A pesar de los eufemismos que utiliza el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus acuerdos ("fomentar el desarrollo", "estimular la equidad", entre sus principales hits), el objetivo de sus programas siempre es el mismo: cobrar. Y, obviamente, también someter al país endeudado. Es por eso que, más allá de las proyecciones macroeconómicas y "sustentables" que exigió al país al momento de negociar un nuevo programa para pagar el mega crédito que le entregó al macrismo, las variables que relevará y tomará en cuenta en cada revisión trimestral que hará para definir si se está o no en el "buen camino" y entonces continuar con los desembolsos poco tienen que ver con mediciones sobre el bienestar de la población y la real salud de la economía.
Junto con la letra chica del acuerdo que se conoció este viernes, en uno de los anexos se define con precisión cuáles serán las pautas que relevará el organismo multilateral de crédito en que cada uno de los exámenes a los que someterá al país. En uno de los apartados se definen "los métodos que se utilizarán para evaluar el desempeño del programa y la información necesaria para supervisar debidamente las metas". Nada tiene que ver con el nivel de crecimiento de la actividad, la mejora de los indicadores sociales ni el desarrollo del país. Básicamente, analizará reducción del déficit primario, techo al financiamiento del Tesoro, nivel de reservas y retrasos en los pagos a acreedores externos, entre otros. En resumen, chequeará que el dinero para pagar esté, sin importar cómo se lo "ahorre".
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El cronograma de desembolsos del FMI será por un volumen mayor, en un primer momento, a los vencimientos que existan con el propio organismo ese mes. Esto podría darle algo de oxígeno a la restricción externa, pero no impide que el crédito se corte en el mediano plazo en caso de que no se cumpla con algunos de los objetivos planteados para cada trimestre. Con el macrismo cada una de las revisiones dio resultados negativos, salvo el ajuste del gasto primario. No obstante, como se trataba de un aporte de campaña, el organismo hizo la vista gorda y siguió haciendo los desembolsos de acuerdo a lo pactado inicialmente.
Con el macrismo cada una de las revisiones dio resultados negativos, salvo el ajuste del gasto primario
El acuerdo ampliado con el FMI contempla un período de 30 meses y un monto en Derechos Especiales de Giro equivalente a aproximadamente 45.000 millones de dólares, o 1000 por ciento de la cuota de Argentina. Los desembolsos se harían de acuerdo al siguiente calendario (según tipo de cambio proyectado de 107,93 pesos por dólar): por el equivalente a 9600 millones al momento de aprobación del programa por el Directorio Ejecutivo del FMI; 4170 millones al momento de la primera revisión; 4170 millones con la segunda revisión; 6250 millones con la tercera revisión; 5560 millones con la cuarta revisión; 4170millones con la quinta revisión; 2475 millones con la sexta revisión; 3475 millones con la séptima revisión; 1112 millones con la octava revisión; 1112 millones con la novena revisión y 1131 millones al momento de la última revisión.
Los cinco puntos y palma
En cada revisión lo que se analizará es la capacidad de repago el país. El principal punto a analizar y, sin lugar a dudas, el más conflictivo en las posiciones entre el equipo económico del gobierno y los burócratas del Fondo, es el escenario de reducción del déficit primario. A grandes trazos, el compromiso es pasar de un saldo primario deficitario del año pasado de 3 puntos del Producto a uno de 2,5 puntos este año, a 1,9 el próximo y de 0,9 en 2024. Luego se pasaría a superávit.
En ese caso se analizará, según los anexos del acuerdo, el saldo primario del gobierno federal, excluyendo los ingresos y todo tipo de transferencia financiera procedente del Banco Central (incluidos utilidades y adelantos transitorios), el ingreso en concepto de intereses generado por la tenencia de valores y obligaciones de deuda dentro del sector público, el producto de la venta de activos financieros, y los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI o recibidos bilateralmente de otros miembros del organismo.
"El saldo primario del gobierno federal se medirá en cada fecha de revisión como el valor acumulado desde el comienzo de cada año calendario. Todos los datos fiscales mencionados anteriormente y necesarios para el monitoreo del programa se proporcionarán al FMI a más tardar en 25 días calendario, contados a partir del final de cada mes", señala el anexo del acuerdo elevado al Congreso. De cumplirse el escenario base, se proyecta un financiamiento multilateral y bilateral de proyectos el año próximo de 360.456 millones de pesos, que se irá acumulando con cada revisión: 38.414 millones de pesos a fin de marzo; 127.005 millones a fin de junio, 218.952 millones a fines de septiembre y los 360.456 millones a fines de diciembre.
El segundo punto a evaluar es que no exista acumulación de atrasos internos por parte del gobierno nacional. Este capítulo hace referencia a lo que se conoce como deuda flotante y que refleja la diferencia entre el gasto primario registrado devengado y base caja (es decir; entre lo registrado y lo pagado por el Tesoro; lo que se convierte a menudo en una fuente de financiamiento intra-sector público). "Se prevé que la medición respecto de los atrasos sea trimestral, indicando además que el límite anual de deuda flotante será de 535.881 millones de pesos, lo que resulta equivalente aproximadamente al 0,8 por ciento del PIB", señala el informe. En este caso, los datos del monitoreo tendrán frecuencia diaria.
El tercer punto a relevar es que no haya acumulación de atrasos en los pagos de la deuda externa. "Para los efectos del monitoreo del programa, los atrasos en los pagos de la deuda externa se definen como las obligaciones de la deuda externa (principal e intereses) pagaderas después del 3 de marzo de 2022 que no se hayan liquidado, teniendo en cuenta los plazos de gracia especificados en los acuerdos contractuales", señala el documento del acuerdo entre el país y el organismo. En este caso no se tomarán en cuenta los atrasos en créditos comerciales ni en deudas sujetas a renegociación o reestructuración. Tendrá un monitoreo continuo.
El cuarto punto es la acumulación de reservas netas del Banco Central. El límite máximo estará dado, además del resultado comercial, por la diferencias entre la salida de dólares y los desembolsos de programas con organismos multilaterales (incluidos el BIRF, el BID y el CAF) y de socios bilaterales. "El factor de adecuación hacia abajo, es decir, en el caso de un déficit de préstamos y donaciones, tendría un tope acumulado de 500 millones de dólares por año calendario", señala el anexo y le pone así una cifra tope a una eventual salida masiva de capitales.
El diferencial de reservas netas iría creciendo trimestralmente y acumularía, según las proyecciones del acuerdo, a 10 millones de dólares a fin de este mes (hoy son negativas), a 700 millones a fines de junio; a 1349 millones a fines de septiembre y 1389 millones a fines de diciembre de este año. "Las metas fijadas para las reservas netas se adecuarán hacia abajo (arriba) en función del superávit (déficit) de pagos de interés y principal al Club de París, relacionados con el saldo de deuda restructurado en 2014 (190 millones de dólares en cada trimestre)", de acuerdo con el texto oficial.
El quinto punto es un techo acumulativo de financiamiento del Banco Central al Gobierno nacional. El programa impone a ese financiamiento un límite de 705.228 millones de pesos (1 por ciento del PIB en 2022) al 31 de diciembre de 2022, con flujos acumulados del 31 de diciembre de 2021 en millones de pesos. El límite para 2023 será de 0,6 por ciento del PIB, con cero financiamiento neto en 2024.
El flujo de financiamiento del Central al gobierno se medirá en cada fecha de evaluación como el valor acumulado a partir del comienzo del año calendario. En este caso, el organismo resalta que no se impondrá al país metas ni criterios en materia de mayores restricciones cambiarias o de venta de divisas a importadores. Al Central también se lo limitará en su saldos de contratos a término (mercado de futuros). El saldo se limita a una cuarta parte del año pasado para fines de 2022, al equivalente de 9000 millones de dólares para fines de 2022.
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