La decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo de canalizar una parte de los préstamos productivos a través de una plataforma financiera electrónica como Ualá generó un fuerte repudio a los trabajadores del sector bancario y abrió un debate sobre el rol de este tipo de entidades. El titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri, acordaron destinar 1000 millones de pesos, a través de un fondeo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para fortalecer la inclusión de microcréditos de la compañía destinados a la realización de inversiones productivas y promover el acceso al financiamiento de más personas. El canal de acceso será a través de esta fintech que promete manejar todas tus finanzas desde una app y una tarjeta.
“Es importante que podamos lograr que las empresas más chicas, los comercios, las pequeñas industrias accedan al financiamiento de manera ágil y a menores costos; y que las instituciones financieras empiecen a ampliar su abanico de clientes para impulsar el acceso de más personas a mejores opciones de financiamiento”, argumentó Kulfas. Si bien no quisieron dar declaraciones, este medio pudo saber que se trató de una propuesta que la firma fintech elevó a Desarrollo Productivo, lo que le permite poner un pie en la actividad bancaria.
Desde el gremio La Bancaria, el diputado nacional del Frente de Todos y titular del gremio , Sergio Palazzo, salió al cruce y calificó como "inadmisible" el entendimiento al que arribó la cartera que conduce Kulfas. "Manifestamos nuestra profunda preocupación por la decisión del Ministerio de Desarrollo Productivo en la que acuerda una línea de crédito para pequeñas empresas a través de la aplicación Ualá", comenzó el comunicado emitido por el gremio que lidera Palazzo. Consultados por El Destape, la empresa no quiso hacer declaraciones sobre el comunicado.
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El gremio de los bancarios consideró "inadmisible que en lugar de canalizar la inclusión financiera y los créditos de las Pymes a través de la Banca Pública, y dentro del sistema, se realice este convenio con una empresa totalmente informal que ni siquiera es un banco, y se destinen millones de pesos para tal efecto".
A partir de este convenio, Ualá otorgará créditos a quienes desarrollen actividades productivas, que irán desde los 5000 hasta los 200.000 pesos por beneficiario, a una tasa de interés fija del 40 por ciento, en un plazo de hasta 18 meses. Los créditos serán destinados a financiar la compra de herramientas, materiales e insumos.
Dado que este tipo de entidades no están autorizadas para realizar intermediación financiera (es decir, captar depósitos), los fondos provendrán del FONDEP. El Ministerio de Desarrollo Productivo instrumentará un préstamo de hasta 1000 millones de pesos para Ualá, que se podrá monetizar en hasta tres desembolsos, los cuales serán solicitados por la entidad de acuerdo con el grado de colocación de la línea de créditos destinados a la realización de inversiones productivas.
"Una decisión económica estratégica de orden nacional no debe ser realizada a través de una aplicación. Esas operaciones de alta relevancia para la economía de nuestro país deberían ser canalizadas únicamente y como corresponde, a través de la Banca Pública, cuyas cartas orgánicas establecen entre sus fines principales atender las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas", apuntaron desde el gremio La Bancaria en un breve comunicado.
El argumento oficial está vinculado al fácil acceso que permite este tipo de plataformas, lo que a su vez abriría una puerta a una mayor inclusión financiera de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, aunque se haya mejorado la registración y la regulación de la actividad de las fintech, estas aún operan en grises legales sobre los que apunta el sector bancario formal.
Desde mediados del año pasado, el Banco Central inició una serie de inspecciones a un grupo de fintech que se ofrece como vínculo para financiar proyectos de inversión utilizando criptoactivos como canalizador del ahorro. Buscaban determinar si están realizando intermediación financiera no autorizada. La ley de Entidades Financieras delega en el BCRA la potestad de requerir información cuando existe la sospecha de que una persona o empresa está realizando tareas de intermediación financiera y, de corresponder, dispone el cese inmediato y definitivo de la actividad y aplicar sanciones. El año pasado la autoridad monetaria impuso sanciones a siete fintech: Smart Cash, Punto Click, Patagonia Cred, Efectivo Urgente, Wenance, Wenance Credit Argentina y Wenance Inversiones AAGI. En este caso no habría intermediación ya que los fondos los aportaría Desarrollo Productivo a través del FONDEP:
Por la proliferación de estas entidades no bancarias, el Central comenzó a regular parte de su funcionamiento. Desde diciembre del 2020, en pleno auge de estas entidades ante las dificultades para acercarse a un banco físicamente producto de las restricciones de ese año por la pandemia, hizo obligatoria la inscripción en el "Registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito".
El registro recae en toda entidad no bancaria que haya otorgado financiaciones por un importe superior a 10 millones de pesos, reciban o no asistencia de entidades financieras, independientemente de si la oferta de crédito la realizan de manera presencial o mediante medios electrónicos o remotos. La inscripción no implica autorización para realizar operaciones de intermediación financiera, captación de recursos del público, realización de publicidad o uso de denominaciones reservadas a entidades bancarias.
En enero del año siguiente, se dispuso que estas proveedoras deberán sujetarse a las normas dispuestas en el Texto Ordenado del BCRA sobre “Tasas de Interés en las Operaciones de Crédito”, en particular, aquellas relativas a la publicidad y formas de expresión de las tasas. Y en febrero, quedaron incluidos como “Sujetos Obligados” en el marco de lo dispuesto por el régimen de “Protección de los Usuarios de Servicios Financieros”. Finalmente, en marzo del 2021 se las incluyó como sujetos obligados a informar lo previsto en las secciones "Reclamos” y “Transparencia" del Régimen Informativo Contable Mensual de las normas del BCRA.
En Argentina, según estimaciones privadas, aproximadamente la mitad de la población no posee una cuenta bancaria. Parte de lo revolucionario de las fintech está en permitir una bancarización más sencilla, ágil y amigable con el usuario de servicios financieros, con menores trámites burocráticos. Sin embargo, para el caso de los préstamos al público, la experiencia no es tan feliz. Según el último informe del Central, la tasa nominal anual promedio que aplican las entidades no bancarias se ubicó en la primera parte del año en 93 por ciento, aunque en el caso de las fintech llegaron a cobrar hasta un 132 por ciento.
En los últimos doce meses (medido de enero 2021 a enero 2022), las entidades financiera no bancarias registraron ingresos por intereses por un total 80.368 millones de pesos, lo que les permitió a este segmento acumular en ese lapso un margen financiero 29.961 millones de pesos. No obstante, aducen en el informe sobre bancos del BCRA haber tenido en ese período un resultado negativo de 6030 millones de pesos.
El ingreso por intereses responde a que la mora en la cartera de este tipo de entidades (fintech, cooperativas y mutuales, leasing y factoring, emisoras de tarjetas no bancarias y casas de venta de electrodomésticos, entre otras) es alta (6,4 por ciento) y llega a superar la media del sistema.
Es un círculo vicioso que se inicia con personas que no tienen respaldo para financiarse en el sistema tradicional, son captadas por empresas no reguladas que cobran tasas usurarias y hace imposible su repago y entonces vuelven a refinanciarse los saldos con ajustes todavía más onerosos. El resultado, se hace impagable en el corto o largo plazo. En el marco del acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo y la empresa se espera que esos abusos sean controlados dentro del programa pactado.
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