Hace casi dos semanas que la provincia de Misiones se encuentra convulsionada. Su población, volcada de a miles a las calles, acompaña la lucha de los trabajadores del Estado contra las medidas de ajuste y hambre impulsadas por el gobierno provincial, a cargo de Hugo Passalacqua, en una clara sintonía con el modelo fiscalista del presidente Javier Milei. El “Misionerazo” comenzó con el reclamo por la recomposición salarial de los docentes, pero con el correr de los días, y ante la insuficiente respuesta del estado, fue sumando a trabajadores de la salud, policías, ambulancieros, EMSA (Energía de Misiones), guardaparques, y sectores productivos clave como yerbateros y tabacaleros, que han visto resentida su actividad por la apertura comercial.
El jueves por la noche, luego del rechazo de la Policía a la propuesta de un aumento salarial del 30%, se convocó a una gran movilización frente a la legislatura provincial, que estaba vallada, en respuesta al proyecto oficialista que busca criminalizar el derecho a la protesta y acusar de sedición agravada y otros delitos, como robo y destrucción de bienes del Estado, a quienes participaron de las tomas y acampes. Allí resistieron la represión y el gas pimienta de una veintena de efectivos de Infantería que buscaban dispersar al colectivo para que no logre ingresar a la Cámara de representantes. Más tarde decidieron movilizarse hacia la casa del gobernador Passalaqua que hasta el momento sigue sin convocar al diálogo.
La fuerza del hecho político que se está gestando en Misiones ancla en la amplitud del movimiento, y el apoyo que ha logrado de una sociedad civil que también ve resentida su calidad de vida por las medidas económicas y sociales puestas en marcha en los últimos meses. A pesar de las amenazas, los protagonistas de la lucha no se correrán de su posición hasta no obtener una respuesta satisfactoria del gobierno, e incluso han comenzado a articular acciones políticas con gremios de otras provincias en lo que podría ser el inicio de un movimiento nacional de trabajadores.
El origen de la gesta y la construcción de legitimidad social
Los primeros en alzar la voz, como lo vienen haciendo hace años en diferentes lugares de nuestro país y particularmente en la provincia, fueron los trabajadores de la educación. La principal bandera es el reclamo por la recomposición del salario y un acercamiento del sueldo a la canasta básica, pero además entre sus exigencias se encuentran la ampliación del presupuesto para los comedores escolares, la mejora en la infraestructura y la reactivación de obras públicas. Realizaron una seria de asambleas y, a principios de la semana, fueron convocados a una mesa de diálogo junto al ministro de Educación, Ramiro Aranda, donde se les ofreció un aumento de 24% que en lo concreto significa elevar el piso salarial del cargo testigo de una maestra sin antigüedad de 265 a 400 mil pesos. El acuerdo fue celebrado por el oficialismo y aceptado por los gremios Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) y el Sindicato de Docentes de la Educación Pública de Gestión Privada de Misiones (SIDEPP), que forman parte de CTERA-CTA . Sin embargo muchos de los propios afiliados a dichas organizaciones, los otros tres gremios docentes de la CGT (Semab-CEA, UDA-Amet y Sadop), y los docentes auto convocados, rechazaron la propuesta.
Como respuesta a dicho acuerdo ilegítimo los trabajadores dispusieron un paro de 72 horas, que resultó en un acatamiento de casi el 70% en el sector público, movilizaciones masivas para visibilizar la situación y una serie de cortes de las rutas nacionales N°12 y 14°. El principal punto de encuentro se ubica sobre la ruta Nº 12, a la altura del puente de Garupá, donde permanecen hace varias jornadas. Allí sumaron a otros gremios y a la comunidad local que se convoca cada día para brindarles apoyo con bocinazos y abrazos, y acercarles donaciones, alimentos, frazadas y colchones . Además se realizaron cortes en diferentes puntos de las localidades de Eldorado, Puerto Libertad, Puerto Iguazú y Oberá, donde se liberaba el tránsito para ambulancias y emergencias.
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Pero lo que inició como un reclamo sectorial docente se fue transformando en otra cosa y el punto de inflexión en este proceso político, que logró romper el blindaje mediático e instalar el conflicto en la agenda pública, fue el accionar de la policía provincial que se sumó a la huelga a fines de la semana pasada por el aumento de sus honorarios, desistiendo incluso de utilizar métodos de represión en contra sus coprovincianos. Para ello organizó un gran acampe frente a la División Comando Radioeléctrico I, sobre la avenida Uruguay en la ciudad de Posadas, en medio de tensiones por el operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis de Patricia Bullrich que incluyo el envío de miembros de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, y las posibles sanciones en contra del personal que se sumó a la protesta.
Rápidamente se multiplicaron los piquetes, cacerolazos y ollas populares, con participación de policías retirados, penitenciarios y familiares de efectivos. Para evitar la escalada de conflicto el gobierno provincial gestionó una mesa de negociación en la Jefatura de Policía dondeconcretó una oferte irrisoria de entre el 20 y 25% de aumento, cifra que no llega a cubrir el 100% que reclamanlos policías. Ramón Amarilla, uno de los voceros de la fuerza, adelantó que no aceptarán ningún acuerdo “por debajo de la línea de pobreza” y continuarán con la protestade forma indefinida “hasta las últimas consecuencias”.
El ultimo miércoles fueron los trabajadores de la salud quienes, en medio de las escalada del conflicto con el gobierno de la Renovación por su situación salarial, tomaron la sede de la cartera sanitaria local, ubicada entre las calles Tucumán y Junín de Posadas, acompañados por docentes y policías. La multitudinaria gesta se trató de un acto en repudio a la firma de un aumento del 28% que se gestó a escondidas entre el ministro Héctor González y los gremios UPCN y las seccionales de ATE correspondientes a Posadas, San Pedro, Zona Sur. Las acciones directas de protesta se reprodujeron en varias instituciones, hospitales y centros de atención de la provincia, donde además denuncian el estado de deterioro y abandono de la salud pública, y la falta de insumos y elementos básicos para garantizar el servicio.
En una carta abierta del grupo de salud del Hospital Provincial de Pediatría de Posadas Misiones los trabajadores advierten que resulta “imperativo que se entienda la gravedad de la situación” a la que caracterizan como “una crisis sanitaria sin precedentes, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de nuestras familias para cuidar y proteger a la comunidad”. En relación a los aumentos otorgados en lo que va del año que en suma representan un 36% destacan que ese incremento está muy por debajo del aumento del costo de vida: “la situación se torna aún más crítica cuando consideramos que nuestras necesidades básicas, como la alimentación, se vuelven cada vez más difíciles de cubrir con nuestros salarios actuales”. Es por ello que exigen “a las autoridades pertinentes a tomar medidas concretas y efectivas para garantizar que el personal de salud reciba el reconocimiento y la compensación justa que merece”.
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“Misiones logra visibilizar lo que pasa en lo más profundo del país”
Esteban Lafont es maestro de primaria de Salto Encantado, un municipio en el departamento misionero de Cainguás, bastante alejado de la capital provincial. El último martes participó, junto a otros docentes y trabajadores del Estado, de un corte y una gran movilización en el puente de Garupá, sobre la Ruta Nacional N°12, y celebra el apoyo que reciben a diario de los vecinos y la comunidad en general. “Hay docentes de la zona que viajaron a Posadas, pero a nosotros un viaje nos sale casi 40 mil pesos. Por eso decidimos como asamblea zonal de las localidades vecinas hacer una marcha hasta el consejo escolar y marchamos casi 600 personas por la ruta”, relata. Acerca de la oferta salarial además de considerarla insuficiente, entiende que se realizó de forma ilegitima, sin el consentimiento de la base de los afiliados de los mismos sindicatos: “La calle está demostrando que esos acuerdos no se pueden cerrar a espaldas de los trabajadores”.
“Acá el reclamo lo empezó el sector docente hace tres semanas, porque tiene algunas características, como los derechos adquiridos, que nos permiten tomar medidas de fuerza. Después siguió el sector salud, se sumó la policía con su reclamo salarial, y ese fue un punto de inflexión. Yo creo que es un despertar en la lucha por una salario digno de todos los sectores, y el poder política tendrá que recoger el guante y ver por dónde empieza a generar mejores condiciones para el pueblo trabajador”, explica Lafont y hace un recorrido cronológico de cómo se construyó la lucha durante las últimas semanas que terminó incluso con la incorporación de nuevos sectores de la administración pública, como guardaparques nacionales o ambulancieros, y colonos yerbateros, que reclaman por el precio del kilo de yerba y la apertura de importación desde Brasil y Paraguay.
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“Esto se tuerce haciendo respetar nuestros derechos. Existe una falta de respuesta desde la política a toda esta situación que afecta a los trabajadores, sectores productivos y de la administración pública. Y eso incluye también a quienes hoy no están ni siquiera pudiendo salir a reclamar, que son los sectores más castigados, los informales. No tenemos mucho más para perder – advierte - Creo que hoy Misiones está siendo ejemplo, logra visibilizar lo que pasa en lo más profundo del país y nacionalizar el conflicto”.
El docente cuestiona la respuesta política de los dirigentes locales alineada con los intereses del gobierno nacional, teniendo en cuenta que los legisladores acompañaron todos la Ley de bases, por ejemplo: “La dirigencia tiene que escuchar y tomar medidas suficientes, tanto a nivel nacional como provincial, tendrán que buscar los medios para escuchar estas demandas sentidas”. La falta de lectura se evidencia por ejemplo en el Comité de Crisis convocado por la ministra Bullrich que “no le cayó bien a nadie”: “El llamado del gobernador para reestablecer el orden y esto de querer venir a intervenir es tirar el problema para afuera. Hoy la política está muy lejos de resolver los problemas del pueblo. Ni la intervención ni la represión sirven, necesitamos otras respuestas. Los docentes queremos estar en el aula dando clases, no en la ruta chupando frío”.
“Misiones está siendo el foco de resistencia del país en este momento”
En la Localidad 2 de Mayo, en la intersección de la Ruta Nacional N° 14 y la Provincial N° 11, vive Tatiana Echaguequien trabaja como docente terciaria. “Hoy Misiones tiene el salario docente más bajo en la historia de la provincia, y el salario más bajo del país, porque hoy con un cargo ganas $ 250 mil pesos, que es la realidad del 65% de los y lasdocentes” - revela Tatiana quien participó durante varias jornadas en los cortes de ruta de su localidad. Tati tiene dos hijos, vive con su pareja,n y como a muchos otros, no le alcanza el salario para cubrir los gastos de su familia: “ambos trabajamos, nos deslomamos y no estamos llegando al 15 del mes con dinero. La escalada de los precios se ve y se siente. Hoy hay docentes en situación de indigencia”.
Echague destaca el devenir del proceso vivido por el cual el reclamo paso de ser un tema del sector docente para sumar a la policía, los guardaparques provinciales, tabacaleros, o yerbateros: “La articulación entre los diferentes sectores y el nivel de organización popular es algo que se viene gestando hace muchos años, pero nunca se vio una situación así, una marcha de las dimensiones que se vio esta semana. Fue impresionante. Creo que Misiones está siendo el foco de resistencia del país en este momento y encima con el acompañamiento de la sociedad civil. Es impresionante cuando estamos en los cortes de ruta, los camioneros nos mandan mensajes diciendo ‘muchachos los re bancamos’”.
“El común denominador con la policía es el salario de miseria”
Jorge “Koki” Duarte es enfermero universitario y trabaja en Hospital SAMIC de Oberá, un departamento ubicado al sureste de la provincia. Viene participando desde el 18 de abril de los paros convocados por el sector de salud y el último miércoles estuvo en la toma pacífica del edificio de la cartera sanitaria en Posadas, en señal de disconformidad con el arreglo salarial que se cerró a espaldas de los trabajadores y afiliados, pero también a las malas condiciones en las que se encunetan los 45 hospitales provinciales. “El sueldo promedio de un enfermero universitario es de $ 480 mil, con 30 horas semanales, y puede pasar los 500 si tiene varios años de antigüedad. Y con médico no hay tanta diferencia, cobran cerca de 500 mil y con el aumento que se aprobó, pasa a 660. Pero sigue estando por debajo de la canasta básica”
Además Koki denuncia otras problemáticas que afectan al sector como la faltante de insumos básicos: repelentes para prevenir el dengue, reactivos, antibióticos, anti inflamatorios, etc, . “Esto está dificultando la atención de la demanda, porque el ajuste recae sobre la gente. Somos 1,2 millones de misioneros, de los cuales el 60% no tiene cobertura social, y esos trabajadores van al Hospital Público”. Asimismo explica que actualmente el modelo vigente registra una serie de puntos que trasgreden las normas legales del régimen laboral de los trabajadores de la salud como es el pase a planta permanente de quienes están contratados, que son cerca de 3 mil: “El acuerdo en un punto dice que los gremios elevarán una nómina de los trabajadores en condiciones de pasar a planta. Pero eso trasgrede la ley que dice que después de 2 años de contratado Tenes el derecho a la estabilidad. Ningún sindicato puede elevar nómina, porque sería un proceso extorsivo”.
Paralelamente denuncia la existencia de un subsistema de salud provincial, semi privatizados, denominado Parque de la salud que contempla el funcionamiento de 4 instituciones: el Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga, el Hospital Materno Neonatal, el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI), y Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro. En ese circuito, manejado por la fundación de Carlos Rovira, se calcula que existen al menos 6 mil trabajadores contratados que padecen inestabilidad y violencia laboral: “Misiones es la única provincia que tiene esos dos andamiajes dentro del sistema de salud pública. Y en el Parque los trabajadores son excluidos de la pauta salarial en las actas. Es un sistema enfocado a una atención de determinado sector de la comunidad que tiene pre paga o cobertura especial, y esta manejado por una fundación, por fuera del control del propio estado”.
“Nosotros mantenemos contacto con trabajadores de las provincias cercanas y ya están diagramando alguna actividad de acción directa. Esto que pasa en Misiones se va a contagiar porque la situación salarial de los trabajadores del Estado es muy precaria, sobre todo en el norte del país, no permite cubrir los gastos de una familia y más con el aumento de los servicios de agua, energía, internet, alquileres – manifiesta el enfermero - Y en frente tenes un gobernador que no da la cara, no da respuesta y no estáintentando un acercamiento de las partes. A la toma vino una delegación de policías que está acampando a unas cuadras a solidarizarse. El común denominador con la policía es el salario de miseria, porque hoy un agente de policía percibe $ 400 mil de sueldo. Todos los trabajadores están dispuestos a permanecer hasta que aparezca una resolución”.
“La respuesta del Comité de Crisis de Bullrich puso al pobre contra el pobre”
Javier Báez es guardaparque y, si bien actualmente está con licencia, su último lugar de trabajo fue el Parque Nacional Caá Yarí, un área natural protegida que abarca parte de los departamentos Guaraní y San Pedro. El sector al que pertenece fue de los primeros en sumarse a la lucha colectiva y los cortes de ruta junto a docentes, policías, profesionales de la Salud, y judiciales. Casi la mitad de los 110 guardaparques de la provincia viajaron desde diferentes puntos para sumarse al acampe que se dispuso el lunes frente al Comando Radioléctrico I de la ciudad de Posadas. Es que su realidad es muy similar a la de cualquier otro empleado estatal. Actualmente el salario básico que perciben es de $ 400 mil, mientras que con la máxima categoría y 30 años de antigüedad puede llegar a 600 mil, y sigue sin alcanzar a cubrir los gastos de una canasta básica. El martes, luego de una protesta frente al Ministerio de Ecología, fueron convocados por las autoridades a una mesa técnica para el próximo 29 de mayo donde se discutirá la recomposición salarial.
“En la provincia lo servicios son muy caros, comer es muy caro, por eso el pueblo se está revelando. La energía, el agua, muy pocos empleados están comprando productos electrónicos – explica el Secretario General de ATE Seccional San Pedro – por eso hoy los diferentes sectores madereros, yerbateros, tabacaleros, que sienten la presión económica, empezaron a solidarizarse. Hoy la gente cruza a Brasil a comprar cerdo, huevos, comida, combustible. Hay comerciantes que no pueden pagar el alquiler, echan empleados. La cuestión económica es mucho más profunda que el comercio libre, por lo menos en las provincias chicas como la nuestra donde la gente no tiene tantas oportunidades”.
En medio de la crisis social y el crecimiento de la conflictividad, a pedido de la provincia, la ministra Patricia Bullrich decidió enviar un Comité encabezado por la Gendarmería, prefectos y efectivos de la Policía Federal para desalojar las protesta. Pero además porque desde la cartera nacional de Seguridad temen un efecto contagio en otras provincias. “La respuesta del Comité de Crisis de Bullrich fue bastante deprimente, puso al pobre contra el pobre. Nosotros con nuestra organización repudiamos el protocolo, y la escena de enfrentar a un gendarme o un prefecturianocon la policía, sabiendo la diferencia de sueldo que hay. Porque una cosa que hizo bien el gobierno nacional fue subirle el sueldo a las fuerzas federales para tenerlos a tonos con la represión”.
“Detrás de los uniformes, de los guardapolvos y las chaquetillas hay seres humanos totalmente humillados y hambreados”
Jorge Romero es profesor de Secundaria e Integrante del FTEL (Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha), de Posadas. Detalla que desde hace meses la situación de los docentes es desastrosa ya que es la provincia que peor paga de las 24 jurisdicciones. “Los nuestros son sueldos de indigencia. Hoy muchos colegas docentes deben dedicarse a otras cosas, changuear como se dice en la jerga, para poder sobrevivir”, subraya con angustia.
El trabajador de la educación analiza que el conflicto escaló porque la situación económica es “una olla a presión”, aunque identifica que el hecho catalizador fue el reclamo de su gremio, históricamente politizado, que logró motorizar a otros sectores como la policía a sumarse. “Nos une la desgracia, la miseria. La articulación que se ha creado aún es incipiente y coyuntural. El caso de la policía es algo inédito, porque arrastramos una larga historia particular de represiones y sabemos que eso en el futuro no cambiará, pero ahora es innegable que en este momento detrás de los uniformes, de los guardapolvos y las chaquetillas hay seres humanos totalmente humillados y hambreados”. Además destaca que como nunca antes la sociedad ha mostrado un fuerte respaldo a la lucha de múltiples formas: “desde la bocina, los saludos o las aplausos en una marcha, hasta las donaciones que nos llegan. Y en las redes sociales, el pueblo misionero de expresa permanentemente a favor de la lucha y repudia al gobierno”.
Luego del rechazo de una parte importante del sector docente a la oferta salarial del Gobernador, la respuesta oficial fue el ninguneo y las amenazas para reestabecer el orden. “El gobierno provincial es obtuso, cosa que se combina con la lógica de garrote del gobierno nacional, y se transforma en un combo explosivo. El Comité de Seguridad de Bullrich expone las complicidades que existen entre gobierno nacional y el provincial. Es realmente inaceptable porque le otorgan carácter de asunto de seguridad interior a algo que es estrictamente salarial. El gobierno nacional utiliza este mecanismo como laboratorio para aplicarlo en otros casos, mientras nosotros decimos ‘fuera las fuerzas federales, abajo el comité de seguridad’.
“Este Misionerazo ya está prendiendo en Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán”
A Juan Carlos Benítez le dicen “el yaguareté misionero” porque es un referente histórico que ha defendido durante décadas el sistema de salud pública provincial. Es licenciado en enfermería y secretario general de Sindicato Unión de Trabajadores y Agentes Asistenciales de la Salud (S.U.T.A.A.S.), e Integrante del Concejo directivo de la CGT Misiones. Actualmente trabaja en atención primaria de la salud, en la CAPS 15, de la localidad de Alta Gracia, Posadas. El gremio que representa rechazó el aumento salarial del 28% firmado la última semana por el gobierno sin el apoyo de las bases, pero no se sumó a la toma del Ministerio de salud provincial. Su postura política es la de permanecer en el acampe, de varias cuadras consecutivassobre la Avenida Uruguay, junto a los compañeros de diversos sectores como la policía, docentes, guardaparques, judiciales, etc.
La situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia es de extrema gravedad. La propuesta del oficialismo se limitó a llevar a 450 mil pesos la categoría más baja, pero aquello no implica elevar los sueldos a la canasta básica que hoy es de 830 mil pesos. En ese sentido Juan Carlos cuenta que muchos trabajadores y profesionales de la salud no tienen plata para pagar el transporte público por lo que van caminando a trabajar, otros están yéndose a buscar oportunidades a Brasil, y algunos están volviendo a sus lugares de origen para vivir con sus padres.
El dirigente gremial entiende que, a diferencia de otros momentos históricos, la sociedad misionera ha empezado a reaccionar a las políticas y se va uniendo a los reclamos: “La gente no se animaba a salir a pedir aumento. Ahora la sociedad civil se está uniendo al reclamo, pero antes estaban todos callados. Los jubilados están muy mal, yo trabajo en un centro de salud donde vienen a buscarme y me piden ayuda, hasta personas con cáncer que se les cortó la medicación. Hoy la comunidad está pasando hambre, los comedores no tienen mercadería. La sociedad está saliendo, están convocándose en las plazas de los barrios. Esta semana he visto cantidad de comunidades organizadas que se acercan a los acampes, nos traen donaciones, lo poco que tienen, colchones, frazadas para los miles que se quedan a dormir con este frío. Hasta algunas empresas están trayendo donaciones para las ollas populares que se están cocinando”.
“Hasta que nos den lo que nos tienen que dar no nos vamos a mover. Estamos en un abandono total del Estado, salvo para el garrote y el palo. De hecho está corriendo fuerte el rumor de una posible intervención de la provincia, si el gobierno no soluciona el conflicto – denuncia Juan Carlos – Pero este Misionerazo ya está prendiendo en Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, La Plata, Jujuy. Los enfermeros y sindicatos de salud me están llamando de varias provincias y van a empezar los paros en todo el país”.
“Los pibes van a la escuela para comer”
En Panambí, una localidad ubicada al sur del departamento Oberá, en la Frontera con Brasil, Leandro Sánchez trabaja como maestro y da clases en una escuela primaria conjornada Completa. Además forma parte de la organización Autoconvocados Misiones que participó activamente de los cortes de ruta y acampes durante las últimas semanas, y se opone al acuerdo salarial de 24% establecido entre el gobierno y el gremio mayoritario. “Nosotros pedimos el 100%. En la reunión tampoco se habló de la reparación en las escuelas, tenemos las obras paradas desde noviembre, y quedaron afuera los jubilados y el reclamo por loscomedores, porque están mandando $ 220 por día por alumno para desayuno y almuerzo – expresa el docente y agrega - ayer me comentaba una maestra que los alumnos se fueron a comer a la casa y cuando vuelven a la tarde, comosospechó lo peor, les preguntó ‘qué comieron en la casa”. Ellos le dijeron que ‘pan y agua’. En nuestro país 7 de cada 10 niños son pobres y Misiones no escapa a eso, los pibes van a la escuela para comer”.
En Posadas, en el marco de las jornadas de lucha, se agruparon productores yerbateros de diversos puntos de la provincia quienes realizaron movilizaciones y concentraciones en la rotonda de Avenida Uruguay y sobre la Ruta 12, para visibilizar la problemática de su sector, perjudicado por la importación de materia prima con tasas impositivas diferenciadas, y reclamar medidas al Gobierno nacional. “Vivimos en una provincia donde los cultivos más importantes están en crisis. El té está totalmente desregulado y en muchos lados directamente ya no se cosecha porque no conviene, no vale nada. La yerba estaba regulada pero al perder importancia el INYM, al no fijarse el precio, corren las leyes del mercado, y solo se benefician los grande yerbateros. Están trayendo Yerba de Paraguay y de Brasil para poder vender y quedarse con todo. Si esos cultivos, que son los que mueven la rueda de la economía regional,funcionan mal y el estado paga menos salarios eso se traduce en el hambre de los gurises”.
Leandro celebra que lo acontecido durante las últimas semanas con diferentes sectores sociales se haya ganado el apoyo popular y un lugar en la agenda política nacional: “Cuando cortamos la ruta los camioneros nos tocan bocina, la gente nos grita ‘Fuerza’. Eso significa el apoyo de la población. Lo de la policía fue una explosión, porque nosotros venimos reclamando desde febrero y ahora estamos en la calle porque no nos queda otra, pero la salida da la policía a la calle nos dio un impulso muy importante. Es posible que haya un efecto contagio en otras provincias, por eso desde Nación mandaron a la Gendarmería para sacarnos”.
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