Micaela era una militante del Movimiento Evita y parte del Colectivo Ni Una Menos. Ella decía: “No vamos a cambiar el mundo si le damos un sueño a un niño de bajos recursos, pero sí le vamos a cambiar la visión del mundo a ese niño, y eso ya es cambiar el mundo”. Tenía 21 años. El 1 de abril de 2017 fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía libertad condicional y que estaba preso por abuso sexual.
Un día antes de matar a Micaela, el padre de una menor había querido denunciarlo por abuso sexual, pero nunca le tomaron la denuncia. “Estas falencias pusieron en evidencia la falta de formación en perspectiva de género de los agentes estatales que en realidad venían ocurriendo desde hacía tiempo”, explica la abogada Coronel, miembro de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, en su artículo de la revista Pensamiento Penal.
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Fueron las diputadas Rach Quiroga (Frente para la Victoria) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) quienes presentaron dos proyectos de ley. La violencia de género ocupaba la agenda mediática y política: en diciembre del año anterior, Thelma Fardín había denunciado a Juan Darthés por abuso sexual, y días antes se había conocido el fallo escandaloso por el femicidio de Lucía Pérez, un fallo sin perspectiva de género y con una estigmatización constante por parte de los jueces sobre la vida de la víctima. Por estos hechos, consideraron que la repercusión mediática y en el movimiento feminista fueron un disparador para aprobación de la ley.
La ley Micaela fue promulgada en el año 2019. En ella, se establece que la capacitación de género es obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, desde quienes trabajan en limpieza, en administración, hasta personal en el nivel más alto de toma de decisiones.
Los efectos de la ley
Cuatro años después, a modo de balance, Sofía Caravelos, integrante de la comisión de Género e Igualdad de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, contó en diálogo con El Destape que "fueron muy fuertes las primeras veces que iban los funcionarios a capacitarse". Para la profesional, sin embargo, existen ciertas dificultades: "Terminan siendo capacitaciones de sensibilización vinculadas más que nada a la violencia y no a profundizar la relación entre esa situación de discriminación con el ejercicio mismo del servicio de Justicia”, explicó.
Caravelos es también abogada asesora en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y como abogada independiente acompaña casos de mujeres que sufren abusos y violencias. Desde su rol, da cuenta de cómo avanza la capacitación Micaela: “El feminismo ha logrado un lugar de lo que es políticamente correcto a partir de antecedentes que van desde el caso de Lucía Pérez hasta el Ni Una Menos. Todo eso hace que quizás se cuiden un poco más los magistrados y magistradas en qué es lo que expresan en sus resoluciones”, explica.
En referencia a los efectos de la ley, desde la Dirección Nacional de Formación y Capacitación en Género y Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación consideraron que “los motivos que movilizan una sentencia o una decisión institucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo son causa de múltiples factores y no sería posible establecer una relación causal directa de que estas adopten una perspectiva de género y diversidad a partir de la capacitación en Ley Micaela".
Los números
Desde la sanción de la ley a la fecha, se registraron más de 220 mil agentes y autoridades capacitadas en Ley Micaela, pertenecientes a los tres poderes del Estado a nivel nacional. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) de la Nación indica que 229.627 autoridades y agentes fueron capacitadxs y sensibilizadxs desde diciembre 2019 a diciembre de 2022.
La mayoría son parte del Poder Ejecutivo (183.693), luego el Poder Judicial (37.762) -Corte Suprema de Justicia de la Nación y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura- y muy por debajo el Poder Legislativo (4.833) y la Administración de Justicia (3.339) -Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa-.
¿Cómo saber si esto impacta en las decisiones judiciales, legislativas y ejecutivas? A pesar de que no haya una forma cuantitativa de medir el impacto directo de esta ley, la especialista Sofía Caravelos insiste en que se trata de una práctica inclaudicable: “No importa si está teniendo efecto o no, tenemos que seguir existiendo con eso. Buscarle la vuelta para actualizar la Ley Micaela, porque no basta un solo curso, se debería acreditar todos los años”.
Según explicaron a El Destape desde el MMGyD, en 2020 se realizaron las rondas de intercambio de experiencias en Ley Micaela, “con el objetivo de promover el intercambio de estrategias en el proceso de implementación entre los organismos que están desarrollando o en proceso de llevar adelante la capacitación en Ley Micaela para sus agentes”.
Allí, encontraron una “paulatina desnaturalización de prácticas históricas que hablan de diferentes tipos de violencias, desigualdad y discriminación sufridas por mujeres y LGBTI+, tanto en el espacio laboral como en su vida personal, producto de las temáticas abordadas, a lo largo de la formación”.
Para la abogada María Cecilia Coronel, la ley es un avance, pero se pregunta, en el artículo citado anteriormente, si es suficiente: “Las capacitaciones obligatorias de los 3 poderes del Estado se llevaron adelante y eso es realmente positivo. Si bien hay que seguir avanzando y profundizando, la implementación de la ley contribuyó a visibilizar la problemática y a fortalecer el diseño de protocolos específicos en materia de violencias que ya se venían produciendo a partir del 2015”.
Lo cierto es que, además de la existencia de la capacitación, existen otros procesos previos que son necesarios atender: “Pese a su implementación, todavía no se han logrado disminuir los números de femicidios ni los casos por razones de violencia. Con la capacitación en género se tiende a obtener que tanto los legisladores, como quienes integran el Poder Judicial, tengan perspectiva de género, pero lo cierto es que el sistema de justicia, y, sobre todo, el sistema penal, interviene cuando todo lo demás ya ha fracasado y, en la mayoría de las veces, ya es tarde”.
La sanción: un antes y un después
El día 18 de diciembre el papá y la mamá de Micaela García estuvieron presentes en la Cámara de Diputados de la Nación. También la familia de Lucía Pérez. Ese día se sancionó la ley con 171 votos afirmativos, 1 voto negativo; 84 diputadas y diputados estuvieron ausentes.
Al día siguiente se convertiría en ley luego de su debate y aprobación en el Senado, con 59 votos afirmativos y 13 senadores/as ausentes. El Poder Ejecutivo promulgó la ley el 9 de enero de 2019 a través del decreto N°38/19.
El órgano de aplicación fue el Instituto Nacional de las Mujeres, que luego fue absorbido por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Tiene la obligación de publicar en su página web el grado de cumplimiento de la ley. Hasta ahora están disponibles los informes de 2020 y 2021.
Luego de su sanción, todas las provincias fueron adhiriendo una a una a la ley. La última fue Tucumán, en el año 2020.
“Mica ha trascendido mucho más por la manera en que eligió vivir que por la manera en que le quitaron la vida”, dice su papá, Néstor “Yuyo” García. Junto con Andrea Lescano, madre de Micaela, crearon una fundación que lleva su nombre, con el objetivo de cambiar el mundo como ella quería. La ley es, en parte, un paso hacia eso.
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