la botella de agua de 1.5 litros más barata costaba alrededor de $113, por lo que “considerando que una persona necesita tomar dos litros de agua por día significa un gasto de $4.520 por mes, y si se considera que en promedio en cada vivienda hay cuatro personas, eso implica al menos $18.080 por mes para que las familias de sectores populares puedan acceder a agua para cocinar y beber”.

Por su parte, el 95% de las viviendas no tiene conexión de gas natural, y peor aún “un 15% no puede permitirse gastar en leña, carbón, una estufa eléctrica o una garrafa para calefaccionarse” y suplantar de esa manera la falta de acceso por red. Sobre el costo de una garrafa que es lo que se emplea en el 83% de los casos relevados, el informe Parece elemental indica que “a inicios de 2023 el precio de cada garrafa rondaba los $1500 a $3000” para una familia, gasto que se multiplica por tres o cuatro en un mes en espacios como comedores y merenderos. 

En cuanto al costo de la leña, otra alternativa a la que suele recurriese cuando golpea el invierno, se indica que “en 2022 en barrios como Fiske Menuco (Río Negro) el precio de unos ocho atados de leña, necesarios para pasar el mes en temperaturas bajo cero, costaba alrededor de $20.000”. Además hay familias que por no tener acceso ni a gas ni a electricidad ni a leña, “se calefaccionan directamente poniendo basura en sus braseros”. 

En el caso del acceso al tendido eléctrico, el panorama relevado no es diferente. Las conexiones formales se reducen a menos de la mitad en las viviendas (43%) y para la mayoría que depende de conexiones informales (57%) la cotidianeidad está atravesada por cortes intermitentes que queman los electrodomésticos, peligros ocasionados por cables y postes en mal estado, y pérdida de los alimentos por problemas con la refrigeración diaria. 

Las viviendas tienen en su mayoría conexiones sin medidor (48%) y otras utilizan un medidor comunitario (5%). Entre las primeras, un 34% comentó haber sufrido pérdidas de electrodomésticos en el último año, y más grave aún, quedar a merced de recurrentes incendios debido al uso de braseros y velas. En los barrios más pobres del país “casi 1 de cada 10 viviendas sin medidor sufrió al menos un incendio por causas eléctricas en el último año”, detalló la información difundida por medio de El Gato y La Caja. 

Alumbrado, cloacas y conectividad

El relevamiento realizado por el Observatorio Villero de La Poderosa da cuenta además de que el 46% de las familias encuestadas vive a menos de 500 metros de un basural y el 15% a menos de dos kilómetros. 

Otra problemática que afecta a las viviendas son las frecuentes inundaciones. Los datos indican que aquellas que cuentan con red cloacal pública se inundan en un 18%, las que dependen de red cloacal vecinal lo hacen en un 26%, las que tienen cámara séptica en un 14% y las que dependen de un pozo ciego en un 27%. “El Estado llega después, en acciones a cuentagotas, si es que llega. Siempre llegan primero las lluvias. Al no poseer sistemas pluviales formales (solo el 36% de las familias relevadas tiene acceso a cloacas), las viviendas, calles y pasillos colapsan, no solo por el agua sino también por los residuos cloacales”, alertó el documento.

Al indagar sobre la existencia de alumbrado público se muestra que “más del 75% tiene alumbrado en su cuadra y el 46% tiene veredas”; no obstante, en gran medida fueron los propios vecinos y vecinas quienes se hicieron cargo de las propias obras. “Generación tras generación venimos construyendo hacia arriba o hacia los costados, parcelando el espacio con nuestras propias familias porque es muy difícil mudarse o alquilar”, expresaron desde la organización social.

Finalmente, el informe advirtió que el 53% de las viviendas cuenta con acceso a internet de banda ancha para estudiar, trabajar o entretenerse. Sin embargo el 70% de las familias no posee computadoras o dispositivos similares. Desde la pandemia “se construyeron de manera autogestiva nodos de conectividad y redes Wi-Fi comunitarias” ya que “el analfabetismo digital obstaculiza el desarrollo educativo de nuestras niñas, niños y adolescentes”, y además “sin conectividad acceder y gestionar trámites de servicios sociales elementales o el mero acceso a información se torna muy difícil. Escribir y leer este mismísimo informe, sin ir más lejos, puede ser imposible”.