Es un efecto colateral de la pobreza. Hasta una consecuencia lógica. Si a ocho de cada diez personas con trabajos formales no le alcanza un salario para a adquirir una canasta básica familiar, la diferencia para llegar será, en un primer escenario, el crédito. A partir del arribo de la pandemia y el congelamiento de la actividad para reducir los contagios, muchos hogares vieron reducidos o eliminados sus ingresos y, en muchos casos, terminaron recurriendo al crédito. La expectativa entonces era que la recuperación económica trajera la holgura necesaria para hacer frente a los compromisos postergados. Sin embargo, las familias hoy siguen pagando a crédito la comida y la irregularidad de los bancos más que se duplicó en un año, pasando de 2,6 por ciento de la cartera en enero del 2020 al 6,1 por ciento este año.
Esta es una parte del problema. La segunda tiene que ver con los créditos no bancarios, ya sea a través de aplicaciones de celulares, cuevas crediticias y hasta el mercado negro de dinero que presta a cortísimo plazo y obliga a realizar pagos semanales para evitar "aprietes". A esta situación llegan familias que trabajan en la informalidad y no pueden acceder a un crédito bancario; pero también aquellas que utilizan esta segunda rueda de préstamos para pagar los intereses ya comprometidos con el segmento formal.
La falta de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos no sólo es un problema actual sino que conlleva otro de corto (casi inmediato) plazo: la imposibilidad de cancelar el endeudamiento utilizado para llegar a fin de mes.
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La situación empeora teniendo en cuenta el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional de mantener tasas de interés reales positivas (es decir, por encima de la inflación; en marzo con un índice de precios minoristas del 55 por ciento interanual). El ajuste de tasas permite captar ahorro en pesos pero también encarece el crédito bancario y, por contagio, de entidades financieras no bancarias y el del "crédito de la calle". Según estimaciones de distintas consultoras privadas, con sus matices, la mitad de la población adulta aproximadamente no posee actualmente una cuenta bancaria.
En los últimos días ex el ministro de Desarrollo Social y actual diputado (Frente de Todos) Daniel Arroyo volvió a insistir en su proyecto para lanzar crédito no bancario para al segmento de la población de menores ingresos con una tasa de interés anual de 3 por ciento. De acuerdo con las estimaciones realizadas durante su gestión, en plena pandemia, el 83 por ciento de los grupos familiares que cobran Asignación Universal por Hijo (AUH) tomó un crédito de la ANSES.
Se trata de un universo de casi 4 millones de beneficiarios, de los cuales 2,3 millones están con deudas. En ese momento se entregaba un préstamo por 12 mil pesos que ANSES daba a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. De los 9 millones de personas que recibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el gobierno estima que un tercio volvió al trabajo, otro tercio se está insertado de alguna manera bajo algún programa oficial y un tercio se mantiene todavía fuera del sistema (es decir, no recibe un ingreso permanente).
Solo en el sector formal, ocho de cada diez trabajadores o trabajadoras que perciben un sueldo que no llega cubrir la canasta básica de una familia tipo de cuatro integrantes, que supera los 80 mil pesos. Esto impide cualquier tipo de ahorro en los hogares, una condición para destinar una parte de los ingresos familiares para repagar la deuda. De acuerdo con las cifras del Banco Central, la tasa de prestamos personales se ubica en el orden del 59 por ciento anual de tasa nominal para las tarjetas de crédito, que se traduce en una tasa efectiva por intereses compuestos y comisiones que va de 65 al 85 por ciento para refinanciar los saldos impagos.
Ya fuera del sistema, las familias acuden a opciones alternativas de financiamiento que suelen ser aún más onerosas, pero tienen la facilidad de la inmediatez y la carencia de un análisis crediticio. Estas personas son captadas por empresas no reguladas por la autoridad monetaria de la misma manera que los bancos (fintech, cooperativas y mutuales, leasing y factoring, emisoras de tarjetas no bancarias y casas de venta de electrodomésticos, entre otras), que cobran tasas usurarias y hacen casi imposible su repago y entonces vuelven a refinanciarse los saldos con ajustes todavía más onerosos.
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La tasa nominal anual promedio que aplican las entidades no bancarias que relevó el BCRA se ubicó en un 93 por ciento, aunque en el caso de las fintech llegaron a cobrar hasta un 132 por ciento. A la hora de solicitar y comparar entre préstamos bancarios o no bancarios es preciso considerar el costo financiero total, que incluye las comisiones y los gastos por todo concepto. "Las comisiones para las tarjetas de crédito aumentaron significativamente en el período", señaló el informe del BCRA sobre las condiciones crediticias del primer trimestre del 2022.
Esta suba del costo se da en el marco de una política de ajustes de la tasa rectora del sistema financiero que aplica el Central para cumplir con el compromiso con el FMI de mantener rendimientos por encima de la inflación para captar depósitos y quitarle presión al dólar. El riesgo es que se enfríe la economía.
A mediados del año pasado se reactivó el crédito a tasa cero que se había lanzado en el 2020 --plena pandemia--, donde el Estado ya volcó más de 500 mil préstamos a autónomos y monotributistas. El problema, además de la condiciones para acceder, está en que aún sin intereses o "tasa cero", el crédito se vuelve impagable si todos los meses sus ingresos pierden poder adquisitivo.
Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) destacó que los ingresos de los asalariados retrocedieron en participación el Valor Agregado Bruto (VAB), al pasar de 51 por ciento en 2016 al 42,7 por ciento este año. "Si miramos solo los trabajadores del sector privado, en 2016 la participación salarial representaba el 42,5 por ciento del VAB. Para 2021 esta relación se redujo al 34 por ciento, una caída de 8.5 puntos en cinco años", sostuvo el documento realizado por los economistas Nicolás Oliva y Alfredo Serrano Mancilla.
Entre 2016 y 2021, la masa salarial en la economía creció 335 por ciento mientras que los precios aumentaron 474 por ciento y los beneficios empresariales 523 por ciento. "Entre 2020 y 2021 (medido hasta febrero) la masa salarial creció 42 por ciento, los precios lo hicieron un 52 por ciento y la ganancia empresarial aumentó 75 por ciento", explicó el informe. La única forma de sacar de la pobreza a los hogares y, por consiguiente, desendeudarlo es mejorando la distribución de la torta de crecimiento de la actividad y evitar que la pobreza siga siendo un negocio para pocos.
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