Luego de la confirmación de que los alimentos se incrementaron 60% en los últimos doce meses, se profundiza el debate para mejorar de forma veloz los ingresos. De liberarse a libre albedrío, la capacidad de compra de las familias volverá a caer en todos los casos en que las paritarias no cierren por encima de esa pauta en caso de que se mantenga la presión de los precios. Especialistas plantean diversas políticas que colaboren en mitigar esta pérdida y hasta den el puntapié para que se revierta.
El sector alimenticio estuvo en el podio con las mayores alzas en marzo, con un 7,2%. Nuevamente cerró por arriba del IPC (6,2%), tal como sucedió en febrero, cuando la comida subió 7,5% y el nivel general un 4,2%.
“Un importante paliativo sería un bono de $ 20.000 como adelanto de la negociación colectiva”, propuso Nicolás Segal. En un informe que hizo en la Fundación Germán Abdala en base al IPC del Indec, reforzó que el impacto de este tipo de medida puede en parte compensar el efecto asimétrico del proceso inflacionario, que pega con más fuerza en la comida. “Dado que los sectores de menores ingresos destinan mayor parte de su consumo en alimentos, que estos suban más que los demás precios implica que el tipo de inflación que hoy se está propagando impacte relativamente más en quienes menos tienen”, analizó.
Sumado a eso, primeros deciles han visto erosionarse el efecto de los bonos de suma fija de $ 4.000 de febrero 2020 que luego se incorporaron al salario. El monto de entonces, que incrementó en un 9,7% el salario más bajo, en abril apenas representa un 3,9%, de acuerdo a los cálculos de Segal. “Por esta razón, quienes se beneficiaron de la suma fija a principios de 2020 hoy están siendo más castigados”.
De esta manera, un incremento de suma fija de $ 20.000 permitiría preservar lo recuperado al final de 2021. Con esto, plantean desde la Fundación Germán Abdala, se volvería al menos a que la discusión de 2022 tenga el punto de partida de 2020, lo que protegería al mismo tiempo a los sectores que más sufren la inflación actual.
Luego de eso, dada la perspectiva de inflación de un 60% para 2022, acuerdos que impliquen un salario promedio menor a ese guarismo van a extender la pérdida salarial, que viene sin ganarle desde 2016. Por lo tanto, el economista planteó la necesidad de que los sindicatos cierren luego paritarias por encima.
La consultora Sarandí planteó dos posibilidades para apuntalar la trama distributive: un shock de salarios y una expansión del gasto en políticas alimentarias. Un aumento para todos los trabajadores privados se podría implementar por decreto, como se hizo efectivo en el inicio de la actual gestion y 2004. “Para que no sea un efecto efímero, podría tratarse de un monto remunerativo, a cuenta de paritarias futuras”, coincidió.
Si bien admitió Sarandí que con $ 10.000 se trataría de una medida módica, proyectó que este monto produciría una expansión superior a los $95.000 millones si se incluye a los trabajadores del sector público. Para comprender la dimensión, equivale al 0,15% del PBI.
Un paliativo de lógica similar se aplicó estos dos años en materia previsional a partir del otorgamiento de bonos para jubilados y pensionados que ejecutó la ANSES a manos de Fernanda Raverta y Santiago Fraschina. “Si bien el mecanismo no es ideal, por lo menos sostiene parcialmente el poder adquisitivo de los ingresos”, aclaró la consultora.
En cuanto a la incidencia, una suba automática de $10.000 representaría un salto (hoy) de 8,7% sobre el salario medio y de hasta el 25% sobre el salario mínimo. “Obviamente en un entorno inflacionario tan acelerado todo es insuficiente, pero sancionar una suba por decreto podría dar una señal al sector privado sobre la voluntad firme de que la apropiación del fruto del crecimiento económico también participe a los sectores de ingresos fijos”, enfatizó. “La torta hoy crece, pero la puja distributiva no se resuelve adecuadamente. Esto produce un daño social”, esgrimió.
Otra medida relevante para el corto plazo sería aumentar la cantidad de recursos transferidos por el Estado al sector privado bajo mayor vulnerabilidad. Hoy, el fisco presenta una mejora de sus niveles de recaudación por el fruto de la recomposición de la actividad y los mejores precios internacionales de las exportaciones argentinas, que permiten recaudar más derechos de exportación.
“El diferencial sería suficiente para el bono de abril a los jubilados, además de un aumento de emergencia por única vez del 50% para la AUH y la Tarjeta Alimentar y para fortalecer otras partidas de política alimentaria, como los fondos para comedores comunitarios. Aún así, quedaría un saldo remanente superior a 0,1% del PBI para cerrar la brecha fiscal, en el marco del compromiso del programa con el FMI”, calculó Sarandí.
La situación socioeconómica es urgente, y la agudización de la crisis de ingresos hoy se explica casi totalmente por un factor externo sobre el cual Argentina no puede influir, como es la guerra en Ucrania. Apuntalar los ingresos se plantea entonces como una alternativa más que viable para evitar un recrudecimiento de los números de pobreza e indigencia. De acuerdo a este studio, el fenómeno que sería totalmente incompatible con una economía en crecimiento y con empleo en recuperación.
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“Una medida inteligente es hacer aumentos de suma fija”, había propuesto Emmanuel Álvarez Agis. En Radio Con Vos, el director de la consultora PxQ aclaró que “el crecimiento depende de cómo se mueva la paritaria y la política de ingresos”.
“Para mejorar la situación, como empresarios PYMES, o bajamos los costos o subimos los ingresos. Es fundamental bajar los costos en la alimentación, vivienda, educación; todo lo que hace a la vida del ciudadano”, propuso Daniel Moreira. El empresario del Frente Productivo Nacional especificó que, sea cual sea la definición, “las medidas tienen que venir de la mano de una decisión política e intervención del Estado fuertes”.
“Las políticas tienen que estar orientadas a que el mango que le quede a las personas lo reinvierta en el mercado interno, y ese precise más producción y esa fabricación genere más trabajo”, enunció a El Destape. Recordó que por esta vía caminó Néstor Kirchner para salir de la crisis de 2001, cuando subsidió con firmeza al consumo con un shock de ingresos.
“El problema es que hoy esa transferencia se lo aspiran las grandes corporaciones”, alertó. Por eso explicó que debe haber una fuerte intervención política para evitar que los ingresos adicionales que ponga el Gobierno para que las familias lleguen a fin de mes no se lo lleven las empresas concentradas de alimentos, telecomunicaciones y supermercados. “Ahí tiene que tener una pata muy sólida de representación ciudadana”, remarcó.
“No hay ni puede haber un plan económico exitoso por más bien concebido, si no hay un soporte político que le de consistencia, coherencia a la gestión y fortalezcan los niveles de decisión y ejecución”, coincidió Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central y director ejecutivo de la ANSES.
Tras el discurso de Cristina Kirchner en el encuentro del EuroLat “Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz”, Hernán Letcher propuso que debería haber un incremento salarial de 7% en promedio para que los trabajadores recuperen el aporte que realizaron en productividad. “Sería una medida justa y con un impacto económico positivo para consolidar la recuperación. Es clave acompañar los esfuerzos anti-inflacionarios con apuntalamiento de los ingresos”, reforzó.
El director del centro CEPA cotejó del INDEC que la productividad laboral se mantiene un 7% por encima de los niveles pre-pandemia. Al compararlo con la variación de precios y salarios, explicó que “la totalidad de los trabajadores (registrados y no-registrados) no sólo no lograron aumentos por encima de la inflación, sino que no obtuvieron ninguna retribución por los aumentos de productividad”.
“Toda medida para contener el avance de los precios en un contexto de shock externo es insuficiente, o tiene falencias o es de difícil implementación”, aclaró Sergio Chouza. El economista planteó que “lo que no puedas hacer por la política de control para establecer acuerdos y fijar canastas que establezcan referencias efectivas tenés que hacerlo por el pilar de los ingresos. Así podés minimizar bastante trabajando los dos pilares en paralelo”.
“La posibilidad que se baraja de un nuevo IFE es focalice correctamente, a diferencia de una quita de IVA de los productos de la canasta básica”, le dijo a este medio. “Hay que trabajar en las políticas de ingresos, desde ya”, afirmó.
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