La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto confeccionó un nuevo proyecto de ley que sería presentado en el Congreso en abril. La iniciativa despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y, luego de ese plazo, cuando corra riesgo la vida o salud de la mujer así como en casos de violación. Además, cobrará un espacio central la Educación Sexual Integral en los colegios, con especial énfasis en la responsabilidad de cada Gobierno a la hora de aplicarla.
El nuevo proyecto surgió luego de una asamblea plenaria realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que concurrieron 190 representantes de todas las provincias. Según publicó Página 12, la nueva iniciativa estipula que en los casos en que la IVE sea legal o esté despenalizada, deberá estar garantizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales, además como estar incluida en el Plan Médico Obligatorio.
Dentro de las modificaciones, la Campaña eliminó a las "graves malformaciones fetales" como causales de IVE y no incorporaron la despenalización y legalización del aborto en casos de fetos incompatibles con la vida extrauterina. Además, el proyecto establece que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser garantizada dentro de los cinco días después de ser requerida.
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En el caso de los profesionales de la salud, el proyecto propone que no podrán ser criminalizados a menos que practiquen el aborto sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
Las personas menores de edad, en tanto, deberán contar con el consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores, en el caso de tener menos de 13 años. En tanto, se considera que quienes tengan de 13 a 16 años cuentan con la madurez suficiente para dar el consentimiento requerido pero, cuando esté en riesgo la integridad o la vida, por una condición preexistente, deberá acompañar el consentimiento al menos uno de sus progenitores.
Finalmente, uno de los puntos clave del proyecto será la Educación Sexual Integral y el papel central de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla.
El proyecto podría ingresar en abril al Congreso y sería la octava presentación que se hace en el palacio Legislativo. En 2018 fue la primera vez que logró debatirse.
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