La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la provincia de Córdoba decidió apartar al encargado de una de las sedes del barrio de Alta Córdoba y a un profesional de ese establecimiento, tras ser denunciados por presunto abuso sexual a uno de los adolescentes que asiste a la institución.
La denuncia fue realizada el pasado 28 de octubre por una profesional del equipo, luego de oír el relato de un chico alojado en dicha residencia, quien manifestó haber visto un video con escenas sexuales en perjuicio de un compañero en el que pudo identificar al encargado de la residencia y a uno de los profesionales.
La fiscal de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba, Ingrid Vago, recibió la denuncia y aseguró que "está siendo investigada", aunque por el momento no tenga "elementos suficientes para avanzar", según detalló el portal Perfil.
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Al trascender el hecho, y mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Vago, el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene bajo su órbita a la Senaf, informó a los denunciados su suspensión preventiva por el plazo de 90 días, sin goce de haberes, hasta que se resuelva su situación judicial. Al mismo tiempo, emitió un comunicado al respecto.
"Es la Senaf la que activa los protocolos y acude a la justicia a efectuar la denuncia. A partir de allí se toman todas las medidas que corresponden", indicó el ente en su cuenta de la red social X, con el detalle del protocolo a seguir, en el que se incluye la denuncia judicial, la suspensión a los involucrados y el acompañamientos de los adolescentes.
El adulto denunciado que tenía bajo su responsabilidad la residencia en Alta Córdoba, quien trabajó muchos años como locutor, ya había sido apartado de manera provisoria del Complejo Esperanza, en julio de 2018, por la investigación de una causa que investigaba el supuesto tráfico de estupefacientes.
El crimen de Aralí, otro caso por el que fue cuestionada la Senaf
Tras las declaraciones del abuelo de Aralí Vivas, de 8 años, en las que denunció violencia, maltrato y abusos contra ella y sus cinco hermanos, la Senaf, la Municipalidad y la Fiscalía defendieron el accionar que llevaron adelante para la revinculación familiar previa al brutal crimen. El cuerpo de la niña fue hallado calcinado en la casa en la que vivía en la localidad de Brinkmann, Córdoba, junto con el resto de la familia. La autopsia reveló que sufrió traumatismo craneal y no se encontraron rastros de que hubiera fallecido producto del incendio.
Fueron varios los testimonios que dieron cuenta de los malos tratos que se vivían en la familia, lo que muestra las reiteradas fallas que atraviesan al Estado en sus diferentes niveles. Así lo afirmó el abuelo paterno, Omar Rauch, que habló de fiestas "negras" en la casa cuando su hija no estaba; también Betiana Heredia, prima de Rocío (mamá de la niña), que aseguró que "todo el mundo sabía" de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos antes de la tragedia: "Era un ambiente donde había maltratos, donde había peleas, donde había discusiones, consumo de droga, consumo de alcohol, fiestas".
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Por ello, es que la mira está puesta en la Senaf de Córdoba. El primer indicio lo marcó la Municipalidad local, que tras una marcha vecinal emitió un comunicado en el que manifestó que "siempre acompañó las necesidades de los niños afectados, pese a no compartir decisiones que se tomaron en otros organismos".
La Senaf, por su parte, sólo había abierto un sumario interno para establecer responsabilidades. Este viernes habló la directora del organismo, Julia Reartes, en una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, que también defendió su gestión y explicó cómo se llevan a cabo las tareas de revinculación familiar: “El SENAF es solo una parte del sistema de protección integral de derechos. Todas las intervenciones que hace la secretaría ligadas a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la Línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”.
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