El Gobierno español anunció hoy un paquete de medidas antiinflacionarias por 9.000 millones de euros para contener el Índice de Precios de Consumo (IPC) en 3,5 puntos hasta fin de año, y el proyecto de creación de un impuesto para gravar los beneficios de las grandes empresas energéticas.
El presidente de España, Pedro Sánchez, afirmó que las mismas tendrán vigor hasta el 31 de diciembre y suponen un esfuerzo presupuestario “extraordinario” de 5.500 millones de euros en gasto para proteger a familias y empresas, y 3.500 millones en rebajas fiscales.
Al cabo de 2022 se habrá invertido cerca de 15.000 millones de euros en proteger a familias y empresas, más de un punto del Producto Interno Bruto (PIB) español, según la agencia de noticias DPA.
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Entre las nuevas medidas, figura la reducción a partir del 1 de septiembre de 50% en el precio de todos los abonos de empresas de transporte estatal y 30% para los abonos de los transportes que dependen de alcaldías y comunidades autónomas, descuento que pueden ampliar con recursos propios hasta 50%.
También se destaca el aumento de 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, lo que supone un incremento de 60 euros al mes; una ayuda de 200 euros a autónomos y desempleados de bajos ingresos; y la reducción de 10 a 5% del IVA en la factura de electricidad.
En tanto, se mantiene el resto de medidas relacionadas con la electricidad, como la ampliación del descuento del bono social, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción y la reducción al mínimo del impuesto de la electricidad.
En cuanto a combustibles, se sostendrá la reducción de 20 centavos en el litro hasta fin de año.
Por otra parte, Sánchez anunció un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto para gravar “los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas”, tributo que entraría en vigor en enero de 2023.
El nuevo impuesto a empresas energéticas busca “garantizar un reparto justo de recargas” y “sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros países del entorno y atiende a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea y el FMI”, remarcó.
Sánchez aclaró que se están “estudiando” los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea y añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, “es un ejemplo” a seguir.
Las cargas ocasionadas por el conflicto en Ucrania deben “distribuirse con justicia, aportando más quienes están en mejores condiciones”, planteó el presidente español, y concluyó: “Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y contribuir más al sacrificio colectivo”.
Con información de Télam
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