Crímenes de familia y la impunidad de la justicia patriarcal

Crímenes de familia, la película de Sebastián Schindel recientemente estrenada en CineAr y Netflix, logra condensar en 99 minutos la cruda realidad de la Justicia clasista y patriarcal argentina. El largometraje protagonizado por Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Yanina Ávila, Benjamín Amadeo, y Sofía Gala Castiglione, entre otras actuaciones destacadas, gira en torno a dos juicios que se desarrollan de forma simultánea. La estructura de la trama narrativa no casualmente presenta el recorrido paralelo de ambos procesos judiciales desde una diferenciación clave: en uno la acusación recae sobre una mujer pobre del interior; y en el otro se acusa a un varón proveniente de una familia acomodada de la Ciudad de Buenos Aires. La densidad de la historia pone a jugar las piezas de una matriz social, cultural y política que promueve la impunidad de las violencias machistas a partir de un sistema penal que no solo produce fallos judiciales sin perspectiva de género, sino que además reproduce en cada una de sus instancias una mirada jerarquizada de los discursos masculinos y clasistas .

Claro que no hace falta tener Netflix para ser testigos de la situación que sufre Gladys Pereyra, personaje que interpreta Yanina Ávila. Lo que vemos en el largometraje es una representación cinematográfica de cientos de casos que se producen en nuestro país por el funcionamiento discrecional del sistema judicial que afecta mayormente a mujeres e identidades no hegemónicas como pobres, migrantes, villeres, indígenas, lesbianas, o trans. Rosalía Reyes en 2004 recibió una condena de 8 años de prisión por no haber podido salvar a su hija recién nacida. Trabajaba en horario nocturno en un frigorífico para mantener a 4 hijos que criaba sola, y al igual que Gladys tenía miedo a ser despedida si su patrón descubría que estaba embarazada. Analía De Jesús, conocida como “Higui”, fue procesada y acusada de homicidio por haberse defendido de una violación correctiva por ser lesbiana y pobre. Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, quienes a los 15 y 14 años fueron condenadas, sin pruebas,  a prisión perpetua por un asesinato que no cometieron y pasaron 11 años privadas de su libertad. Fueron absueltas en diciembre por un fallo de la Corte Suprema, pero Cristina, la semana pasada apareció muerta, con signos de suicidio,  en su casa de Misiones. Fue abandonada por el Estado quien no le brindó ningún tipo de acompañamiento integral.

Según Alejandra Iriarte, Abogada feminista y Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público, si bien en los últimos años el movimiento feminista ha cobrado mayor visibilidad y potencia, y ha logrado producir transformaciones trascendentales en muchos ámbitos, el sistema judicial continúa reproduciendo prácticas patriarcales y clasistas: “esto obedece a la conformación tradicional de privilegio que tiene este poder del Estado y a una forma de ejercerlo que, a primera vista, se nos presenta como inalterable y sin posibilidad de cambio. Esto no hace más que consolidar el tipo de prácticas”. Quienes forman parte actúan dentro de una cultura y un “sistema diseñado y consolidado en base a tradiciones heterocispatriarcales” y sus acciones condicionan a los sujetos que por allí transitan.

El sesgo se puede encontrar en todo el proceso judicial sobre todo a partir de su mirada punitiva y represiva, mecanismos básicos del sistema patriarcal. “Los obstáculos para el acceso a la justicia se evidencian desde el primer contacto que tienen las mujeres y personas LGBTTTIQ+ de sectores populares con el Poder Judicial. El primer y único vínculo que suelen tener es con el sistema penal y en calidad de acusadxs de la comisión de un delito. La vigencia de prejuicios y estereotipos de género en los operadores judiciales, sumado a la lentitud de los procesos y la ineficacia de las medidas de protección operan como obstáculos para que quienes requieren una protección estatal acudan al sistema de justicia”, sostiene Iriarte. Un rasgo característico del sistema es la revictimización que puede darse en muchos planos, pero en el judicial suele consistir en un cuestionamiento a las conductas o relatos de las víctimas, por parte de quienes deben garantizar justicia e integridad. Esto es resultado de la falta de voluntad política e inversión para la implementación de políticas de acompañamiento y formación profesional con mirada de género.

Claudia Cesaroni, abogada y referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, señala que en realidad el foco del problema es el sistema penal todo, del cual el poder judicial es una de sus agencias. El proceso de criminalización es la base fundamental ya que responde a la necesidad de identificar cuáles son las conductas que se consideran peligrosas para el orden social. Durante la etapa inicial de construcción de la norma jurídica, denominada criminalización primaria, por la cual se cataloga a una conducta como lesiva al orden, es muy fuerte la intervención de otras agencias formadoras de sentido como pueden ser la educación formal de derecho o la construcción de estereotipos delictivos en los medios de comunicación. Para ejemplificar cómo actúa el sesgo cultural Cesaroni subraya las llamadas Leyes Blumberg que fueron reclamadas mediante la presión social por una persona que había sufrido un hecho terrible como es el asesinato de un hijo, pero que dieron origen en 2004 a reformas penales regresivas elaboradas por Roberto Durrieu,  asesor de Juan Carlos Blumberg quien fue sub secretario de Justicia de Videla. “A partir de ahí toda la serie de reformas penales, que no solamente afectan al código penal sino al sistema de ejecución de la pena, han ido en la misma lógica regresiva de manodurísmo, aumento de las penas y ampliación del catálogo de delitos”, explica Cesaroni.

En un segundo momento, la criminalización secundaria, introduce la actuación de agencias de seguridad estatal, como la policía, para la aplicación de esas normas y la selección de las conductas o sujetos a judicializar. Según Cesaroni en esta instancia “se selecciona literalmente a quiénes se va a ir a buscar, al pibe de la esquina, a los más débiles. La inmensa mayoría de quienes está en cana son los eslabones más rotos del sistema. Entonces cuando le llega un caso al poder judicial ya le llega eso que le entrega la fuerza de seguridad. No es que el fiscal o el juez sale a buscar los casos, les llega un paquete armado. El sistema judicial actúa desde un claro sesgo clasista, porque esta integrado por personas de un sector social que no son los populares. Es muy difícil estudiar la carrera de derecho, pero mucho más lo es acceder a ocupar puestos en el sistema judicial si no tenés un amigo, sos hijo o nieto de, o te meten por algún contacto. Frente a eso hay personas que por su clase, género, edad, origen étnico, son particularmente vulnerables.”

La falta de respuestas efectivas y la revictimización de quienes denuncian en casos de violencia de género crean un marco de sentido donde parece no existir salida para esas situaciones. Sin embargo, Iriarte subraya que en Argentina se están dando avances en un sentido contrario: “creo que la construcción de un sentido común donde no se legitime ningún tipo de violencia tenderá hacia la configuración de un Poder Judicial que no pueda ser ajeno a este paradigma. En este sentido, el rol de los medios de comunicación es fundamental, son un lugar clave para visibilizar y evidenciar que vivimos en una sociedad donde no toleramos sentencias ni un Poder Judicial que perpetúe el machismo y el patriarcado. La presión y la potencia que tienen nuestros reclamos tiene un impacto clave en el Poder Judicial”.

La obra de Schindel deja en evidencia la parte menos visible, pero que se encuentra en las grietas de un fallo o una condena y es plenamente constitutiva de la conducta judicial. Se trata de los mecanismos de poder que operan sobre  la subjetividad de las personas que lo conforman. Ya no hablamos del poder como dimensión de lo represivo, sino de un poder  que, como teorizó Michel Foucault, tiene la capacidad de producir cosas y discursos, que forman una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social y fija los procedimientos que permiten hacer circular sus efectos de forma continua. Según Iriarte “mientras no cambien los mecanismos de acceso a cargos judiciales y se incorporen prácticas más transparentes de incorporación de mujeres, lesbianas, travestis y trans a cargos decisorios, los cambios únicamente se van a tratar de decisiones individuales y no de una praxis colectiva hacia el interior de la estructura judicial”. La sensación es que el poder patriarcal, omnipotente y discriminatorio esta presente en todas partes, en todas las instancias, y resulta casi imposible quebrarlo.