La CGT ofrecerá sostén financiero a los sitios de la memoria abandonados por el Gobierno

La CGT ofrecerá un sostén financiero para los sitios de la memoria amenazados por la falta de presupuesto del Gobierno nacional. La propuesta será parte de la reunión que mantendrán este miércoles los miembros del Consejo Directivo de la central con Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y otros representantes de organismos de derechos humanos en la sede de la organización sindical, tal como anticipó El Destape. 

La iniciativa apunta a salvaguardar espacios que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictadura y que en lo que va del mandato de Javier Milei sufrieron recortes de personal y de recursos para mantenimiento edilicio. Maia Volcovinsky, secretaria de Derechos Humanos de la CGT y dirigente judicial (UEJN) explicó que el objetivo principal será poner a resguardo los sitios relacionados con causas por delitos de lesa humanidad. 

"Frente al vaciamiento del Gobierno a los espacios de memoria vamos a proponer un esquema de preservación como elementos probatorios para los juicios en curso", le precisó Volcovinsky a este medio. La sindicalista asumió que "los recursos de los gremios son limitados" para suplir la falta de financiamiento del Ejecutivo pero podrán aplicarse, en coordinación con los organismos de derechos humanos, a "evitar un deterioro que podría afectar la continuidad de los procesos judiciales" que se les siguen a los represores. 

Desde la asunción de Javier Milei los trabajadores de los excentros clandestinos de detención, tortura y desaparición forzada de personas fueron objeto de un deliberado abandono por parte del Gobierno y su personal, reducido de manera drástica junto con los de otras dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del exjuez Alberto Baños. Los trabajadores y gremios como ATE denunciaron en varias oportunidades el riesgo por el deterioro de las instalaciones. 

De hecho la legisladora porteña Victoria Montenegro hizo una presentación que motivó un amparo por parte del juez federal Ariel Lijo, candidato del Ejecutivo para la Corte Suprema. En su fallo, el magistrado le ordenó al Ejecutivo disponer una dotación mínima de personal en cada uno de los sitios de memoria para garantizar las labores de transmisión de los acontecimientos de la última dictadura. Lijo, que instruye varias causas por delitos de lesa humanidad, le dio de ese modo cobertura a cinco espacios que funcionan bajo la órbita del Estado nacional: se trata de los excampos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. En el caso de Virrey Cevallos, en Monserrat, su personal advierte de un riesgo inminente de cierre.