La Argentina de Milei: el reality de la crueldad

La Argentina de Milei funciona como un reality show de la crueldad. La operatoria es la misma cada semana: el gobierno nacional anuncia una serie de nuevas medidas contra un sector en particular, al tiempo que pone en marcha negociaciones políticas y operaciones mediáticas con el objetivo de limar el apoyo y evitar una posible reacción social. Como en la lógica del mencionado juego, los jugadores van cayendo uno tras otro, mujeres, personas con discapacidad, enfermos crónicos, docentes, personas LGBT+, jubilados y pensionados, artistas, personal de salud, extranjeros. Pareciera que los únicos que tienen asegurada la vida son los que pertenecen a sectores rentables o brindan la productividad necesaria para garantizar la acumulación de capital: la agroindustria, el sector financiero, hidrocarburos, minería y los aliados del poder.

Todo ocurre ante una audiencia de millones de personas atadas a la hipnosis de las pantallas, que consumen el show del hambre casi inmóviles y en muchos casos gozan con el morbo del sufrimiento ajeno. Uno de los grandes triunfos políticos del gobierno es la segmentación de los reclamos y la fragmentación del campo popular que parece no lograr coordinar o no saber cómo encarar la resistencia popular en medio del vértigo y la velocidad del ajuste.

Como en todo reality, desde Gran Hermano hasta Expedición Robinson, los jugadores de la realidad argentina deben poner en marcha estrategias, individuales y grupales, para superar los desafíos, dificultades e incomodidades, en muchos casos con exigencias extremas que implican desgaste emocional y físico. Las condiciones que impone la dinámica competitiva del Gran Hermano, que todo lo ve, van desde pasar hambre o no poder dormir, hasta la normalización de la violencia y la lucha descarnada. Cada “decisión” se toma en pos de pelear por la permanencia, luchar por su vida, corriendo todo el tiempo los límites, aunque eso implique pisar al compatriota o la pérdida de la propia dignidad. Los productores y el público, sedientos de escándalo, premiaran a las personas que están dispuestos a todo con tal de ganar la contienda hundiendo al de al lado.

Según la mirada libertaria del mundo capitalista, esta competencia se materializa en la supervivencia del más apto, sin importar que ello genere la ruptura del lazo social y la indiferencia por el otro. El propio Presidente Javier Milei lo adelantó al principio de su mandato en una conferencia en la universidad de Stanford, Estados Unidos, cuando le preguntaron por la falta de entrega de los alimentos en medio de una brutal crisis económica y alimentaria: "Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver".

Byung Chul Han explica, en su trabajo Psicopolítica donde analiza las nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal que convierte la esfera de la psique en su mayor fuerza de producción, que el poder disciplinario es interiorizado al punto que el sujeto lo utiliza contra sí mismo. Lo que se consolida es un modelo de sociedad de control donde cada uno es impulsado a “ser yo mismo”, auténtico, audaz, “libre”. Por esta razón la educación está centrada en el desarrollo de competencias y el sujeto libre pasa a ser capital humano. Un nuevo tipo de totalitarismo que de consolidarse podría ser más fuerte que los fascismos del siglo XX.

Esta semana el golpe le volvió a tocar a los jubilados, el sector hasta ahora más perjudicado por el ajuste fiscal, por medio del anuncio del gobierno de recortar nuevamente la entrega gratuita de medicamentos a los afiliados del PAMI en el marco de una “gestión planificada y eficiente”. Desde ahora en adelante, el derecho a la cobertura 100% será únicamente para quienes cobren hasta un haber mínimo y medio, cifra que roza los 400 mil pesos por mes, y hasta cinco medicamentos. Pero además para obtener el beneficio de la mutual deberán acceder a un "subsidio social" a través de la realización de un trámite complejo de reempadronamiento que hasta ahora no era requerido. A esto se suma el amedrentamiento de las fuerzas policiales que avanzaron apenas los jubilados intentaron movilizarse y reclamar frente a las oficinas de la obra social en Buenos Aires para exigir su “inmediata restitución”.

Ante este panorama, el diputado salteño de la Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle, en diálogo con Ari Lijalad en El Destape Radio no solamente minimizó la gravedad que implica para un jubilado con enfermedades crónicas la falta de acceso a los medicamentos, sino que instó a las personas a buscar otras soluciones: "No creo que los jubilados se mueran por esto. Esa persona puede tener parientes o gente que la pueda ayudar. No es para tanto", dijo el libertario casi provocando a las víctimas del ajuste a tener que buscar estrategias de supervivencia. Ovalle justificó la medida desde una mirada estrictamente fiscal, dando a entender que hay vidas sacrificables, extinguibles, con tal de defender la meta del déficit cero, aparentemente atractiva para los grandes inversores.

Las imágenes de la crueldad que chocan con el relato oficial no se hicieron esperar: el jueves, en medio de la incertidumbre y la desesperación, un jubilado se roció con combustible e intentó prenderse fuego frente a la sede central de PAMI en la ciudad de Córdoba. En la misma ciudad en un móvil televisivo en vivo, un periodista terminó llorando junto a un jubilado que relataba cómo el gobierno lo había dejado sin medicación para su diabetes: “Me faltan los medicamentos para la diabetes y para todo. Les pregunto y te tratan mal... nos tratan como perros - expresó mientras mostraba el trámite que había hecho -No tengo a nadie que me ayude”.

Varias preguntas surgen en este contexto: ¿Qué debería hacer un jubilado para sobrevivir? ¿Quiénes tienen hoy derecho a una existencia digna? ¿Quiénes son los que deciden la frontera entre los que se salvan y los que mueren? ¿Cuánto vale una vida para LLA? ¿Hasta dónde quiere empujarnos?

Quién debe vivir, quién morir, y en nombre de qué, y la manera concreta en que se trata a individuos y grupos sociales, y la moral en cuyo nombre se aplica, con las desigualdades que implica, es una cuestión política. El sanitarista, sociólogo y antropólogo Didier Fassin se refiere a la “biolegitimidad”, entendida como legitimidad del derecho a la vida, desde la centralidad que adquiere el “derecho a la vida” dentro de la concepción de los Derechos Humanos. “En otras palabras, ‘hacer vivir’ también es ‘arrojar a la muerte’, ya sea en la práctica, como consecuencia de la indiferencia de los planificadores de políticas hacia ciertos grupos poblacionales, o desde un punto de vista intelectual, como resultado de no medir los efectos de dichas políticas”, explica.

Y la respuesta la encontramos en la política programática cotidiana del gobierno, pero también en la teoría. Friedrich Hayek, un economista de la Escuela Austriaca y faro intelectual de La Libertad Avanza, habla sobre la población “carente de valor”, ya que cualquier tarea, trabajo o individuo que no genere aportes a la acumulación del capital carece, según dicha visión, de valoración social. Esa teoría además oculta que todo el trabajo del cuidado o reproductivo es fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo, o sea para la acumulación de capital y es trabajo no pago. El paradigma libertario considera que “el hombre es un ser del y para el mercado”: la vida humana no tiene valor en sí misma, sino que el valor de cualquier individuo es otorgado por el mercado. Desde la mirada libertaria entonces no existe el derecho a la vida per se, y los seres “económicamente inútiles” no merecen vivir, son, según este punto de vista, seres “carentes de valor”, extinguibles.