Un total de 2.323.712 de chicos y chicas desayunan, almuerzan, meriendan y hasta cenan en comedores y escuelas tanto en la provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Cientos de miles, incluso, se llevan comida para sus familias. En territorio bonaerense el sistema que se utiliza para garantizar las cuatro comidas– dependiendo el régimen horario de cada institución – es el Sistema Alimentario Escolar (SAE) junto con el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria llamado MESA. En Capital Federal el servicio de comedor, refrigerio, vianda y desayuno/merienda se adjudica por licitación pública.
Miembros de la comunidad educativa porteña, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) lanzaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs” para advertir sobre los riesgos para salud de los alumnos y alumnas, judicializar el proceso licitatorio que definirá quiénes van a gestionar el servicio hasta 2025, y transformar el actual sistema de comedores y viandas. Al ser consultados por El Destape, el Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña remitió una gacetilla sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar.
El texto señala que “los servicios alimentarios de la Ciudad responden a la Ley 3704 cuyo objetivo es promover la alimentación saludable, variada y segura de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar a través de políticas de promoción y prevención”, y que “trabajan para una constante mejora”. Según la información oficial porteña, para la confección de los menúes “se tienen en cuenta gustos, hábitos y exigencias nutricionales”, y “se seleccionan preparaciones y productos alimenticios que garanticen la higiene y seguridad alimentaria”.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el SAE y MESA son financiados con fondos provinciales y federales que son afectados, es decir que los montos sólo puedan ejecutarse para el programa al que fue destinado. Quienes se encargan de comprar la comida para los desayunos, almuerzos, meriendas y cena son los Consejos Escolares o, en su defecto, los municipios dependiendo el convenio que posean.
El territorio provincial está compuesto por 135 ciudades de las cuales 40 forman parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en donde está concentrada el 70% de la población. El SAE/MESA llega a 2.032.712 de niños y niñas en 11 mil comedores.
En Capital Federal el servicio de alimentación se adjudica por licitación pública. En abril de 2018 se aprobó la última licitación del servicio por un monto de $6.298.748.744 a brindar través de 19 empresas. No parece ser casual que cuatro de esas compañías, Friends Food S.A, Bagalá, Siderum y Arkino, aportaron fondos a la campaña del PRO en 2015.
Según datos del Banco Central de la República Argentina, 16 de las 19 empresas ganadoras de la licitación “presentan deudas con distintas entidades financieras como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, YPF, Mercedes Benz o hasta el Industrial and Commerce Bank Of China”. A pesar de las sucesivas denuncias de miembros de la comunidad educativa, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta continúa operando con las mismas.
Desde el Ministerio de Desarrollo que conduce Andrés “Cuervo” Larroque informaron que durante 2019, en la gestión de María Eugenia Vidal, “se invirtieron $8.642.071.367 en el Sistema Alimentario Escolar”. En 2020, ya bajo el mando de Kicillof, “la inversión aumentó a $25.793.085.080 y en 2021 alcanzó $53.681.192.481. En términos porcentuales el SAE creció un 521,16% entre 2019 y 2021”. Para este año la inversión prevista es de $111.295.968.252.
Control de calidad
En la Capital Federal las empresas encargadas de gestionar los comedores de los jardines, primarias y secundarias acumulan denuncias que involucran casos de intoxicación de alumnos y docentes, el incumplimiento de los valores nutricionales recomendados por especialistas, la falta de raciones para la totalidad de los alumnos, el exceso de nutrientes críticos, y las dificultades para acceder a una beca.
En 2019 se generó un escándalo en la Escuela Primaria N° 17 Francisco de Vitoria, de Villa Crespo, en el que varios alumnos y alumnas debieron ser internadas en los hospitales Fernández y Durand por lo que habían ingerido. A principio de 2020, días antes de decretarse el aislamiento obligatorio, fueron afectados más de un centenar de alumnos de cuatro escuelas de Palermo.
En 2019 el promedio mensual de inversión por parte de la Provincia de Buenos Aires por niño o niña para el SAE/MESA fue de $1078. Actualmente la cifra es de $6269,80, es decir un 481,61% más. Siendo la provincia de Buenos Aires la más poblada de la Argentina, la decisión política de Kicillof fue y es la de sostener la asistencia social que sólo puede entenderse y enmarcarse dentro de un contexto que muestra un 40% de pobreza y en el cual “el 60% se concentra en el conurbano bonaerense”, según reconoció el propio mandatario en el discurso de Apertura de sesiones Legislativas el 2 de marzo pasado.
En esa línea y cuando Kicillof presentó el programa MESA en Florencio Varela el lunes pasado afirmó: “El compromiso del estado de la Provincia de Buenos Aires por el bienestar de nuestro pueblo es inclaudicable: vamos a seguir trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses”.
Además remarcó: “Con el regreso de la presencialidad plena y la apertura de todos los comedores escolares, decidimos sostener el módulo extraordinario para garantizar la alimentación de más de dos millones de bonaerenses y apuntalar el comercio y las economías locales”
Según información oficial, en el distrito más rico de la Argentina, lo que se paga por día por alumno o alumna en comedor o vianda son $318,90, en refrigerio $110,70 y en desayuno y/o merienda $37,44. A pesar de contar con un presupuesto que en términos comparativos es superior al de otras áreas de la cartera, como infraestructura escolar que para este año tiene asignado $3.021.283.150 - 4 veces menos - el sistema de viandas escolares en CABA resulta insuficiente en términos cuantitativos e inadecuado con respecto a la calidad de los alimentos.
La guía alimentaria que confeccionó PBA
Los Consejos Escolares, municipios y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense elaboraron una “Guía Alimentaria para la Población Argentina (GAPA)”, que conjugan información accesible, clara y sencilla sobre la importancia de la alimentación en la salud y el bienestar. El texto detalló cuáles son los alimentos que se suelen consumir y su valor nutricional; qué son los nutrientes críticos y cómo evitarlos; la diferencia entre alimentos naturales y procesados o ultra procesados; las mejores maneras de aprovechar los alimentos; y agrega recetas útiles y prácticas.
En ese sentido y al momento de configurar los menúes se hace especial hincapié en disminuir la cantidad de productos ultraprocesados y se trabaja en la capacitación de auxiliares y en manipulación de alimentos, con el objetivo de generar intercambios sistemáticos e incentivar ámbitos de debate sobre una mejor prestación alimentaria. El punto de partida es garantizar que los chicos se alimenten correctamente y construir a largo plazo mejores hábitos y patrones de consumo para garantizar la salud y bienestar de todas/os los integrantes de la comunidad en general.
Desde la Dirección Provincial que gestiona el Sistema Alimentario Escolar explicaron que “la participación de la comunidad educativa, sobre todo a la hora de demandar a las conducciones en las escuelas, es una herramienta clave en la implementación de las políticas ya que de cualquier otra manera no se podría dar respuesta y acompañar a los más de 2 millones de destinatarios”.
En ese sentido detallaron que “ante un reclamo o denuncia, la prioridad es normalizar el problema, garantizar que la comida llegue y que los alumnos y alumnas coman todos los días alimentos de calidad. Luego, se evalúa si ante el conflicto corresponde o no que ciertas sanciones se ejecuten”.
Un proyecto de ley en la Legislatura porteña
Recientemente los legisladores del Frente de Todos (FdT) en Ciudad Autónoma, Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, presentaron “un proyecto de Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas” con el objetivo de cambiar el actual paradigma alimentario y garantizar el acceso universal y gratuito a una alimentación saludable, segura y soberana.
Actualmente, “si una familia quiere acceder a una beca alimentaria, debe presentar una declaración jurada que incluya por ejemplo una copia del recibo de sueldo, o los comprobantes de ingresos de trabajo informal o monotributo, o por desocupación, para acreditar dicha necesidad”, detallaron los diputados.
Otro punto vertebral del proyecto es “la descentralización de las redes de producción y comercialización de los alimentos”. A diferencia de la gestión actual, que desincentiva y persigue la participación en los comedores de cooperadoras escolares, la iniciativa del FdT propone “estimular la contratación de unidades productivas de la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS), cooperativas gastronómicas, e incluso Asociaciones Cooperadoras”.
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