La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó el acuerdo conocido como el “Tratado de Alta mar” que garantiza la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aquellas zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. De esta manera, para 2030, el 30 por ciento de las aguas internacionales de los océanos serán protegidas. En diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ, el director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Luis Cappozzo, detalla: “Es histórico porque pone en orden aguas donde hay recursos renovables que están siendo explotados sin ningún tipo de reglamentación”.
Los océanos cubren más del 70 por ciento del planeta, producen al menos el 50 por ciento del oxígeno y absorben alrededor del 30 por ciento del dióxido de carbono generado por los humanos, disminuyendo así los impactos del calentamiento global. Además, albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y constituyen la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo. A su vez, resultan claves para la economía ya que se estima que, para 2030, cerca de 40 millones de personas trabajarán en el sector relacionado con los océanos.
Sin embargo, según la ONU, “con el 90 por ciento de las grandes especies de peces mermadas y el 50 por ciento de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer”. Así, el Tratado de Alta mar pone un freno a este avance sobre la biodiversidad.
Además de proteger dos tercios del agua del planeta, el acuerdo destinará dinero para la conservación marina y establece los puntos para compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. También, permitirá establecer mecanismos de explotación por zonas con el fin de conservar y administrar de forma sostenible las especies.
El biólogo marino y científico de Conicet explica a la Agencia: “Solo se conocen cerca de 230 mil especies, es decir entre el 10 y 12 por ciento de la biodiversidad marina, pero se cree que hay más de dos millones que aún no son conocidas por la ciencia”. Lo que sí es de público conocimiento, en términos de Cappozzo, son las amenazas hacia el ecosistema: sobrepesca, calentamiento global, la presencia de buques por las avenidas de tráfico marítimo oceánico, y la exploración y explotación de los recursos.
Preservar hasta la milla 350
“Los fondos provenientes de este tratado beneficiarán las capacidades que va a tener Argentina para preservar los recursos vivos de la columna de agua desde la milla náutica 200 hasta la 350“, detalla Cappozzo a la Agencia. Hasta el 2006 la plataforma continental nacional se extendía hasta la milla náutica 200. Sin embargo, aquel año la ONU aprobó por unanimidad la extensión del límite este de la costa marítima hasta alcanzar la milla náutica 350. Esto implica no solo tener el derecho de uso de todos los recursos potenciales que existan en el lecho oceánico sino también velar por la sustentabilidad de los recursos vivos de esa zona.
En sintonía, y de manera complementaria, Argentina posee la iniciativa interministerial Pampa Azul que protege cinco áreas geográficas: Agujero Azul, Banco Burdwood/Área Protegida Namuncurá, el Golfo San Jorge, las Islas Subantárticas y el Sistema fluvio-marino del Río de la Plata. “Proteger las áreas marinas es fundamental ya que resultan un reservorio de recursos naturales que el Estado debe cuidar con criterio, usar de forma sostenible, inclusiva y soberana, y garantizar que la participación en la economía del país se maximice”, sostiene Cappozzo.
Y agrega: “Hay grupos que buscan que no haya ningún tipo de explotación en el mar sin pensar en lo que necesita el país para, por un lado, su desarrollo industrial y, por el otro, para la generación de puestos de trabajo en ciencia y tecnología dedicados a la investigación y la explotación de recursos marinos de una manera racional que permita conservar la biodiversidad”.
El Tratado de Alta mar entrará en vigor tras su ratificación por los sesenta Estados miembro de la ONU. Su firma se abrirá a partir del 20 de septiembre por un período de dos años.
Con información de la Agencia de Noticias Científicas
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