El 28 de julio del 2021 empezó el calvario para una familia de la localidad de Rafaela, provincia de Santa Fe: los padres de una niña de 7 años descubrieron que su hija había sido abusada sexualmente en el Colegio San José. A partir de allí, comenzaron la búsqueda para esclarecer los hechos pero un año más tarde, el caso sigue sin tener un detenido -ni siquiera un sospechoso- y con más dudas que certezas. La Justicia local y una pediatra, en el ojo de la tormenta. "La oposición y omisiones de las fiscales Burella, Capitanio y el fiscal Bumaguín, acompañados por sus superiores, han impedido las medidas necesarias y nos llevan a tener que informar esto con claridad", sostienen en el comunicado.
"Ese día se produce un abuso sexual en el baño de la escuela San José de Rafaela. Esa misma noche, un ginecólogo de la ciudad constata las lesiones y da cuenta de un posible abuso. Las fiscales del caso, de Rafaela, de la División de Abuso Sexual, citan a la mamá para que dé a conocer quién era el pediatra, la historia clínica y datos de rutina", nos introduce en diálogo con El Destape, Paula Condrac, abogada defensora de la familia. En dicha audiencia, la mamá de la víctima comenta que días antes llevó a su hija al médico -en la Clínica Nacer- por vómitos.
En aquel momento, la niña de 7 años fue atendida por una pediatra mujer, joven, que llevaba tapabocas -razón por la cual no pueden reconocerla-. "Con el tiempo nos enteramos que las fiscales ubicaron a la pediatra y que había declarado en la causa. Lo que dijo y describe como lesión es exactamente lo mismo que declara el médico que legítimamente había revisado a la nena el día del abuso. Describe las mismas lesiones, pero un 8 de julio, es decir 20 días antes del abuso", menciona la letrada.
Es decir, en ese momento, la pediatra manifiesta que si bien habían ido por vómitos cuando se encontraban en la consulta, la madre le dice supuestamente a su hija: "Vamos a decirle la verdad a la doctora, tiene una lesión vaginal". Frente a esto, la médica hace la misma descripción de la lesión, de la ropa de la nena, que hace el ginecólogo. Evidentemente, alguien le acercó la declaración del doctor para que la reproduzca. "Las únicas que tenían esa declaración eran las fiscales. Alguien le da eso... Dos y dos son cuatro", señaló la abogada acusando a las funcionarias.
En el final de su declaración, la médica concluye argumentando que no hizo la denuncia por abuso sexual en su momento porque eran lesiones que ciertas veces ella constató en niñas porque "en verano suelen caerse sobre caños de pileta o sobre un palo" o que podía tratarse de "una lesión proveniente de una masturbación de la niña con un palo". Condrac la acusa de desviar la investigación y subraya: "Todo esto era absolutamente mentira, inventado. Cuando la querella toma conocimiento de esto, inmediatamente buscamos la receta que la médica se había olvidado que había hecho porque la nena tenía vómitos".
Los abogados que acompañan a Condrac, Guillermo Munné y Lorena Adoratti, recuperaron dicha receta de la obra social que decía que el diagnóstico era gastroenteritis aguda (inflamacion del aparato gastrointestinal a causa de una infección o intoxicación por alimentos). En ella se observan los remedios (Enterogemona plus ampollas bebibles e Ibuprofeno en suspensión pediátrica), la firma y el sello de la pediatra. Además, el padre de la nena consiguió el ticket original de los medicamentos que compró.
¿Qué ocurre con la causa?
Según cuenta la abogada a El Destape, cuando llevaron estos datos a la Fiscalía, las fiscales Fabiana Burella y Ángela Capitanio se negaron a investigar lo ocurrido. "No hicieron más nada desde octubre del año pasado, dejaron la causa paralizada, no citaron a la médica, no revisaron sus comunicaciones ni secuestraron su celular", explicó. Frente a esta situación, recurrieron al fiscal regional Diego Vigo para que ordene la investigación o que las aparte de la causa; pero este último las sostuvo en el cargo. Como respuesta fueron ante el fiscal general de la provincia de Santa Fe, Jorge Baclini, que tampoco accionó. La Auditora General de Gestión del MPA, Cecilia Branisich, "no encontró nada raro" en la negativa de las fiscales tras la denuncia.
"Agotadas las vías del Ministerio Público de la Acusación (MPA), fuimos a la jueza de la investigación penal preparatoria, Cristina Fortunato, con el mismo planteo y lo rechazó. Fuimos a la Cámara Penal y el camarista Cristian Fiz nos dijo que hagamos la denuncia penal autónoma", explica. Es decir que por un lado se investigue el abuso sexual a la niña y por otro, el fiscal Gustavo Bumaguín llevó adelante una investigación sobre las falsedades de la médica y desestimó el caso a principios de julio.
Vanesa, madre de la menor, contó en diálogo con Radio Rafaela que frente a todos estos obstáculos pidió una reunión con las fiscales para conocer los avances. "Burella me llamó mentirosa frente a mi equipo de abogados, frente al padre. La fiscal, que es la persona que nos representa, me llamó mentirosa durante una hora y media". Y afirma: "Mágicamente, al otro día, dejaron de investigar y es como que cerraron la causa". Mientras que el padre, Gastón, sostuvo: "Las fiscales nos mintieron desde un principio, cuando nosotros confiábamos ciegamente en ella. Nos dijeron que nuestra hija decía la verdad, que sucedió en el baño del Colegio San José, después de la Cámara Gesell. Les pedimos que salgan a aclarar eso y nos dijeron que no tenían la obligación de dar esa información".
Condrac señaló que es "un absurdo jurídico" que los fiscales vayan contra todas las medidas y diligencias que pide la querella, cuando supuestamente su objetivo debería ser investigar lo que ocurrió y dar con el culpable. "Todos estos funcionarios -Fiscales, Jueces, Camaristas- también conforman el Sistema Proteccional de la Niñez instaurado por la Ley Provincial de Niñez, la Ley Nacional de Niñez y la Convención de Derechos del Niño", sostienen en el comunicado. Por lo tanto "por imposición del bloque de convencionalidad y constitucionalidad" de la Argentina, "debe investigar y fallar con perspectiva de Género y Niñez", precisan.
"Este largo camino que viene recorriendo la familia fue una especie de paseo por el tren fantasma. Hace un año se les vienen riendo en la cara, los vienen maltratando y aplicando un gran contenido de violencia institucional, una crueldad absoluta y una negación de los derechos de la niña. Al abuso sexual debemos sumarle abuso de poder de la Fiscalía", sostiene la abogada. Mientras recayeron de manera constante en la revictimización, señaló: "El MPA se blindó en esta negativa a investigar y obstaculizó el Acceso a la Justicia de la niña".
¿Cuáles son los pasos a seguir? La abogada Condrac señala a El Destape que el próximo paso es ir por el lado legislativo. "Como la Auditoría General de Gestión no hizo nada, vamos a ir a la Comisión de Género de Diputadas y Diputados de Santa Fe. Si no hay escándalo político, no hay investigación en el MPA", lanzó.
"Nuestra expectativa es hacer la denuncia, que llamen a las fiscales, que estén atentos a la situación. Si los terminan desplazando sería un logro, no sabemos si va a ser tan simple o fácil. Tenemos expectativas acerca de que eso pase. Si se cuestiona de forma brutal a los fiscales, como esperamos, por esta cuestión tan brutal que han hecho, mayor va a ser la posibilidad de investigar al fiscal que llegue. Tenemos esperanza que saque todo de la órbita de Vigo y ponga a otro fiscal", dijo la abogada.
¿Qué dijeron desde el Colegio?
Según el comunicado de prensa, las autoridades del Colegio "engañaron" y "destrataron" a la familia. "Los registros electrónicos y audiovisuales de ingresos y acciones en el Colegio San José no fueron inmediatamente preservados ni tampoco las condiciones de la escena del delito cometido", sostienen los abogados. A su vez, los padres denuncian que hicieron "abandono de la alumna" frente al hecho y maltrato a sus familiares.
"Llamaron a todos los padres después del abuso, los reunieron en el aula de los chicos, les dijeron a los padres de la niña que les iban a pasar las cámaras. Los metieron en un aula pequeña, donde los esperaba una mujer que ellos no conocían y les dijeron: '¿Ustedes en serio creyeron que yo les voy a mostrar las cámaras?'", cuenta Condrac. La maestra al frente del curso y la directora no dieron ningún tipo de declaración.
Actualmente la nena está en otra escuela pero estuvo previamente tres meses sin clases porque no quería acercarse al establecimiento. "De las ocho cámaras de la escuela, la única que no funcionaba era la que apuntaba al baño. Y además, en esa escuela toman asistencia de docentes con registro biométrico de huella digital. Ese día, justo se había roto. Es decir, nadie sabe quién estaba ese día en el Colegio", agrega sobre el San José, un centro educativo católico que pertenece al Obispado de Rafaela.
"¿Qué pasa en Rafaela con el poder ecleciástico? Esta escuela depende del Obispado... ¿Para qué se armó semejante plan siniestro?", se preguntó la letrada. Y concluyó: "Si los padres no hubieran podido reconstruir la situación ¿qué pasaba? Quedaba en que era una nena que se masturbaba con un palo. Con esa teoría, evaporan el delito y no tienen ningún tipo de caso penal".
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