Llegó, les pagó a los fondo buitre, emitió bonos en dólares como ningún otro país en la historia, se quedó sin recursos y acceso al mercado, le pidió auxilio al Fondo Monetario, que le otorgó el mayor crédito desde la creación del organismo, defolteó y se fue. Así de vertiginoso como puede sonar la descripción fue el proceso la política de endeudamiento macrista en apenas cuatro años, que parecieron un siglo, como el bono a cien años que el ex ministro de Finanzas Luis Caputo se animó a lanzar y dejó como herencia para 25 gobiernos posteriores. Este lunes se conoció el cierre del canje de la deuda en dólares que dejó el equipo económico de Cambiemos y comenzó desde el primer día de asunción, incluso meses antes.
El macrismo endeudó al país a un promedio de 32.500 millones de dólares anuales, lo que triplicó del ritmo de emisión que dejaron la dictadura cívico-militar, el menemismo y la Alianza, entre 1976 y 2001. El proceso comenzó a gestarse con reuniones que mantuvo Caputo antes de que asumiera Cambiemos en diciembre de 2015 con representantes de los fondos buitre en litigio, a los que les había ofrecido un rápido acuerdo no bien fuera designado. A los buitres les cumplió. En febrero se anunciaba ya un acuerdo y en marzo, con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores en el Congreso --con la la derogación de la leyes Cerrojo y de Pago Soberano--, se iniciaba la ingeniería financiera y legal para pagarle a los fondos litigantes y así, según se promocionaba el acuerdo, volver a los mercados.
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“Chau default, arranca una nueva etapa”, celebró el ex ministro de ese momento Alfonso Prat Gay al realizarse el pago a los fondos de Singer, Aurelius y demás demandantes originales ante Griesa. Prat Gay, que actualmente se especializa en ofrecer recomendaciones sobre reestructuraciones de deuda, le pagó Elliott Management, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento de sus juicios (que ascendían a 9000 millones de dólares) incluyendo el capital y el interés, además de un pago para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) y costas legales. La supuesta quita que mostraron en ese momento no fue sobre el capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre intereses punitorios y costas legales.
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Todos los bancos que intervinieron se llevaron también su parte: Los coordinadores a nivel global de la operación fueron los holdings bancarios Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, quienes recibieron en conjunto 27 millones de dólares en concepto de comisiones por la colocación, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.
Todo listo para el festival
Para pagarle a los buitres el gobierno macrista realizó una colocación, la primera tras varios años de bloqueo del establishment financiero a la Argentina, cuya figura emblemática fue el juez de Nueva York Thomas Singer, quien mantuvo más de dos años bloqueado hasta el pago de la deuda vigente. La primera colocación macrista fue por 15.000 millones de dólares, de los cuales 6252 millones tuvieron como destino inmediato las cuentas bancarias de los fondos carroñeros. “Este arreglo nos vuelve a conectar con el mundo”, destacó Prat Gay, tras la emisión más grande que un país en desarrollo había hecho hasta el momento.
Si bien esta fue el puntapié inicial para el festival de deuda que encaró el macrismo, desde el Banco Central Federico Sturzenegger ya había hecho punta en el endeudamiento en moneda extranjera. Sin anuncios ni explicación alguna, convirtió deuda intra-sector público (tenencia de Letras del Tesoro Intransferibles) en deuda externa con privados por el equivalente a 16.000 millones de dólares a través de Bonar con vencimientos en 2022, 2025 y 2027. El objetivo es entregar estos títulos a los bancos que aportarán fondos frescos para mostrar aumento de reservas.
Pese a la promesa de una baja sustancial en el costo crediticio, el sendero de rendimientos que ofreció el macrismo fue, luego de haberle pagado a los fondos buitre, apenas un punto por debajo del que había tocado la administración anterior: tasa del 6,75 por ciento para los bonos a tres años, del 7,5 por ciento a cinco años, del 8 por ciento a diez años y del 8,85 a 30 años.
El proceso de endeudamiento se fue acelerando, incluso en la medida en que el futuro se ensombrecía. El desmanejo financiero fue tan brutal que Caputo se dio el gusto de realizar una emisión --a la medida de un fondo amigo-- del "Bono Centenario". En 2017, el único de los cuatro años macrista sin recesión, lanzó un bono a cien años por 2750 millones de dólares en vencimientos y un rendimiento de 7,9 por ciento anual. Así, el macrismo se dio un lujo que solo pueden pagar las economías con cierta estabilidad, como Francia, Bélgica, Irlanda, Suiza e Italia, pero pagando tasas superiores a India o México, mientras el conjunto ofrece hoy tasas negativas.
El resultado de este endeudamiento fue que este año el país detentaba vencimientos de interés y amortización con tenedores privados de 14.500 millones de dólares. Los intereses de la deuda quedaron para este año en 2,8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), llegando casi a triplicar la herencia que dejó el gobierno anterior.
Un informe de Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA) detalla que el aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.808 millones de dólares. Medido en valores constantes de 2018, el endeudamiento público durante la última dictadura militar representó a 10.306 millones anuales, con Alfonsín fue de 9644 millones, entre 1990 y 2001, de 3738 millones anuales, y con el kirchnerismo de 921 millones anuales, de acuerdo con el informe de coyuntura de Cifra. El mismo proceso siguieron las provincias, encabezado por Buenos Aires. Entre 2016 y 2019 el incremento de la deuda de las provincias fue del 542 por ciento, con tres años de desplome de la actividad, detalla un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Entonces tocaron Fondo
En 2018 los mercados le habían cerrado la puertas al macrismo, al denotarse la falta de un esquema que impidiese que el financiamiento se fugara mientras se profundizaba la recesión económica. Pese a que Caputo se jactaba de haber tomado deuda por demás, anticipando este escenario de falta de financiamiento, para mediados de ese año las necesidades financieras colocaron al país en una situación de default. La alternativa fue el pedido de auxilio al Fondo.
En una aporte de campaña extraordinario aprobado por la administración Trump, el gobierno de Macri consiguió una línea de crédito (stand by) de liquidez inmediata por unos 57.000 millones de dólares, de los cuales en poco más de un año el Fondo desembolsó 44.149 millones de dólares, netos de comisiones y reembolsos. De este total, según informó oficialmente el gobierno de Cambiemos en octubre, se aplicaron para pagar deuda, dinero que luego se iba del país. Destinaron 14.256 millones de dólares a pagar letras, 10.459 millones en vencimiento de Bonar, 5427 millones para bonos internacionales en dólares, 293 millones para bonos internacionales en euros y francos, 2579 millones de organismos multilaterales y bilaterales, 1577 millones en Discount, 245 millones en PAR, 253 millones en Bono Plan Gas, 205 millones en "otros", según los datos oficiales.
Al fin del mandato macrista las cuentas ya estaban en default y con casi la totalidad del crédito del Fondo agotado. La principal característica del endeudamiento cambista es que concentra la mayor parte de sus vencimientos en el corto plazo.
En abril de este año se inició el proceso de reestructuración de parte de este pasivo con acreedores privados mientras se inician formalmente las conversaciones con el staff del FMI. El canje, según la decisión política de reconocer este endeudamiento como legítimo, le ofrece al país un esquema de vencimientos más acorde con las posibilidades reales de una recuperación de la actividad económica.
Los altos niveles de adhesión que consiguió la propuesta y la negociación encarada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, le otorgan al proceso el paraguas legal necesario para evitar el nacimiento de una nueva generación de buitres. Del total canjeable, 41.700 millones de deuda corresponde a deuda macrista que se lanzó bajo la estructura internacional actualizada, con un piso de adhesión del 66 por ciento. Se suman otros 24.100 millones de dólares correspondiente a deuda emitida en 2005 y 2010 con cláusulas de acción colectiva que obligan un nivel mínimo de adhesión del 85 por ciento para universalizar la operación. Este último grupo de acreedores tuvo un menor nivel de quita de valor presente porque sus tenencias ya habían sido reestructuradas anteriormente, en un proceso que se inició durante un gobierno nacional que lo tenía a Alberto Fernández como jefe de Gabinete.