La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió esta semana cerrar un caso histórico que afecta a millones de habitantes de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires: puso fin a la supervisión por contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Ese control se llevaba adelante en el marco de la Causa Mendoza, que obliga al Estado a recomponer y sanear el curso de agua, en cuyo rededor viven más de 4 millones de personas a lo largo de 64 kilómetros. "Se ponen en riesgo todos los avances logrados”, denunciaron en un comunicado desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), integrante del Cuerpo Colegiado en la causa del saneamiento.
La decisión del máximo tribunal, el 22 de octubre pasado, fue por unanimidad: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo -que parece estar tono con las directivas del Gobierno nacional, que prefiere la no intervención del Estado-, tras 16 años de la sentencia.
Este fallo “omite explicar de qué manera se han alcanzado y cumplido los objetivos ambientales fijados en el año 2008”, sostuvo FARN en su comunicado titulado "La Corte tira la causa Mendoza al Riachuelo". El 8 de julio del 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenando la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños.
Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho mandas consistentes para la puesta en marcha de un programa de: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, se estableció también un plan sanitario de emergencia.
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Para dar cuenta del impacto que puede llegar a tener: se trata de la zona más urbanizada e industrializada del país, en donde habitan 4.703.058 personas, según los datos definitivos del Censo 2022. Eso, significa un 10% de la población Argentina, distribuidas a lo largo de 11 distritos, contando a la Ciudad de Buenos Aires.
En esa línea, FARN explicó que la Corte Suprema afirmó que "cumplió su propósito para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución". Sin embargo, “subsisten demoras en la ejecución de obras y los indicadores presentados en los informes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”, afirmó la organización.
El pasado 17 de junio, desde el Cuerpo Colegiado, conformado por Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y FARN, le solicitaron a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y del cumplimiento de las mandas judiciales. También para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz. Sin embargo, la Corte nunca convocó a esa audiencia pública.
“Sólo el máximo tribunal podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para su solución no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán”, alertaron desde FARN.
A su vez, desde FARN advirtieron que esta sentencia implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte, ya que basa su decisión en los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados: “Con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados”, afirmaron desde la organización.
"Estas deficiencias se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos acontecidos en la ACUMAR, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento. A todo ello, se suma el retroceso en el acceso a la justicia ambiental", denunciaron.
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