El programa político económico de La Libertad Avanza de Javier Milei y Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich en estas elecciones 2023 retoman las directrices instituidas durante los dos gobiernos de Carlos Menem, la primera Alianza y lo ejecutado por Mauricio Macri: desregulación económica, reforma laboral, la retirada del Estado en las áreas claves de la economía, endeudamiento, eliminación de las retenciones a los sectores agroexportadores y la dolarización, que se mira en el espejo de la convertibilidad.
Las patronales agrarias, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales (CRA), aplauden. Su prédica es que sin impuestos ni las regulaciones del Estado, “el campo” estaría mejor. Pero no todos son el campo. En la década del ’90, los pequeños productores fueron enviados a la quiebra por sus deudas con el Banco Nación. La tenencia de la tierra quedó en manos de pocos y se expulsó a los chacareros. Los pooles de siembra festejaron. Al mismo tiempo, las grandes exportadoras y empresarios del rubro fueron actores centrales en el proceso de fuga de capitales analizado por la Comisión Bicameral del Congreso. Eso sí, Menem había privatizado los puertos a favor de las cerealeras y las retenciones fueron reducidas a cero.
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La historia también refuta a los libertarios y cambiemitas por lo ocurrido durante los gobiernos kirchneristas (2003–2015). Con retenciones a las principales materias primas, y otras regulaciones sobre el comercio exterior, hubo una mejora en los rendimientos por hectárea y se superaron las 100 millones de toneladas. Las economías regionales crecieron un 50% en su producción. Y si se analiza la etapa post conflicto Resolución 125, el incremento de los préstamos de la banca pública fue de 78, por ciento.
La desregulación económica, la eliminación de instrumentos pensados para desacoplar precios internacionales de los locales, una baja masiva de impuestos y la dolarización, como pregona Milei y festejan los ruralistas, constituyen los pilares de un nuevo plan de miseria planificada.
La dolarización en el espejo de la convertibilidad
Menem había prometido una revolución productiva, al mismo tiempo en que pregonaba un fuerte incremento de las exportaciones del agro para financiar una suerte de relanzamiento industrial. Para Mabel Thwaites Rey, autora del libro “La (des)ilusión privatista. El experimento neoliberal en la Argentina”, con la ilusión de la tierra prometida, el gobierno de entonces avanzó con las privatizaciones, la desregulación del comercio exterior, un nuevo régimen de inversiones extranjeras, y la supresión de los impuestos relacionados al sector agropecuario. Y la convertibilidad como mantra.
El resultado final –más allá de los años en los que se registró un crecimiento del PBI- fue la destrucción del entramado industrial, la importación masiva de productos de consumo (todo por dos pesos). En el sector agropecuario, quienes salieron ganando fueron los llamados pooles de siembra a fuerza sojización.
La soja es un cultivo que puede combinarse con maíz, por ello su mayor incidencia en el valor de la tierra maicera que la triguera. Durante el período menemista, el precio de esta tierra aumentó un 112%, situación que impactó en el valor patrimonial de los dueños de los campos. Con el avance de la oleaginosa, hubo un retroceso en la producción de maíz y trigo. Pero también hubo un fuerte impacto sobre los cultivos industriales, como frutas, hortalizas y legumbres.
Es decir, ocurrió una concentración de la tierra como parte del proceso de sojización y, al mismo tiempo, una retracción en la producción de alimentos centrales para el consumo interno.
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El período de la convertibilidad fue la continuidad de la valorización financiera iniciada durante la última dictadura cívico militar. Y en este proceso, las cerealeras exportadoras, como así también los grandes pro empresarios del rubro (Jorge Greogorio Pérez Compac, Horacio Alberto Sánchez Caballero, Alejandro Pedro Angulo, Javier Madanes Quintanilla, entre otros) ocuparon un lugar clave en el proceso de fuga de divisas.
Según determinó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados (2001), las empresas agropecuarias locales, sumado a los empresarios y las exportadoras, representaron el 24,3 por ciento del total de fuga de capitales del período analizado.
Los perdedores del modelo de convertibilidad fueron los pequeños productores que no pudieron competir contra los pooles de siembra, muchos de ellos empujados a la quiebra por la inviabilidad productiva de sus unidades rurales. La dolarización que propone Milei, sumado a la eliminación de las regulaciones sobre el comercio exterior, encuentra sus huellas en lo sucedido durante los ’90.
La era maldita que no lo fue
El kirchnerismo no tuvo una relación sencilla con el sector agropecuario. El conflicto por la Resolución 125 marcó un punto de inflexión en eso que Cristina Fernández de Kirchner llamó la batalla cultural. Se pusieron sobre la mesa los nombres y apellidos del poder real. Se los interpeló de manera directa y por cadena nacional.
Pero al mismo tiempo, el sector agropecuario creció durante el período 2003–2015. Con retenciones y cupos a la exportación incluidos. Esta parte de la historia refuta los planteos que buscan justificar una nueva transferencia de recursos hacia los sectores concentrados del agro a partir de la eliminación de los diferentes instrumentos de regulación, como son los derechos de exportación.
Durante la era K, la producción de los granos tradicionales, soja, maíz, girasol y cebada, tuvo un incremento de 57 por ciento entre las cosechas de 2003 y 2014. El país pasó de generar 65 millones de toneladas a 105 millones. Este abrupto crecimiento pudo explicarse tanto por un incremento del área sembrada de 22,0 por ciento como del mayor rendimiento por hectárea que tuvo una suba de 28,0 por ciento.
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No solo avanzó la soja, también el maíz. En la cosecha 2003/04, la producción de este cereal fue de 14,9 millones de toneladas. Luego de la crisis de 2008/09, bajó a 13,1 millones de toneladas y luego tuvo alzas y bajas hasta llegar a las 21,1 millones de toneladas en la cosecha 2011/12. Pero en los siguientes dos períodos pegó el salto hasta alcanzar las 33,08 millones de toneladas.
El alza productiva sobre el cierre del gobierno de CFK coincidió con la recuperación del stock ganadero y con un mayor consumo y producción de cerdo y pollos. Esto es relevante ya que el maíz es utilizado como forraje para la alimentación de estos animales.
Durante los tres gobiernos kirchneristas, denostados por la dirigencia rural y los libertarios, la banca pública cumplió un rol diferente al de la década del 90. En conjunto, el BNA y el Bapro financiaron al sector primario con 35.611 millones de pesos en 2015, cuando en 2003 habían prestado tan solo 1866 millones de pesos, una expansión conjunta de 1808 por ciento. El peso de los préstamos de ambos bancos al sector agropecuario pasó de representar el 0,35 por ciento del PBI sectorial al 0,81 por ciento, un incremento de 133 por ciento.
A cada dato le debe corresponder un relato, una narrativa que pueda explicar y desmontar las falacias lanzadas por los sectores que pretenden concentrar aún más la riqueza en unos pocos, mentiras que luego son repetidas hasta el cansancio por sus socios mediáticos.
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