Las políticas económicas y de desregulación del Estado llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei estuvieron claramente destinadas a beneficiar a empresas y grupos económicos en detrimento del conjunto de la sociedad, a través de un entramado de opacidad y corrupción que dan forma a lo que se describe como “un Estado capturado”, según el informe elaborado por el Instituto Argentina Grande.
La investigación se centra tanto en los funcionarios que responden a intereses particulares como a medidas económicas tomadas con claros ganadores en el sector ptivado. “Un Estado capturado implica un gobierno caracterizado por un tipo de corrupción de gran escala y enormes perjuicios. La concentración económica que generan los fenómenos de captura, lejos de fomentar la tan anunciada libertad y competencia económica, ponen en pocas manos políticas sectoriales y sus beneficios”, sostuvo el informe.
El “relajamiento del control para facilitar la captura y la libre expresión de los intereses particulares deja a ciudadanos y ciudadanas en situación de desprotección frente a la crueldad y desinhibición de la búsqueda inescrupulosa de la ganancia extraordinaria”, añadió.
El soborno de los funcionarios públicos es la forma más conocida, pero no es ni la única ni acaso la más importante forma en que se manifiesta la corrupción. En sociedades surcadas cada vez más por crecientes desigualdades, la influencia de grupos económicos sobre el poder político ha potenciado otras formas de corrupción que suponen un riesgo enorme para la supervivencia misma de la democracia y que tienden además a reforzar las desigualdades.
“Una de ellas es la captura del Estado, que la organización Transparencia Internacional define como una situación en la que determinadas personas, instituciones, empresas o grupos económicos definen a través de medios corruptos las políticas, el marco jurídico y la economía de un país en su propio beneficio y en detrimento del interés general”, apuntó el documento.
“Esta influencia indebida sobre la formación de leyes y de políticas llevó a que el FMI advirtiera que en las economías en transición, la captura del Estado-definida como corrupción a gran escala- representa el problema más pernicioso y difícil de detectar”, agregó.
El trabajo de Instituto Argentina Grande define distintos fenómenos que aumentan significativamente los riesgos de captura estatal, como el conflicto de intereses y precisa que el actual Gobierno tiene una gran cantidad de áreas de relevancia política, económica y social, capturadas por parte de poderosas corporaciones de los más diversos rubros. Un tercio (29%) de los funcionarios de la Administración Pública Nacional ocupan cargos de dirección en empresas privadas (Informe del Observatorio de las Elites CITRA-UMET, 2024). A noviembre 2024, son 55 funcionarios con 182 participaciones en 171 empresas que operan en 17 sectores de actividad.
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No es casualidad encontrar que las carteras del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete de Ministros concentran la mayor cantidad de funcionarios con participación en sociedades comerciales de diversos sectores de actividad: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros y de consultoría y actividad agropecuaria.
En otro análisis respecto al vínculo entre funcionarios y asociaciones empresariales, el Observatorio de las Elites CITRA-UMET también identificó que predominan asociaciones empresariales del sector bancario, energético y primario-exportador.
Entre las corporaciones que controlan áreas de Gobierno se destaca el Grupo Techint, de Paolo Rocca, que aportó ejecutivos para la conducción de YPF (toda la primera línea) y en otras áreas, como Trabajo.
En el área de Salud dominan los funcionarios de las prepagas OSDE y el Sanatorio Güemes y en el manejo de la ex AFIP, ahora ARCA, ex empleados de los estudios de abogados especializados en liquidación de impuestos.
Un caso aparte es la Corporación América, de Eduardo Eurnekian, donde trabajaba el propio Milei y que aportó la primera línea de gestión. En el área económica, el ministro Luis Caputo, su secretario, José García Hamilton; y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni; registran participación en la dirección de empresas de servicios financieros, inmobiliarios y tecnológicos.
En paralelo a la masiva gestión de los intereses públicos en manos de personas directamente interesadas en la defensa de recursos privados, se da otra situación inédita que afecta las instancias de control y la rendición de cuentas. Se trata de personas que gestionan áreas estratégicas del Estado como si fueran ministerio o secretarios, aunque no hayan sido nombrados como tales.
El caso emblemático es el de Santiago Caputo, el asesor presidencial más importante que participa del minúsculo círculo íntimo del poder y tiene una enorme influencia en la gestión cotidiana sobre asuntos y recursos públicos y que figura como contratado como asesor y monotributista B en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia. y Federico Sturzenegger, quien antes de ser ministro funcionó como si lo fuera.
En estos casos la Oficina Anticorrupción considera que al no ser funcionarios públicos no puede ejercer ningún control sobre ellos. El gobierno de Milei, a pesar de su prédica antipolítica y anticorrupción, se encuentra atravesado estructuralmente por irregularidades administrativas, situaciones reñidas con la Ley de Ética Pública, conflictos de intereses y casos de corrupción.
Una de la expresión más lineal de políticas aplicadas a interés de las empresas es el Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la “Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal”. Existe un único beneficiario: el Grupo Techint.
La mayor expresión de la captura del Estado en mano de los grupos económicos está en la vigencia del DNU 70/2023 que fue vetado en el Senado pero nunca tratado en Diputados y mantiene la vigencia de las políticas públicas que expresan beneficios a intereses particulares. A saber:
- Starlink (Elon Musk). Modificación de la ley Argentina Digital (Ley N° 27.078), con la “liberación” del mercado de internet satelital.
- Mercado Libre. Habilitación a los trabajadores en relación de dependencia a cobrar su salario a través de las billeteras digitales.
- Arcor, Molinos, Procter & Gamble, Unilever y otras grandes compañías locales y extranjeras de consumo masivo. Derogación de las leyes de Abastecimiento, de Góndolas y del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios.
- Osde, Swiss Medical, Galeno y el resto de prepagas. Se libera la fijación del precio de la cuota mensual. Se dispone la libre competencia con las obras sociales de los gremios.
- Establecimiento Las Marías (Víctor Navajas). Eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, desregulando el mercado yerbatero.
- Ledesma (familia Blaquier). Derogación del artículo 156 de la ley 18.770 sobre el régimen de entregas de azúcar para consumo de mercado interno.
- Farmacity (Grupo Pegasus). Modificación de la ley 17.565 de la actividad farmacéutica al desregular la actividad.
- Grupo Clarín. Derogación de la ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diario.
“Lejos de fomentar la tan anunciada libertad y competencia económica, los conflictos de intereses y la captura de las decisiones públicas ponen en pocas manos políticas sectoriales y sus beneficios”, concluye el trabajo del Instituto Argentina Grande.
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